Zamira Marrero Morgado, quien actualmente preside el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, encabezó el tribunal que este 1ro de octubre declaró culpables a Anna Sofía Benítez Silvente, y a su madre, Caridad Silvente.
El nombre de esta jueza no aparece por primera vez en un caso como este, Marrero Morgado también integró uno de los tribunales que juzgó a 129 manifestantes del 11J. En aquella causa, celebrada en diciembre de 2021, se impusieron condenas que llegaron hasta 30 años de prisión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cubalex y Justicia 11 en aquel entonces expusieron la responsabilidad de la jueza en esos procesos.
Ahora vuelve a estar en el centro de la atención tras declarar a Anna Bensi y su madre culpables de “actos contra la intimidad personal y familiar” y condenarlas a dos años de limitación de libertad.
Anna Bensi y su madre disponen de diez días para apelar la decisión.
“Lo que estoy comunicando es el fallo del tribunal oral”, precisó. “Nos sentenciaron a dos años de limitación de libertad a cada una”, dijo la influencer al salir del juicio.
Según relató, el policía que presentó la querella había reclamado inicialmente un video de disculpa pública. Sin embargo, el abogado que lo representa solicitó dos años de privación de libertad para ella y dos años de limitación de libertad para su madre.
¿Cuál fue el origen del caso?
Un video grabado el 10 de marzo, cuando un agente de la seguridad del Estado Cubano llegó vestido de civil a su vivienda en Alamar para entregar una citación. El momento fue grabado y posteriormente publicado en redes sociales. El tribunal sostiene que durante la grabación quedaron expuestos datos personales del agente.
La defensa había intentado previamente que el proceso fuera anulado, argumentando que los hechos no constituían delito.
Esa solicitud fue rechazada por el tribunal que preside Marrero.
Otro dato sobre la jueza que ha llamado la atención, es que en el 2025 defendió una tesis de maestría en la Universidad de La Habana relacionada con el interés superior de los menores dentro de la justicia penal cubana.
Hoy, su actuación vuelve a ser cuestionada por activistas y organizaciones independientes.
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