Cuba
Confiscan teléfonos y multan a periodistas que cubrían accidente de avión
Más de veinticuatro horas después de ser arrestados, la Seguridad del Estado liberó a los periodistas independientes Augusto César San Martín y Rudy Cabrera, detenidos la tarde del viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
San Martín dijo que las autoridades confiscados sus teléfonos y les impusieron una multa a cada uno simplemente por encontrarse entre las muchas personas que observaban la escena del fatal accidente del avión de pasajeros en el que murieron más de 100 personas.
San Martín se cuestionó la legalidad del arresto del que fueron víctimas. "Nos tuvieron poco más de 24 horas en la estación de Policía de Santiago de las Vegas sin causa ninguna", dijo el periodista a Martí Noticias.
En el lugar se encontraban más de mil personas, explicó San Martín, y agregó que en el momento de la detención no estaban realizando ninguna labor de reporteros, sino simplemente "observando".
FOTOGALERÍA: Imágenes del Accidente aéreo en Cuba (18/Mayo/2018)
Ambos periodistas fueron multados con $100 pesos por "transgredir los límites de seguridad", aunque se encontraban "en la avenida, donde estaban todas las personas", señaló San Martín.
El reportero independiente dijo que al principio los agentes intentaron acusarlos de "tergiversar la información", algo que, aseguró "no pueden demostrar".
Junto a los periodistas, las autoridades arrestaron a un hombre que vive a un kilómetro del lugar del accidente, y le confiscaron una tablet y el teléfono. Los agentes "pensaron que estaba con nosotros", indicó San Martín.
(Con reporte de Yolanda Huerga)
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“Si el mercado se reparte entre allegados al régimen, será complicado el desarrollo de Cuba”
La instalación de más compañías extranjeras en Cuba será difícil si, como han denunciado voces independientes, existen privilegios de militares y otros dirigentes del régimen en la creación de pequeñas y medianas empresas, advirtió en España el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE University.
“Si la liberalización económica no permite que las empresas extranjeras puedan operar en condiciones de libre mercado y, al final, el mercado se reparte entre allegados al régimen, será complicado [el desarrollo de Cuba]”, afirmó el experto en entrevista con Martí Noticias.
En su opinión, “el problema fundamental es que las empresas, en este caso españolas, puedan encontrar un entorno de libertad, una regulación favorable de protección de sus inversiones”.
“Sin eso, será verdaderamente complicado que cualquier reforma, por muy ambiciosa que sea —aunque tampoco lo parece—, pueda llegar a buen puerto”, aseguró Martínez Lázaro, uno de los autores del informe “Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica”.
La semana pasada, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, se reunió en España con empresarios de Madrid, Extremadura y Barcelona para “actualizarlos” sobre las “oportunidades que se abren en Cuba”.
En el caso de Madrid, el gobierno regional (Partido Popular) rechazó participar en el evento, debido a su posición crítica frente al régimen de La Habana, informó 14ymedio. En todos los encuentros se abordaron las “grandes oportunidades”, que, según Carricarte, se abren en sectores como agricultura, turismo y energías renovables.
“Cuba no se cree sus reformas”
A diferencia de las autoridades europeas, Martínez Lázaro relativiza la incidencia del título tres de la Ley Helms-Burton en la expansión de las inversiones extranjeras en Cuba, porque “no es el principal problema”.
“Es algo que siempre está ahí, que puede frenar para invertir en un determinado sector o proyecto, pero realmente el problema es otro. Es la falta de transparencia, de apertura y de reglas claras, y las limitaciones que se ponen”, explicó el experto.
En este sentido, dijo que, si el gobierno cubano “tuviera una voluntad clara de abrirse a la inversión extranjera, en todos los sectores, y de no estar controlando absolutamente todos los aspectos, seguramente la inversión iría llegando a la isla”.
“Cuba nunca se ha acabado de creer esas reformas”, aseguró.
Ante la denuncia de grupos de derechos humanos sobre esquemas de semi-esclavitud en el pago a los empleados de empresas españolas en Cuba, dijo no conocer el caso en detalle.
“Si lo están haciendo, es un auténtico error, que limita la posible llegada de inversión y también limita la elevación del nivel de vida de los ciudadanos. Si tienen salarios de miseria, el poder adquisitivo es muy bajo y poco van a poder consumir”, advirtió.
A principios de año, el informe “Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica” concluyó que Cuba, Argentina y Nicaragua serán los países con “la situación económica más complicada” en 2023.
Racismo institucional en Cuba, expuesto ante foro de las Naciones Unidas (VIDEO)
El tema del racismo institucional en Cuba fue expuesto este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos por el activista de origen cubano radicado en Bélgica Leo Juvier-Hendrickx.
En su intervención ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, Juvier-Hendrickx expresó que “aunque Cuba sigue declarando ante este foro su supuesta implementación del programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, en la isla todavía vemos que el fenómeno del odio racial continúa flagelando a la sociedad cubana”.
Según el activista cubano-belga, “ninguna de las metas delineadas en la Declaración de Durban" se han cumplido, ya que "en ningún momento la sociedad civil cubana libre e independiente ha jugado el papel fundamental que se necesita para poder llevar a cabo la profunda transformación de las mentalidades racistas heredadas desde la colonia".
Más adelante, y tras subrayar que “Cuba fue la última colonia de España en declarar la abolición de la esclavitud”, el activista puso como ejemplo la represión desatada por el régimen durante y en los días posteriores a las manifestaciones de protesta ocurridas en la isla en el verano de 2021.
En este apartado, Juvier-Hendrickx destacó que “los barrios de mayorías afrodescendientes sufrieron la represión más brutal, el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, un afrodescendiente de 36 años, es un triste ejemplo de esta brutalidad policial al recibir una bala en su espalda mientras manifestaba su deseo de ser libre”.
El activista hizo referencia a barrios habaneros cuya población es mayoritariamente de la raza negra, tales como La Güinera, La Timba, Los Pocitos, El Canal del Cerro y Cocosolo”, y que “continúan siendo los barrios con más vigilancia y brutalidad policial, al igual que ser los barrios más insalubres y abandonados de Cuba”, apuntó.
Para finalizar su exposición, Juvier-Hendrickx se refirió a la composición racial de los grupo de poder del régimen, cuestionando el discurso oficial de los gobernantes sobre el “programa nacional contra el racismo, y empoderando a los afrodescendientes” con la pregunta: ¿“Por qué todavía vemos tan poca representación de afrocubanos en la diplomacia, en el sector empresarial y en las altas esferas dirigentes del país?"
El representante de la delegación del régimen pidió a la presidenta de la sala llamar “al orden” al “representante de la delegación de ‘esta supuesta organización’ de la sociedad civil por no haberse ajustado al tema, que es la migración transnacional”, pidiendo, además, “derecho a réplica”, el cual no le fue concedido.
En declaraciones hechas posteriormente a Radio Martí, en el programa "Tempranito y de mañana" el activista se refirió a la intervención del representante de la delegación cubana en estos términos:
“Como es costumbre, ellos esto lo hacen sistemáticamente, cada vez que una voz cubana se alza en estos foros, ellos atacan […] pero esta vez no me interrumpieron”, señaló el activista, quien en su anterior intervención ante ONU, fue interrumpido cinco veces por la delegación de la isla.
A la pregunta de cómo fueron recibidas sus palabras por el resto de la audiencia, Leo Juvier-Hendrickx expresó:
"Cuando yo hice la interrogante de por qué había tan poca representación de afrodescendientes en lo que es la diplomacia, lo que es el sector empresarial y las altas dirigencias del país, que son, realmente, las tres cosas que hacen la capa superior de la sociedad, todo el foro empezó a aplaudirme. Empezaron a abuchear a la dictadura; les gritaban: 'no silencien al pueblo'. Después vinieron muchas personas hacia mí para felicitarme, para decirme que creían en el mensaje que estaba dándoles", relató el activista cubano.
Periodista cubano encarcelado se queda "ciego"; otros presos políticos denuncian terribles condiciones penitenciarias
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos cubanos, alertaron a Martí Noticias algunos de estos prisioneros y sus familiares.
Esta semana, al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal Combinado del Este, en La Habana, y con graves padecimientos de salud, le negaron la entrega de medicinas que le envió su familia, según denunció su esposa Eralidis Frómeta.
El director del blog digital y el canal YouTube Delibera, condenado a cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, ha perdido la visión.
"Continúa ciego porque todavía el oftalmólogo, que tiene que hacerle un fondo de ojo, no se lo han hecho”, señaló Frómeta.
“Desde el día 20 de mayo envié los medicamentos, justo ayer me los devolvieron para atrás porque no se los hicieron llegar", denunció la esposa del periodista de 61 años.
En el penal de Kilo-8 en la ciudad de Camagüey, más de 500 presos han estado “11 días sin agua" desde que se rompió la turbina, señaló desde esa prisión Alieski Calderín Acosta, quien cumple 20 años por el delito de atentado.
El miembro del Partido Demócrata Cristiano de Cuba dijo que la respuesta de las autoridades ha sido enviar algunas pipas pero eso es insuficiente. Además denunció que "la alimentación es pésima".
"Esto es terrible, yo nunca pensé que me fuera a coger a mí el periodo especial este aquí en la prisión”, dijo el preso político.
Virgilio Mantilla Arando, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumple tres años y tres meses por el delito de daños a la propiedad, recluido en la prisión de Kilo-7, donde la alimentación es muy mala y tampoco hay medicamentos.
"En menos de 20 días dos veces con catarro y fiebre altísima, dolores musculares, no sé si es Covid-19, y no solamente a mí, casi todo el mundo estamos aquí con eso”, aseguró Virgilio, quien ya ha cumplido varias causas por razones políticas y reclama asistencia médica especializada, por las dolencias que sufre por dos hernias discales.
El opositor denunció que las autoridades penitenciarias usan a reos comunes para agredir a los presos políticos.
“Presos paramilitares que ellos tienen preparados aquí para eso, que le dan pabellones y le refuerzan la comida", agregó en referencia a los beneficios que otorgan a los reclusos que colaboran con las autoridades.
José Rodríguez Herrada, de Caibarién, condenado a cinco años y medio por su participación en el estallido popular del 11 de julio de 2021, por el presunto delito de desórdenes públicos, acaba de ser trasladado desde el penal de Guamajal, donde estuvo plantado, para la prisión de Manacas.
La razón de la protesta consistió en su reiterado reclamo de una revisión de la irregularidades del proceso judicial en su contra, explicó el periodista independiente Guillermo del Sol.
“Me dijo que se siente mejor, que está fortalecido, es un preso que ha mantenido una verticalidad tremenda”, destacó Guillermo.
En las Alambradas de Manacas, donde Rodríguez Herrada inició su protesta, hay otros tres presos polítcos que enfrentan precarias condiciones: Carlos Michael Morales, periodista independiente de Caibarién, cumpliendo dos años y 10 meses de prisión; Leonel Tristá García, de Santa Clara, con ocho años de sentencia, quien ha sido sometido en más de una oportunidad a régimen disciplinario y con restricción de llamadas telefónicas; y Liván Hernández Sosa, también santaclareño, que cumple cuatro años, y que ya ha realizado varias protestas en el penal en reclamo de asistencia médica, reportó Del Sol.
Por ellos, el comunicador conoció que en esa cárcel "hay una situación de hacinamiento grave", que faltan los alimentos, los que les suministran están en mal estado y "lo poco que pueden adquirir de proteína se lo roban los guardias".
Desde la cárcel de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, se reporta un brote gripal y la ausencia de medicamentos para enfrentar la enfermedad.
“Aparte de los catarros, la escabiosis ahora están tratándola con medicina verde, y la alimentación es un agua de sopa que le están dando con calabaza, a veces son hasta las ocho de la noche y no han podido ni comer esos pobres presos”, aseguró Daniel García, quien tiene allí a su hermano, Jorge Luis García García, condenado a 13 años de prisión por participar en las protestas en Palma Soriano.
Liberan a dos de los manifestantes detenidos en Caimanera, aunque "tienen que seguir declarando"
Autoridades cubanas liberaron el miércoles a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, dos de los manifestantes arrestados tras la protesta popular de inicios de mayo en el municipio Caimanera, Guantánamo.
Desde allí, el periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera dijo a Radio Martí que conoció la información a través de Victoria Martínez Valdivia, madre de Correa Martínez.
Los dos manifestantes fueron liberados alrededor de la 7 de la noche del miércoles, pero "se les dejó bien claro que aún tienen que seguir declarando y que no pueden tener ningún tipo de acercamiento a mí", dijo el comunicador.
"La información que tengo es que lo único que les dijeron es que todavía tienen que declarar, y que no se pueden acercar a mí, ni a ningún otro opositor", reiteró Curbelo Aguilera.
El periodista independiente no pudo precisar si los liberados siguen bajo los cargos imputados, "o si sigue la acusación en contra de ellos", añadió.
Hasta el momento de la redacción de esta nota continuaban detenidos bajo investigación policial, en Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquiz González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los otros cuatro detenidos durante la protesta del pasado 6 de mayo, en Caimanera.
Los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, Daniel Álvarez González y Rodolfo "Rody" Álvarez González, y Yandris Pelier Matos, fueron primeramente acusados por el delito de desórdenes públicos, según dijeron familiares a Martí Noticias.
En el caso de Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez González, se sumó luego el cargo de "daños a la propiedad", mientras que Yandris Pelier Matos y Felipe Octavio Correa Martínez fueron acusados de "resistencia", señaló días atrás en entrevista con Radio Martí, Martínez Valdivia.
La madre de dos de los manifestantes ha denunciado continuamente que sus hijos fueron víctimas de una golpiza por parte de los agentes que los detuvieron. También ha expresado su orgullo por la decisión de ambos de protestar ese día.
“Esto es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Lo que han reclamado es para todos. La necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo, quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente”, manifestó.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al régimen de La Habana la liberación de los manifestantes de Caimanera. En reciente carta abierta a Miguel Díaz-Canel, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que lo que sucede en Cuba es "preocupante y alarmante", e hizo un llamado urgente al gobernante cubano para que cumpla con sus obligaciones internacionales y proteja los derechos humanos de las personas detenidas en la Isla por ejercer su libertad de expresión.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
La Habana confiesa que se inspira en polémico sistema judicial de Rusia
El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, reiteró esta semana la intención del régimen de La Habana de seguir las pautas del sistema judicial de la Federación Rusa, cuyas normativas han sido señaladas por organizaciones internacionales como violatorias de varios derechos humanos.
El funcionario recibió el miércoles al director general del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia, Coronel General Dimitry Aristov, a quien le dijo: “Indiscutiblemente su visita resultará de mucha utilidad para el perfeccionamiento constante de nuestro sistema judicial, teniendo en cuenta las experiencias de la institución que usted preside; y será también de utilidad para otras actividades del país”.
Por su parte, Aristov mencionó que cada uno de los órganos del poder en Rusia "hace su aporte para el desarrollo de las relaciones entre los dos países y Estados”.
En la reunión estuvo presente también el Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, quien en diciembre pasado visitó Rusia, donde fue recibido por su homólogo Viacheslav Lebedev, presidente del Tribunal Supremo de ese país desde 1989.
En esa ocasión el funcionario detrás de las largas condenas de cárcel a los manifestantes del 11 de julio de 2021, entre ellos, menores de edad, también mostró imágenes de un encuentro con directivos del Servicio de Alguaciles de la Federación de Rusia y consideró "interesantes" las informaciones sobre la ejecución de decisiones judiciales por parte de los rusos y dijo que eran un buen referente para el sistema judicial cubano.
Reconocidos grupos de derechos humanos han denunciado el engranaje judicial de Rusia, donde por ejemplo, las autoridades incumplen las normas sobre juicios justos.
Amnistía Internacional señaló que en Rusia la tortura y otros malos tratos en los centros de detención son endémicos y que el enjuiciamiento de sus autores, se hace de manera excepcional.
Igualmente denunció que la provisión de asistencia médica a las personas detenidas es insuficiente y que "se usaban ampliamente la prohibición de contacto con el mundo exterior y la reclusión arbitraria en celdas de castigo para presionar a la población reclusa, especialmente en el caso de disidentes".
El Código Penal de Rusia prohibe toda “cooperación confidencial” con organizaciones internacionales o extranjeras y con Estados extranjeros y se castiga con hasta ocho años de prisión.
También recientemente han transformado la legislación que regulaba las reuniones públicas para prohibirlas en sedes administrativas, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos y estaciones de autobús y entró en vigor una nueva ley sobre “agentes extranjeros” en la que incluyó motivos más generales para designar como tal a una persona u organización, así como penas más duras y medidas discriminatorias adicionales que limitaban su participación en la vida pública.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado que la legislación rusa sobre “agentes extranjeros” viola el derecho a la libertad de asociación.
El mismo tribunal resolvió que Rusia había violado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la prohibición de los Testigos de Jehová y el enjuiciamiento de sus miembros por practicar su religión.
En materia de libertades religiosas, el Institute of Study of War (ISW en sus siglas en inglés) ha denunciado graves violaciones de la libertad religiosa en la Ucrania ocupada por parte de soldados rusos y autoridades de ocupación, que han cerrado, nacionalizado o convertido a la fuerza lugares de culto y han atacado a clérigos o líderes religiosos.
El Kremlin también ha sido criticado por aprobar una legislación que extendía a todos los grupos de edad la prohibición de hacer “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género” dirigida a menores. Sus disposiciones incluían el bloqueo de sitios web, la prohibición de la venta de material con información prohibida con arreglo a la ley y multas de hasta 5 millones de rublos (80.000 dólares) por infracciones administrativas de ambigua definición como “propaganda”, “demostración de preferencias o relaciones sexuales no tradicionales” o difundir información que pudiera “generar la necesidad de cambiar de sexo”.
La Oficina del Alto Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU criticó la ley punitiva de "noticias de guerra falsas" como una medida alarmante del Gobierno ruso para amordazar y vendar los ojos a toda una población. La ley introduce sanciones por "desacreditar" y "llamar a la obstrucción" del uso de las fuerzas armadas rusas. La pena máxima es de cinco años de prisión.
También se refirieron a las "muy alarmantes" denuncias generalizadas sobre el uso indiscriminado de la fuerza y las detenciones masivas de manifestantes por parte de las autoridades.
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