El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó este martes que el formulario I-220A no equivale a un parole válido para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La decisión del caso Aguiar-Fernández v. U.S. Attorney General (expediente 24-12318), presentado por Yoan Aguiar Fernández, su esposa Yenisley González Sanabria, y su hija Essined Yoana Aguiar González, argumenta que para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano es necesario poseer un parole humanitario y no la orden de liberación condicional de detención, conocida comúnmente como I-220A.
Los miembros de esta familia ingresaron irregularmente a Estados Unidos por la frontera de Arizona en junio de 2021, fueron liberados por las autoridades migratorias por medio de esa orden de libertad bajo palabra, que no requiere el pago de fianza y que es emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Posteriormente, el gobierno inició procesos de deportación en su contra por haber ingresado al país sin admisión legal ni parole. La familia solicitó asilo, argumentando que había sufrido persecución política en Cuba y que temía regresar al país por sus opiniones contrarias al régimen. También pidió la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano y solicitó un parole humanitario.
Sin embargo, las autoridades migratorias negaron ese parole y concluyeron que la familia no cumplía los requisitos para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano. La Corte de Apelaciones confirmó esa decisión al determinar que haber sido liberados con un I-220A no equivale a recibir un parole humanitario, requisito indispensable para que personas que no fueron admitidas legalmente al país puedan acogerse a esa ley.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito: Elizabeth Branch, Andrew Brasher y Karen Nelson Moore Hull sostuvo que ambos mecanismos son jurídicamente distintos y que solo el parole humanitario satisface el requisito de haber sido “admitido o puesto en parole” para optar al ajuste de estatus.
De hecho, el formulario I-220A deja claro desde la primera línea del documento que la persona "fue arrestada y colocada en proceso de deportación", y la compromete a asistir a todas las audiencias y entrevistas migratorias, mantener comunicación con ICE cuando se le solicite, cumplir con cualquier programa de supervisión o monitoreo electrónico impuesto por el gobierno y presentarse para su deportación si así lo ordena un juez.
El tribunal también rechazó las solicitudes de asilo, retención de deportación y protección bajo la Convención contra la Tortura presentadas por Aguiar Fernández, quien alegó persecución política en Cuba tras abandonar una misión oficial en Venezuela entre 2010 a 2013.
"Intentó abandonar la misión después de que se le pidiera convencer a ciudadanos venezolanos de votar por el gobierno de Venezuela; regresó a Cuba en marzo de 2013, una vez que sus colegas informaron al gobierno cubano sobre sus intenciones de dejar la misión. Aunque el pasaporte de misión de Aguiar Fernández —que solo autorizaba viajes a Venezuela— le fue confiscado al regresar a Cuba, nunca fue detenido ni interrogado, y siguió trabajando para la misma agencia gubernamental. Asimismo, obtuvo un permiso del gobierno cubano para operar un taller de carrocería en su propia residencia. La esposa de Aguiar-Fernández tampoco fue detenida ni interrogada, y continuó desempeñándose como enfermera", indica el fallo de hoy escrito por el juez Andrew Brasher.
Asimismo, concluyó que el incidente con el oficial policial "Capitán Cordero" parecía responder más a un conflicto personal que a una persecución política promovida por el Estado y que no existían pruebas suficientes de que la familia enfrentara una probabilidad real de persecución o tortura si regresaba a Cuba. Por esas razones, la petición fue denegada en su totalidad.
Al ser emitido por el Undécimo Circuito, el fallo sienta un precedente obligatorio directamente en los estados de Florida, Georgia y Alabama.