La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incorporó a su lista de represores a Edward Roberts Campbell, fiscal cubano, y a la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, ambos vinculados directamente al proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado a cadena perpetua en Cuba.
La inclusión de ambos funcionarios se sustenta en su papel dentro de un sistema judicial señalado reiteradamente por organizaciones internacionales como un instrumento de represión política y castigo ejemplarizante, particularmente en casos de alto perfil o con connotaciones políticas.
Roberts Campbell, fiscal de carrera desde la década de 1980 y actual responsable del área de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades en la Fiscalía General de la República, fue el encargado de sostener la acusación que llevó a la condena definitiva de Gil.
Su trayectoria incluye cargos en fiscalías municipales, provinciales y militares, así como una prolongada presencia en la estructura central del Ministerio Público cubano.
Roberts Campbell fue el fiscal que pidió 10 años de cárcel para la joven influencer Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem de Cuba”, quien sigue a la espera de una sentencia oficial a más de nueve meses del juicio.
A pesar de ese historial, el fiscal ha participado en foros y seminarios internacionales sobre transparencia judicial y fortalecimiento del Estado de derecho, incluidos programas financiados por la Unión Europea orientados, en teoría, a la promoción de los derechos humanos y la modernización de los sistemas de justicia penal. Para la FHRC, esa doble condición —formación internacional y práctica represiva— agrava su responsabilidad.
Por su parte, la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, magistrada de la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, fue quien impuso la sanción de cadena perpetua al exministro.
Su nombre ya había sido vinculado a decisiones judiciales controvertidas, entre ellas la revisión en casación de sentencias contra manifestantes del 11 de julio de 2021 en La Habana, proceso en el que se mantuvieron la mayoría de las condenas de prisión, incluidas las de jóvenes.
Rodríguez Sánchez también integró delegaciones oficiales del régimen cubano ante organismos de Naciones Unidas, donde defendió el sistema penal de la Isla frente a denuncias de tortura, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra presos políticos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba documenta y expone la responsabilidad individual de jueces, fiscales y otros funcionarios que, desde sus cargos, contribuyen a la represión estatal. La incorporación de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez a su base de datos busca, según la organización, dejar constancia pública de su actuación y facilitar eventuales procesos de rendición de cuentas a nivel internacional.
La condena a Alejandro Gil, antiguo rostro visible de la política económica del régimen, marca así no solo la caída de un alto funcionario, sino también la exposición de los operadores judiciales que ejecutaron una sentencia considerada por activistas y juristas independientes como un acto político dentro de un sistema sin garantías de independencia judicial.
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