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América Latina

Gobierno de Maduro adelanta elecciones en medio de crisis política

Un grupo de personas participa en una manifestación contra el Gobierno nacional, en Caracas.
Un grupo de personas participa en una manifestación contra el Gobierno nacional, en Caracas.

Una encuenta señala que de realizarse las elecciones regionales en octubre, los candidatos de la oposición ganarán “al menos 20 gobernaciones”.

Venezuela entró este sábado en una nueva carrera electoral tras la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar para octubre los comicios regionales, mientras la crisis que sacude al país petrolero persiste y escribió esta misma jornada un nuevo capítulo de confrontación.

Los más de 500 miembros del poder originario venezolano, todos afines al chavismo gobernante, aprobaron de forma unánime convocar las elecciones para escoger gobernadores -que tienen 8 meses vencidas y que habían sido fijadas para el 10 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE)- para el próximo octubre.

Constituyentistas participan en la sesión del sábado, en la que aprobó adelantar para octubre las elecciones regionales.
Constituyentistas participan en la sesión del sábado, en la que aprobó adelantar para octubre las elecciones regionales.

Esta medida obedece a un intento del órgano que reescribirá la Carta Magna y reordenará el Estado caribeño por "consolidar la paz y tranquilidad" que, consideró, reina en el país tras la elección del pasado 30 de julio, cuando se votó la Constituyente que propuso el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Asamblea dijo que las elecciones dejarán "sin espacio ni tiempo", a los "factores antidemocráticos" de la esfera política venezolana, que no podrán repetir "su agenda violenta y criminal de desestabilización", que de acuerdo con la prédica oficial está impulsada por EEUU y es ejecutada por el ala más radical del antichavismo.

En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la excanciller Delcy Rodríguez, dijo al momento de votarse la medida que Venezuela responderá "con votos" a las amenazas internas y externas que atentan contra su sistema político, la llamada revolución bolivariana.

El clima electoral se respira en Venezuela desde inicios de semana, cuando se registraron más de 1.200 postulaciones para 23 cargos de gobernadores, según informó el CNE.

El foro plenipotenciario no ordenó esta jornada una fecha precisa para los comicios, en tanto que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, adelantó parte del cronograma electoral, que arranca este domingo, y antes del fin de la próxima semana habrá cubierto la ruta con la designación de la posición en boleta de los postulados.

Lucena remarcó que el CNE dará fiel cumplimiento al decreto de adelanto de elecciones que emitió este sábado la plenipotenciaria Constituyente, en el que se habla de elección de gobernadores pero no de los consejos legislativos regionales, plazas que siempre se han escogido en una misma votación.

El órgano electoral, por su parte, fue noticia a mediados de semana cuando la Asamblea Constituyente ratificó en sus cargos a las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D'Amelio y Socorro Hernández, a quienes el grueso de la oposición venezolana acusa de actuar a favor del oficialismo.

El quinto rector del CNE, Luis Emilio Rondón, y quien expresó su rechazo a la elección constituyente y más tarde dijo no poder avalar los resultados, "se subordinó" a este órgano en una visita que hizo a su directiva, dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Aristóbulo Istúriz.

Sin embargo, no se informó si fue o será ratificado en su puesto.

Oposición podría ganar 20 gobernaciones, según sondeo

Según los resultados de un sondeo realizado por la encuestadora Delphos, de realizarse las elecciones regionales en octubre, los candidatos de la opositora MUD ganarán “al menos 20 gobernaciones”.

“El candidato de la oposición no sacaría menos de 65 % de los votos (…) y el otro 35 % lo terminaría sacando el sector del oficialismo (…) es decir, que sacarían entre cinco millones de votos, si sacamos la parte que se abstiene”, dijo el director de Delphos, Félix Seijas, durante un programa radial citado por NTN24.

Agregó que un 35 % de los seguidores de la oposición apoya su participación en los comicios, frente a un 25 % que la rechaza.

Baja participación en las protestas

El anuncio del adelanto de los comicios ocurrió durante otro episodio de protestas antigubernamentales y de choques entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición.

Entretanto, las dos movilizaciones convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática fueron tímidas en comparación con las orquestadas por esta coalición opositora en los últimos cuatro meses, cuando más de 120 venezolanos murieron por hechos violentos ocurridos en medio de la crispación social y política.

Las manifestaciones se llevaron a cabo en respaldo a los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky, de los capitalinos municipios de Chacao y El Hatillo, respectivamente, considerados dos bastiones opositores.

Los burgomaestres fueron sentenciados por el Tribunal Supremo de Justicia a 15 meses de prisión, y además fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, por su presunta displicencia al momento de evitar barricadas que obstruyeran el libre tránsito en los terrenos que gobiernan durante las protestas contra el Gobierno de Maduro.

Al término de las manifestaciones, un reducido grupo de jóvenes de la llamada "Resistencia" arrojó piedras a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que cubrían las protestas, mientras que estos respondieron con perdigones de goma y dispararon al menos una lata de gas lacrimógeno.

Según información preliminar, no se registraron heridos ni detenidos por estos hechos.

(Con información de EFE y redes sociales)

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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