El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) pidió a los organismos internacionales de derechos humanos, en particular a los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y para los defensores de derechos humanos, una respuesta urgente ante la cruzada del régimen cubano contra las voces que denuncian la realidad del país.
El OCLE, un proyecto del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), ha demandado que la respuesta de estas entidades internacionales no sea "protocolar, ante un patrón que se repite y se intensifica".
En un comunicado se refierieron a las recientes detenciones, amenazas e interrogatorios como un "operativo de terror psicológico para impedir el ejercicio del derecho a la información".
El observatorio recuerda que "en las últimas horas, un operativo coordinado de citaciones a interrogatorios, vigilancia domiciliaria y detenciones arbitrarias ejecutado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado contra periodistas independientes, activistas, creadores de contenido y otros miembros de la sociedad civil cubana".
El OCLE demanda al régimen de La Habana "el cese inmediato y total de la persecución, el hostigamiento y la vigilancia contra ciudadanos cubanos por el simple hecho de poder ejercer su derecho a la información y la libre expresión".
Entre las víctimas figuran reconocidos periodistas independientes como Henry Constantín, Camila Acosta y Yoani Sánchez, quienes son blanco habitual de la represión de la dictadura.
La entidad alerta que "no se trata de un control político rutinario" sino una "represión preventiva ejercida como arma de silenciamiento".
"El Estado cubano no está castigando algo que estas personas dijeron, publicaron o hicieron. Las está neutralizando por anticipado, únicamente por la posibilidad de que existan, hablen o sean vistas en un espacio que el régimen no controla. No se necesita una palabra, una imagen ni una publicación: basta con la mera sospecha de que alguien pueda ejercer un derecho fundamental para que el aparato represivo actúe con toda su fuerza de intimidación".
"Esto constituye censura previa en su expresión más cruda y confirma que en Cuba el derecho a buscar, recibir y difundir información —reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— se reprime incluso antes de que alguien intente ejercerlo", concluye.
"El patrón es claro: mismo día, mismo objetivo, mismas víctimas —quienes ejercen o podrían ejercer el periodismo independiente y el activismo cívico en Cuba. No se trata de excesos individuales de funcionarios, sino de una política de Estado sistemática", denuncia el OCLE.
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