El deterioro sistemático de los servicios básicos y los apagones de más de 20 horas diarias han amplificado el descontento social en el espacio público cubano. En junio de 2026 se contabilizaron 171 atropellos a la prensa libre y el derecho a la opinión lo que confirma una tendencia al alza sostenida de la represión estatal.
El informe del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP (Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa), presentado por la especialista Arailaisy Rosabal, muestra a la protesta ciudadana como el principal motivo represivo.
“El régimen, una vez más, respondió al descontento social con arrestos, con violencia física y psicológica, con encarcelamientos e incluso con apertura de procesos penales”, señaló Rosabal.
Las acciones represivas fueron, principalmente, el hostigamiento sistemático y el empleo de la maquinaria institucional, siendo los ataques, amenazas y agresiones psicológicas la modalidad más recurrente al registrar 58 casos, un incremento interanual del 16.0%.
Le siguió de cerca el uso abusivo del poder estatal, que ocupó el segundo lugar con 47 incidentes y un alza del 6.8% respecto al mismo mes del año anterior. Juntas, estas dos categorías superaron cuantitativamente a otras formas de intervención directa como las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas, la reclusión y las restricciones en el espacio digital.
“Esto explica que un número considerable de las víctimas registradas en el mes hayan sido precisamente ciudadanos comunes, o sea, gente sin militancia, no opositores, no activistas, sino gente que salió a expresar malestar y terminó siendo reprimida por el gobierno”, agregó la experta.
“Un elemento que resulta particularmente alarmante es el aumento de detenciones de menores de edad en contextos de protestas, sin que su condición represente ningún límite para las autoridades”, indicó.
De los 171 hechos documentados, 146 correspondieron a violaciones a la libertad de expresión, mientras que 25 fueron contra la libertad de prensa. Este desbalance responde de forma directa a la irrupción del ciudadano común como el perfil de víctima predominante.
El rasgo distintivo del período es el desplazamiento del foco represivo: tras meses concentrado en el sistema penitenciario y el entorno digital, el aparato del Estado ha vuelto a fortalecerse en las calles para neutralizar las manifestaciones barriales espontáneas, afirma OCLE.
El repunte de las detenciones arbitrarias y el nivel histórico de las agresiones físicas reflejan una respuesta de choque inmediata. En contraste, las restricciones directas en el espacio digital cayeron drásticamente.
Sin embargo, el informe advierte que esta contracción no implica mayor tolerancia, sino un camuflaje operativo: el régimen apaga de forma masiva el fluido eléctrico y la conectividad en las zonas de protesta, borrando del registro público la represión sin necesidad de dejar un rastro de censura.
La participación en protestas fue el principal detonante de la acción estatal con 42 casos, superando con creces a la represión sistemática y las publicaciones en redes sociales.
La investigación indica que tres provincias concentraron más de dos tercios de la actividad represiva nacional, La Habana, epicentro del control preventivo; Santiago de Cuba, donde 31 de los 33 hechos documentados estuvieron directamente vinculados a estallidos de protesta por falta de agua, comida y electricidad y Camagüey, consolidado como el tercer territorio con mayor conflictividad.
La ejecución de las medidas represivas demuestra una arquitectura institucional coordinada por el Ministerio del Interior (MININT) a través de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Sistema Penitenciario, el DTI y las Tropas Especiales.
El Ministerio de Justicia (MINJUS) fue el instrumento para proporcionar la cobertura legal mediante las fiscalías provinciales y el Tribunal Provincial de La Habana.
“Como siempre, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la prensa libre, a sumarse a la denuncia de la represión en Cuba y en particular a no guardar silencio ante la persecución que están sufriendo ciudadanos comunes que están sufriendo adolescentes por el simple hecho de haber salido a la calle a expresar el hartazgo de todo un pueblo”, concluyó Rosabal.
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