Representantes de la sociedad civil cubana comparecieron el jueves ante la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional del Parlamento de Canadá para pedir que la ayuda anunciada por ese país llegue directamente a la población y no sea canalizada a través del régimen cubano.
En el encuentro participaron Kirenia Carbonell, de la Coalición Cubano-Canadiense; Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos; John Suárez, del Centro para una Cuba Libre; y Carolina Barrero Ferrer, de Ciudadanía y Libertad.
En un video enviado a Martí Noticias, Carbonell explicó que las organizaciones volvieron a exponer ante legisladores canadienses la magnitud de la crisis humanitaria en la isla.
“Volvimos a insistir en la razón de la crisis humanitaria en Cuba y trajimos la verdad, la narrativa alternativa de lo que está pasando en la isla”, afirmó.
La activista se refirió al anuncio de unos 8.3 millones de dólares en ayuda desde Canadá y subrayó que la discusión se centró en cómo debe distribuirse esa asistencia.
“La ayuda que Canadá quiere aportar debe ser distribuida por canales que lleguen directamente a la ciudadanía, que no llegue a través del régimen, que ha creado la crisis humanitaria durante los últimos 67 años”, dijo.
Carbonell también instó al gobierno canadiense a ir más allá del apoyo financiero. “Canadá puede hacer más que enviar ayuda monetaria. Puede abogar abiertamente por la libertad de todos los presos políticos”, señaló, y recomendó la aplicación de sanciones bajo leyes Magnitsky contra funcionarios cubanos responsables de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, Cires afirmó ante los legisladores que “solo un cambio estructural, y no cosmético, permitirá al pueblo cubano recuperar la esperanza y construir su propio futuro”.
El representante del Observatorio solicitó que el apoyo humanitario sea “directo a la población cubana, con énfasis en los sectores más vulnerables”, y que se canalice “a través de las iglesias y de la sociedad civil independiente, para asegurar su entrega efectiva”.
Asimismo, denunció que el modelo laboral aplicado en el sector de inversiones extranjeras en Cuba “vulnera de manera sistemática los derechos de los trabajadores y los empobrece”, al impedir la contratación directa y permitir que entidades estatales se apropien de hasta el 90% de los salarios.
“Estamos ante el fin de un ciclo histórico en Cuba. O se decide prolongar la decadencia y con ello la agonía del pueblo cubano o se ayuda a encontrar una salida política pacífica y razonable”, afirmó.
Durante la audiencia también se recordó la situación de más de 800 presos de conciencia y se insistió en que la crisis en la isla no es coyuntural, sino resultado de “décadas de políticas fallidas” bajo un modelo de economía planificada que concentra el poder en el Estado y limita las libertades económicas y sociales.
Lee también Denuncian política exterior de Canadá frente al régimen cubanoEsta misma semana, fue publicado un informe de las organizaciones Democratic Spaces y Human Rights Action Group que exige a Canadá que abandone su enfoque excepcionalista hacia La Habana y alinee su estrategia exterior con la defensa coherente de los derechos humanos y la seguridad democrática global.
El análisis pone bajo la lupa la influencia del régimen cubano en la estabilidad global, calificándolo como una pieza central de poder autocrático que amenaza la seguridad y la democracia en el hemisferio occidental y Europa.