El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el mes de julio se registraron al menos 356 acciones represivas en Cuba. La entidad detalló que la cifra incluye 54 detenciones arbitrarias y 302 abusos de otra índole por parte del régimen.
Yaxis Cires, director de estrategia de la entidad, conversó con Martí Noticias sobre el informe y afirmó "que el clima represivo en Cuba se mantiene y se recrudece".
Cires añadió que “más de 100 casos documentados fueron de retención de activistas opositores y ciudadanos comunes en sus propias viviendas para que no pudieran salir a ejercer determinados derechos”. El OCDH especificó que se contabilizaron 109 cercos policiales a residencias, además de 78 abusos contra prisioneros políticos y comunes, cortes de telecomunicaciones, hostigamientos, amenazas y citaciones.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey registraron la mayor cantidad de acciones represivas durante el mes en que se cumplía el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio.
La organización detalló que parte de los arrestos arbitrarios respondió a cacerolazos y manifestaciones por los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida.
Las detenciones también ocurrieron durante los operativos preventivos para impedir la asistencia de miembros de la sociedad civil, activistas, opositores, periodistas independientes, artistas y líderes religiosos a una recepción por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos en la residencia del jefe de misión estadounidense en La Habana.
El reporte documentó un marcado recrudecimiento de las violaciones contra los presos políticos mediante el uso de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, agresiones físicas, hostigamiento psicológico, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios y represalias contra quienes denuncian las condiciones de reclusión.
Entre las personas sujetas a tratos crueles y degradantes, el OCDH identificó a Lizandra Góngora Espinosa, José Antonio Pompa López, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez García, Leonard Richard González Alfonso y Roilán Álvarez Rensoler.
El informe registró asimismo graves deficiencias en el acceso a agua potable, alimentos, medicamentos e higiene, situaciones que provocaron huelgas de hambre entre los reclusos.
Sobre la situación en los centros de reclusión, Cires expresó: “Nos preocupa tremendamente la situación de represión dentro del sistema carcelario, afectando especialmente a los presos políticos que ya sufren por la injusticia de estar condenados y en prisión sin haber cometido delitos, y pero ahora también tienen que soportar los tratos crueles degradantes y las propias pésimas condiciones del sistema carcelario”.
En relación con los operativos de vigilancia domiciliaria y restricción de movimiento ejecutados por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, el informe citó los casos de Henry Constantin, Adela González Hernández, Jorge Olivera, Óscar Elías Biscet, Elsa Morejón, Alejandro García Arias, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, María Cristina Labrada, Berta Soler, Ángel Moya, Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo.
De igual manera, el OCDH documentó la vigilancia sobre Manuel Cuesta Morúa, María Mercedes Benítez, Adel Bonne Gamboa, Valdimir Turró Páez, Alberto Méndez Castelló, Yunia Figueredo Cruz, Berta Soler, Ángel Moya, además de familiares de prisioneros políticos del 11J como Wilber Aguilar, Layda Yirkis Jacinto Abad y Liset Fonseca Rosales. La lista de afectados incluyó también a la Dama de Blanco Yaima Elena Pérez López, al periodista Ángel Santiesteban-Prats, a Boris González Arenas, a quien le cortaron el servicio de internet, y al líder campesino Juan Carlos Hernández Saldívar, cuya finca fue cercada por la policía el 24 de julio.
Además, la organización indicó que el régimen aumentó significativamente la presencia policial y de tropas especiales en las calles de las principales capitales provinciales, fundamentalmente en La Habana, para inhibir la participación en conmemoraciones del quinto aniversario delas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, 11J, y otros eventos considerados sensibles por las autoridades.
Finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos citó en su informe restricciones de viaje como la prohibición de salir del país impuesta el 10 de julio al sacerdote católico Castor Álvarez Davesa, quien planeaba viajar a Estados Unidos para asistir a la ordenación episcopal de un religioso de origen cubanoamericano.
Al describir el panorama general de la isla, Cires sostuvo: “El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar. Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos”.
El director de estrategia del OCDH concluyó: “Es una situación que está pasando factura a la población en general. ¿Por qué? Porque el hambre, la falta de luz, la falta de medicina, la represión genera una huella negativísima en la vida, en la psicología, en el estado de salud de la gente. Por eso yo creo que hay que recrudecer la denuncia y aclarar bien toda la gravedad de lo que esta situación que hay en el país está implicando”.
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