La propuesta de una empresa estadounidense para enviar grandes cargamentos de combustible al sector privado cubano ha desatado una intensa polémica, pero para el experto energético Jorge Piñón, el verdadero debate no está en la venta de combustible a Cuba, sino en cómo se manejará la operación dentro de la Isla y quién terminará beneficiándose de ella.
Washington desmintió el miércoles la aprobación de una licencia a Vanguard Energy para el envío masivo de combustible a Cuba.
Aunque la empresa Vanguard Energy anunció un acuerdo para enviar más de 250.000 barriles de gasolina y diésel mensuales al sector privado cubano mediante el arrendamiento de tanques de CUPET, el Departamento de Estado de Estados Unidos negó explícitamente que la compañía haya recibido alguna licencia específica para esta transacción.
En respuesta a consultas del Miami Herald, el Departamento de Estado aclaró: “Vanguard Energy no ha recibido ninguna licencia de EE.UU. para esta transacción. Las sanciones de la Administración Trump siguen vigentes en ausencia de orientación o licencia específica en contrario”.
Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, recordó que el combustible estadounidense ya está llegando a Cuba desde hace varios meses mediante contenedores especializados conocidos como ISO tanques.
“Esta transacción ya está sucediendo. Emprendedores cubanoamericanos en Estados Unidos ya están enviando combustible a Cuba. La diferencia ahora es el volumen”, explicó en entrevista exclusiva con Martí Noticias.
Según el especialista, mientras los actuales envíos se realizan en pequeños contenedores con capacidad aproximada para 150 barriles de combustible, la propuesta impulsada por Vanguard Energy contempla el envío de un buque petrolero con alrededor de 200.000 barriles de diésel y gasolina en una sola operación.
“Estamos hablando del equivalente a unos 1.400 ISO tanques en un solo viaje”, señaló.
El problema comienza cuando el barco llega a Cuba
Para Piñón, el principal obstáculo no es el transporte desde Estados Unidos, sino lo que ocurre una vez que el combustible llega a territorio cubano.
El experto recordó que las regulaciones estadounidenses prohíben que entidades del gobierno cubano obtengan beneficios comerciales o financieros de estas operaciones.
“Cuando ese tanquero llegue a Cuba tendrá que interactuar con entidades estatales. Hay que utilizar un puerto, pagar servicios portuarios, almacenar el combustible en instalaciones cubanas y manejar toda una cadena logística que hoy está en manos del Estado”, explicó.
Según Piñón, todavía no está claro qué entidad cubana participaría en el almacenamiento y manejo del combustible. Entre las posibilidades mencionó a CUPET, CIMEX o Cubametales.
“No sabemos exactamente cuál es la empresa cubana involucrada. Lo que sí sabemos es que almacenar, descargar y distribuir ese combustible tendrá costos, y ahí surge la pregunta de quién cobra y quién se beneficia”, indicó.
CUPET, CIMEX y el entramado energético cubano
El especialista también trató de aclarar la confusión existente entre entidades como CUPET, CIMEX, Cubametales y GAESA.
Explicó que las estaciones de servicio identificadas con la marca CUPET están operadas por CIMEX, mientras que Cubametales es la entidad encargada de importar y exportar combustibles.
“La infraestructura energética cubana está integrada por varias empresas estatales que participan en diferentes eslabones de la cadena”, explicó.
El tema ha cobrado especial relevancia después de que funcionarios estadounidenses recordaran que la Orden Ejecutiva 14404 prohíbe determinadas transacciones con entidades del gobierno cubano y con estructuras vinculadas al conglomerado militar GAESA.
¿Quién vigilaría el destino final del combustible?
Otro de los puntos que preocupa a Piñón es la capacidad real para garantizar que el combustible vendido a empresas privadas no termine beneficiando al aparato estatal.
Los promotores del acuerdo sostienen que existirán contratos, mecanismos de trazabilidad y programas de debida diligencia para asegurar que las mipymes privadas sean las únicas destinatarias.
Sin embargo, Piñón se muestra escéptico.
“¿Quién va a fiscalizar dentro de Cuba dónde terminó cada litro de gasolina? ¿Quién va a verificar que una empresa privada no revenda combustible a una entidad estatal?”, cuestionó.
El experto señaló que, aunque los contratos y declaraciones juradas pueden establecer obligaciones legales, el verdadero desafío será la supervisión práctica dentro de una economía altamente controlada por el Estado.
Una prueba para el futuro
A pesar de sus reservas, Piñón considera que el proyecto podría servir como un importante caso de estudio para futuras operaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba.
La manera en que se resuelvan los problemas regulatorios, logísticos y de cumplimiento permitirá medir hasta qué punto es posible desarrollar mecanismos de mercado en sectores estratégicos de la economía cubana sin violar las sanciones estadounidenses.
“La pregunta no es si el combustible puede llegar a Cuba. Ya está llegando. La pregunta es si puede hacerse a gran escala sin que el gobierno cubano obtenga beneficios prohibidos por las regulaciones estadounidenses”, concluyó.
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