El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) condenó el viernes el Decreto 160/2026, una nueva normativa del régimen que refuerza el monopolio estatal sobre el periodismo, la comunicación, el acceso a la información y diversas actividades culturales al prohibir su ejercicio por parte de actores económicos privados e independientes.
El decreto, publicado el 28 de julio en la Gaceta Oficial y que entrará en vigor el 4 de agosto, sustituye al Decreto 107/2024 y reorganiza las actividades reservadas al Estado. De acuerdo con el análisis del OCLE, la norma declara no autorizadas para empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia al menos 14 actividades vinculadas con el periodismo, la radiodifusión, las agencias de noticias, la edición de libros y revistas, las bibliotecas, el acceso a internet y parte de la creación artística independiente.
La organización sostuvo que la disposición “cierra el acceso de toda persona o entidad no estatal a los canales por los que se ejerce hoy la libertad de expresión y de prensa en Cuba”. También afirmó que el texto convierte la censura en una política de Estado al reservar la actividad informativa y cultural a instituciones estatales, al Partido Comunista y a organizaciones oficialmente reconocidas.
Además, la norma restringe el derecho de asociación al impedir la constitución de asociaciones profesionales independientes vinculadas al periodismo y la comunicación, y consideró que las disposiciones vulneran los estándares internacionales sobre libertad de expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
OCLE solicitó a los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que den seguimiento a la normativa antes de su entrada en vigor el próximo 4 de agosto.
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