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Amnistía Internacional: críticas en Cuba se silencian con represalias laborales


Amnistía Internacional afirma que Cuba "es una prisión mental"
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Amnistía Internacional afirma que Cuba "es una prisión mental"

La entidad vigilante de los derechos humanos elaboró un informe sobre los mecanismos de control de la libre expresión en la isla entrevistando a migrantes cubanos que se desempeñaban en la isla en ocupaciones diversas como maestro, deportista o camarero.

El sector laboral en Cuba, donde el Gobierno ejerce como el empleador mayoritario, es utilizado como una herramienta de "represión" destinada a "silenciar" a aquellos que son considerados críticos con las autoridades, revela Amnistía Internacional (AI).

Portada del informe sobre Cuba de Amnistía Internacional.
Portada del informe sobre Cuba de Amnistía Internacional.

El informe, divulgado este jueves bajo el título "Es una prisión mental", Cuba: mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidantes en la vida cotidiana, recopila casos de cubanos "expulsados, despedidos de forma discriminatoria o indebidamente" de sus empleos estatales "por haber expresado una opinión", dijo a la agencia Efe Louise Tillotson, investigadora sobre la isla de AI.

Como Cuba es el único país del área que no permite visitas de Amnistía, la organización hizo su investigación mediante más de 60 entrevistas en profundidad a migrantes cubanos en la frontera norte y sur de México.

Los entrevistados, con edades que oscilan entre los 19 y los 65 años, abarcan un "amplio rango" de profesiones, entre ellas maestros, académicos, deportistas y camareros.

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La investigadora comenta que uno de los aspectos destacados del informe es que los que sufren el "hostigamiento" no son necesariamente quienes "obviamente son opositores del Gobierno", sino que afecta a aquellos que realizan una crítica mucho más "sutil".

Por ejemplo, un ingeniero fue despedido por llevar una pulsera con la palabra "cambio"; un trabajador social que se quejó de falta de recursos fue expulsado; y un camarero fue reprendido por no haber participado en la marcha del Día del Trabajo.

Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, advierte el reporte, que explora la manera en que décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales —incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia— se traducen en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al gobierno si quieren conservar su empleo.

“Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El gobierno cubano es el principal empleador del país: aproximadamente el 70% de los empleos disponibles están en el sector público. El gobierno también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.

La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, aproximadamente la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.

Por ejemplo, una mujer, ex empleada de un comercio, contó a Amnistía Internacional que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por “adquirir ilegalmente carne de res”, antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.

El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas “antisociales”. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren “potencialmente peligrosas para la sociedad” o con aquellas que constituyan una amenaza para “el orden social, económico y político del Estado socialista”.

“En Cuba todo es ilegal”, dijo un ex agente de la seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores y trabajadoras en el país.

Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que dimitir o abandonar el país. Una vez que te despiden de un empleo estatal por expresar una opinión crítica, resulta casi imposible encontrar otro empleo en el sector público.

La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que, cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales, después de haber sido despedidas de un empleo anterior, eran rechazadas; simplemente les decían: “no eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es confiable políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles empleadores daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.

Jorge Luis, campeón deportivo, contó que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su disciplina y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.

Según contó, le dieron 20 días para encontrar otro empleo, o de lo contrario, le dijo la policía, lo acusarían de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible encontrar otro empleo, ya que, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le decían que era un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, y decidió abandonar Cuba.

Quienes son expulsados de su empleo a causa de sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijo que el único sindicato legal, la Central de Trabajadores de Cuba, no los representaba, y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había apelado su despido en los tribunales, pues consideraban que éstos estaban bajo el control total del gobierno.

“¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo gobierno?”, dijo un hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía.

Pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito. Quienes tratan de abandonar el país son calificados de “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios”, y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

“El hecho de que las autoridades no hayan respetado los derechos humanos de la gente ha tenido un impacto que va mucho más allá de las personas que han sido blanco de acciones por su activismo, y se filtra en las experiencias y esperanzas cotidianas de personas de todos los sectores sociales” señaló Guevara-Rosas.

“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental.

Por su parte Louise Tillotson dijo a Efe que uno de los aspectos destacados del informe es que los que sufren el "hostigamiento" no son necesariamente quienes "obviamente son opositores del Gobierno", sino que afecta a aquellos que realizan una crítica mucho más "sutil".

Para la investigadora declarar a los trabajadores "no confiables" es una forma de decir que "ideológicamente estas personas ya no son aceptables".

Si una persona es despedida en esas circunstancias, prácticamente le es imposible encontrar otro trabajo en el sector estatal.

La percepción entre los cubanos de que los tribunales están claramente bajo el control del Ejecutivo va en la línea de denuncias previas de Amnistía sobre la falta de independencia del poder judicial en la isla, argumenta Tillotson.

No encontrar un trabajo "en muchos casos es un elemento importante para la salida de personas" del país, porque "no tienen una forma de sostener a sus familiares", apunta la investigadora.

A esto se le suma que los salarios en general son bajos –la media es de 29,6 dólares estadounidenses al mes según las últimas cifras oficiales- e insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

De acuerdo con la activista, aproximadamente la mitad de los migrantes cubanos que participaron en la elaboración del reporte reconocieron que en otra ocasión anterior trataron de salir de la isla sin éxito.

En el informe se observa que los últimos años han sido un período "agridulce" para "quienes confían en que las autoridades suavicen su política de puño de hierro con el que oprimen el derecho de la gente a la libertad de expresión y de reunión" en Cuba.

Tillotson menciona los que considera avances, como la luz verde a una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja o a la de la relatora especial de la ONU sobre la trata de personas.

"Para muchos, esto daba la esperanza de que (Cuba) empezara a abrirse a un mayor escrutinio internacional", aunque por otro lado, en la visita del expresidente de EEUU, Barack Obama, a la isla el pasado año, el presidente cubano, Raúl Castro, "siguió negando la presencia de presos políticos en Cuba".

Amnistía pide al Gobierno cubano que cese "las leyes y prácticas penales incompatibles con los derechos humanos y las normas internacionales" y que "deje de ejercer el poder que tienen sobre el sector laboral".

En sus recomendaciones, la organización también solicita que los trabajadores no estén obligados a participar en actividades progubernamentales, ni ser castigados por no involucrarse en ellas, y que se permita la inscripción de sindicatos independientes.

(Con información de Amnistía Internacional y EFE)

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