Bajo la premisa de que el destino de Cuba debe decidirse por los cubanos, la Mesa de Movilización Ciudadana del Foro Acción Amnistía 2026 presentó oficialmente la campaña “Mi Certificación Electoral”.
La iniciativa busca que los cubanos en la isla reclamen un documento legal clave para validar acciones constitucionales que permitan proponer reformas democráticas profundas.
La Certificación Acreditativa de la Condición de Elector no es un simple trámite burocrático; es la llave jurídica que permite a los ciudadanos ejercer nueve acciones legales contempladas en la Constitución cubana.
“Es un documento imprescindible para darle validez legal al apoyo que debemos a cualquier iniciativa legislativa o constitucional de cambio democrático”, resaltó María Mercedes Benítez, integrante de la Mesa de Movilización Ciudadana.
“Uno puede dirigir quejas y peticiones a las autoridades que están obligadas a tramitarla y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentales. Todas las personas tienen derecho de solicitar y recibir del Estado información veraz y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades”, señaló.
La iniciativa sostiene que este respaldo es fundamental para impulsar proyectos como la Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, una propuesta que busca liberar a más de mil prisioneros políticos y proteger los derechos de expresión, reunión y manifestación.
En Cuba, para que un grupo de ciudadanos pueda presentar una ley o proyecto, deben organizar la recolección de firmas con los datos de al menos 10,000 electores cubanos.
“Debemos formar parte de las decisiones sobre nuestro futuro y construir nuestra propia silla en la mesa donde se decide nuestro destino”, agrega la Mesa.
A pesar de que la solicitud de este documento está amparada por la ley y su entrega es una obligación estatal, la campaña denuncia obstáculos administrativos.
Gina Gilarty, otra de las impulsoras de la campaña indicó que “para recibir la certificación electoral debíamos dirigirnos al Consejo Electoral Municipal y allí solicitarla, si eliminan todas las trabas que tenemos”.
Actualmente, el proceso ha sido centralizado en la Comisión Electoral Nacional, lo que los activistas califican como una “restricción injustificada” del derecho ciudadano al ejercicio de su soberanía.
Otra de las dificultades detectadas por los activistas es que no se ha dado a conocer a la población su derecho a portar este carné electoral”, precisó Gilarty.
El objetivo es que cada ciudadano pueda tramitar su solicitud directamente en su lugar de residencia, tal como dicta la ley vigente.
El Foro Acción Amnistía 2026 enfatiza que este movimiento es un llamado a quienes temen ser expuestos o a los padres que temen por el futuro de sus hijos. Al obtener la certificación, el ciudadano adquiere el estatus legal necesario para firmar peticiones legislativas de manera oficial y protegida por el marco legal actual.
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