Funcionarios de la Dirección de Atención a Menores (DAM), perteneciente al Ministerio del Interior (MININT), advirtieron este lunes a Eliannis Villavicencio que sus hijas no pueden exigir en redes sociales la libertad de su padre, el preso político Alexander Verdecia.
“Fui citada para el día 9 en Atención a menores en Bayamo. Me estaban esperando la directora de Menores y otra funcionaria, quienes tuvieron una supuesta conversación conmigo alertándome, según ellas, porque no puedo exponer a mis niñas en redes sociales, que las estoy usando con fines políticos”, relató Villavicencio a Martí Noticias.
“Le respondí que no uso a mis niñas con fines políticos. Mis niñas exigen la libertad de su padre y fe de vida sobre su padre, que está desaparecido desde el 2 de febrero, día que hablamos por teléfono con él por última vez”.
Alexander Verdecia cumple una condena de siete años de privación de libertad tras ser sentenciado en 2025 por los delitos de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir", por sus críticas al régimen en redes sociales.
El matrimonio es miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, casi desde su fundación en 2011.
“El día 4 fue trasladado para la provincia de Camagüey en la Prisión Kilo 8. Esto lo sabemos por medios no formales. Y mis niñas, salen en redes sociales, exigiendo la libertad de su padre y la libertad de los presos políticos porque tienen ese derecho. ¿Y quién más si no somos nosotras quienes exigimos su libertad?, recalcó la activista.
“No creemos en amenazas de la dictadura. Todo esto siempre ha sido tramado por la Seguridad del Estado, que usa funcionarios del gobierno y de otras instituciones estatales para amedrentarnos e intimidarnos”, aseguró.
La Dirección de Atención a Menores (DAM) ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del Ministerio del Interior para coaccionar a familiares de presos políticos, que se hagan incómodos al régimen por sus denuncias públicas.
El centro de asesoramiento legal Cubalex y las organizaciones Justicia 11J y Amnistía Internacional han documentado que esta entidad no responde siempre a la protección de la infancia, sino a un patrón de hostigamiento que incluye amenazas de pérdida de la patria potestad y represión en el entorno familiar, afectando directamente la estabilidad emocional de los niños y, como en el caso de Villavicencio, citaciones oficiales a familiares de opositores y presos políticos para advertirles que su activismo político pone en "peligro" el desarrollo de sus hijos.
“Me acusan de usar a mis niñas con fines políticos y yo me pregunto ¿para qué usa la dictadura a nuestros hijos. Nos adoctrinó a nosotros desde pequeños y hace lo mismo con nuestros hijos, enseñándolos a decir ‘seremos como el Che’, o a querer ser como Fidel [Castro], o como los terroristas de la dictadura?, cuestionó Villavicencio.
De acuerdo al oficialismo, estas oficinas son centros de prevención y reinserción social, pero en la práctica, su rol con la disidencia es denunciado consistentemente por ser punitivo y represivo.
“Eso es manipular a nuestros hijos sin nuestro consentimiento. ¿O acaso ellos pueden adoctrinar a nuestros hijos y nosotros no podemos enseñarles a ellos a exigir libertades y derechos humanos?, enfatizó la activista residente en Río Cauto, provincia Granma.
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