Cuba cerró julio con 1.327 presos políticos, tras la incorporación de 36 nuevos casos, entre ellos el de un niño de 13 años presuntamente golpeado y encarcelado después de una protesta en La Habana, denunció Prisoners Defenders.
En declaraciones a las que tuvo acceso Martí Noticias, el presidente de la organización, Javier Larrondo, afirmó que 15 de los nuevos casos están vinculados con protestas.
“Hace tiempo que la represión rompe sus límites”, advirtió.
Entre las personas documentadas hay 150 mujeres y 41 que fueron detenidas cuando eran menores de edad. De estas últimas, 17 permanecen recluidas en centros penitenciarios.
Uno de los casos es el de Alex Javier Hernández González, de 13 años, detenido el 22 de julio después de las protestas en Santiago de las Vegas, en el municipio habanero de Boyeros.
Según denunció su madre, cuatro policías uniformados golpearon al adolescente en la cabeza, el cuello y la espalda.
“Mientras recibía los golpes suplicó: ‘No me den más, soy un niño’”, relató Larrondo.
El menor fue llevado a la estación policial de Calabazar y posteriormente recluido en “El Combinadito”, un centro penitenciario para menores administrado por el Ministerio del Interior en Guanabacoa.
Prisoners Defenders asegura que fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial y que la familia todavía desconoce los cargos en su contra.
“Su caso no es una excepción; es la expresión más brutal del régimen cubano”, afirmó Larrondo.
De los 36 casos incorporados durante julio, 15 están relacionados con protestas. Trece se registraron en Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba, territorios afectados por apagones, falta de agua y el deterioro de otros servicios esenciales.
Entre los detenidos aparecen los artistas independientes Pedro Ernesto Farías, conocido como “El Feno”, y Rolando Armenteros, “El Bohemio”, arrestados por protagonizar y grabar una protesta pacífica contra los apagones en el barrio habanero de Santos Suárez.
El informe también menciona a Aniley Martínez Ramírez, detenida tras llevar alimentos y productos básicos a la presa política Lizandra Góngora Espinosa, recluida en la Isla de la Juventud y alejada de su familia.
“La represión castiga a quien protesta, a quien informa y hasta a quien ayuda”, declaró Larrondo.
Prisoners Defenders cuestionó además la ratificación de las condenas de 14 y 13 años contra Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, respectivamente, pese a que ambos habían sido absueltos inicialmente por falta de pruebas.
También señaló que el Tribunal Supremo Popular dejó firme la condena de seis años contra el escritor y periodista José Gabriel Barrenechea Chávez por participar en una protesta contra los apagones en Encrucijada, Villa Clara.
La organización denunció que el régimen cubano continúa condicionando la excarcelación de presos políticos a su salida definitiva del país.
“Esto no es una decisión migratoria libre. Es expatriación forzosa”, sostuvo Larrondo.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara terminó de cumplir su condena de cinco años el 9 de julio, pero permaneció retenido e incomunicado hasta que fue enviado a Estados Unidos nueve días después.
El informe también documenta las presiones contra Yosvany Rosell García Caso, quien rechazó abandonar Cuba a cambio de salir de prisión, y contra Roilán Álvarez Rensoler, cuya excarcelación habría sido condicionada a que sus familiares compraran un pasaje con destino a Guyana.
Prisoners Defenders mencionó además el traslado del rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", quien permaneció cerca de 48 horas con paradero desconocido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada y recomendó dejar sin efecto su condena de nueve años.
Al cierre de julio, 459 presos políticos padecían enfermedades graves, según la organización, que denunció desnutrición, malos tratos y negación de atención médica y medicamentos en las cárceles.
“Cinco años después de las protestas del 11 de julio, el mensaje del poder sigue siendo el mismo: vigilancia para todos, persecución para los desafectos, cárcel para quien protesta y exilio forzoso para quien resiste la prisión”, concluyó Larrondo.
El Gobierno cubano niega que existan presos políticos en la isla y asegura que los encarcelados por participar en protestas fueron procesados por delitos comunes.
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