Sumario
- La cifra de presos políticos verificados en Cuba aumentó en marzo, con 44 nuevos casos verificados en el mes, según Prisoners Defenders.
- Varias de las detenciones están vinculadas a protestas por apagones, escasez de alimentos y deterioro de condiciones de vida.
- El informe documenta represión indiscriminada, persecución a familiares de los detenidos y graves problemas de salud en cientos de presos.
Cuba alzanzó los 1.250 presos políticos al cierre de marzo, tras la incorporación de 44 nuevos presos políticos verificados durante ese mes, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, que documenta un agravamiento sostenido de la represión en la isla.
En declaraciones de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a las que Martí Noticias tuvo acceso, el activista advirtió que la situación continúa deteriorándose. “Este informe vuelve a demostrar que en Cuba la represión no tiene límites, que la prisión política sigue creciendo y que el silencio desprotege a las víctimas”, afirmó.
El informe detalla que los 44 nuevos presos políticos fueron verificados en marzo tras cientos de detenciones arbitrarias, muchas de ellas relacionadas con protestas por apagones, escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. La mayoría de los detenidos son ciudadanos sin afiliación política conocida.
Larrondo explicó que el incremento de los arrestos está directamente relacionado con el auge de manifestaciones en varias provincias. “En Ciego de Ávila… el informe ha podido auditar 15 nuevos presos políticos… y en municipios de La Habana… se han verificado 21 nuevos presos políticos”, precisó.
Las protestas, muchas de ellas espontáneas, han tenido lugar en localidades afectadas por prolongados apagones y escasez de servicios básicos, donde los ciudadanos han salido a las calles con consignas como “corriente”, “libertad” y “Patria y vida”.
Según el informe, en estos contextos se han documentado operativos policiales violentos, detenciones sin orden judicial, incomunicación y desapariciones temporales, con personas que permanecen días o incluso semanas en paradero desconocido.
El reporte también subraya el impacto de la represión en grupos vulnerables. Actualmente, 145 mujeres están encarceladas por motivos políticos, lo que representa un récord en la isla. Asimismo, al menos 33 personas fueron detenidas siendo menores de edad, una cifra que, según la organización, confirma el carácter indiscriminado de la represión.
El informe denuncia además la persecución contra familiares de presos políticos, incluyendo detenciones de madres, hermanas y otros allegados por exigir la liberación de sus seres queridos.
Alertan sobre prisioneros en "riesgo extremo"
Uno de los aspectos que señala el informe es la situación de salud de los reclusos. Prisoners Defenders documenta que 447 presos políticos padecen enfermedades graves, muchas de ellas provocadas o agravadas por las condiciones de encarcelamiento.
Además, 47 prisioneros presentan trastornos mentales severos sin tratamiento adecuado, lo que hace incompatible su permanencia en prisión.
Ante este escenario, la organización identificó a 32 presos políticos en riesgo extremo, cuya excarcelación considera urgente. “Su liberación no responderá a intereses políticos ni estratégicos, sino a la necesidad urgente de salvar sus vidas”, enfatizó Larrondo.
El informe describe un patrón reiterado de violaciones de derechos humanos que incluye detenciones sin orden judicial, uso de figuras penales ambiguas, criminalización de conductas pacíficas y ausencia de garantías procesales.
“Los testimonios reflejan irregularidades graves y sistemáticas… violencia extrema durante la detención, negación de atención médica, traslados forzosos como castigo”, señaló Larrondo.
En sus declaraciones, Larrondo instó a la comunidad internacional a actuar ante la crisis de derechos humanos en Cuba. “La comunidad internacional tendrá que tomar una decisión… o serán cómplices todos por omisión de la tortura de todo un pueblo”, advirtió.
El informe concluye que la presión internacional y la visibilidad mediática siguen siendo esenciales para la protección de las víctimas en la isla.