El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) calificó julio pasado como el mes de mayor represión en la isla en lo que va de año y como el que marcó el número más alto de transgresiones desde 2016, con un total de 272.
El volumen de agresiones representa un salto de más del 51% respecto a las 180 violaciones reportadas en junio y supera en un 47.8% los casos de julio del año anterior.
“El salto estadístico se debe, de manera fundamental, a dos fechas puntuales: al quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y también a la recepción que tuvo lugar en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a propósito del aniversario de la independencia de ese país, que provocó un fuerte operativo represivo por parte del régimen contra periodistas, activistas, opositores, creadores de contenidos y ciudadanos que han comenzado a tener visibilidad por su oposición a las políticas y al régimen cubano”, indicó Arailaisy Rosabal, especialista principal de la entidad.
“Sin embargo, fueron los presos políticos las víctimas que más casos reportaron en el mes, sobre todo causado por la represión que sufren en prisión por denunciar las condiciones carcelarias y las arbitrariedades en sus procesos judiciales”, agregó.
Del total registrado, 227 hechos correspondieron a atropellos contra la libertad de expresión y 45 a la libertad de prensa, esta última registrando un repunte del 80% en comparación con el mes precedente.
OCLE, perteneciente al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), subraya que el hostigamiento y las agresiones psicológicas, que incluyen vigilancias intimidatorias, citaciones policiales y cercos domiciliarios, duplicaron sus cifras respecto a junio al alcanzar 120 hechos, manteniéndose como las principales tácticas de contención del Estado.
Asimismo, el preso político volvió a posicionarse como el perfil de víctima más afectado.
“Sobre todo causado por la represión que sufren en prisión por denunciar las condiciones carcelarias y las arbitrariedades en sus procesos judiciales”, detalló Rosabal.
A los presos políticos, le siguieron los ciudadanos comunes y los activistas, como principales recipientes de la represión.
Según el dossier, el foco represivo al interior de los centros de internamiento se tradujo en golpizas, traslados arbitrarios, confinamientos en celdas de castigo y negación de atención médica. Las agresiones físicas en general alcanzaron su punto más alto del año con 22 casos.
Por primera vez en el año, la represión tuvo un alcance territorial pleno: las 16 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud reportaron al menos una violación documentada. La Habana encabezó el mapa represivo al concentrar 148 casos, luego Camagüey y Santiago de Cuba.
“Por primera vez en julio de 2026, el Observatorio logró documentar hechos en las 16 provincias del país, que no quieren decir que es expresión de la realidad cubana. Lo que nosotros logramos son subregistros. Existen muchas zonas de silencio en el país, existe miedo a denunciar y hay muchos casos que quedan sin visibilizar”, puntualizó la experta.
El reporte advierte además sobre la expansión de la dimensión judicial de la represión, evidenciada en la intervención de las fiscalías en siete provincias para abrir procesos penales y denegar cambios de medida cautelar a manifestantes y ciudadanos detenidos por expresarse en redes sociales o manifestarse ante la crisis de los servicios básicos y los apagones.
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