El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó al exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, a cadena perpetua por varios delitos, incluido espionaje.
Las vistas orales se celebraron entre el 11 y el 13 de noviembre, y posteriormente del 26 al 29 del mismo mes. El segundo juicio, realizado en el Tribunal de Marianao, se desarrolló sin anuncio previo y sin acceso de la prensa internacional, de acuerdo con confirmaciones de familiares y fuentes independientes citadas por Martí Noticias.
En la primera causa, el tribunal consideró a Gil Fernández responsable de espionaje y de otros delitos asociados a la actividad económica y a la protección de información clasificada. Por estos cargos, le fue impuesta una sanción conjunta de privación perpetua de libertad. En un segundo proceso, fue hallado culpable de delitos económicos, entre ellos cohecho continuado, tráfico de influencias y evasión fiscal, lo que derivó en una condena adicional de 20 años de prisión.
En ambos procesos, según el Tribunal, se aplicaron sanciones accesorias, incluidas la confiscación de bienes, la prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración de recursos y la privación de derechos públicos.
"Una vez resueltos los recursos contra las sentencias, de ratificarse su responsabilidad, se le formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas, tal y como prevé el Artículo 86 del Código penal vigente", refiere la nota oficial.
Tras el segundo juicio, la hermana del exministro, María Victoria Gil, dijo a Martí Noticias que hubo una “opacidad absoluta” en el proceso.
“Ni el noticiero dijo una palabra. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba”, afirmó. Según su testimonio, los hijos de Gil solo pudieron asistir a la vista tras firmar un documento de confidencialidad que les impide ofrecer declaraciones públicas.
María Victoria Gil aseguró que su hermano había admitido algunos delitos económicos, pero sostuvo que no actuó solo. “Los verdaderos responsables han desaparecido del proceso. Alejandro es el chivo expiatorio”, aseguró. También reveló que el presidente Miguel Díaz-Canel compareció como testigo de cargo, una decisión que calificó de “traición” tras años de cercanía personal y política entre ambos. A su juicio, el caso estaría impulsado por sectores militares afectados por la implementación de la Tarea Ordenamiento.
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