El incendio que consumió, casi en su totalidad, al Museo Orlando Pantoja, ubicado en el poblado de Maffo del municipio santiaguero de Contramaestre, desencadenó una persecución policial que va más allá de la mera investigación técnica.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado sobre esta práctica que busca señalar culpables antes que determinar las causas reales del siniestro.
El Museo Orlando Pantoja, que resguarda la memoria histórica local, se encuentra en una región afectada, como el resto del país, por constantes apagones, falta de mantenimiento de sistemas eléctricos y escasez de recursos de bomberos.
Cubalex insiste en que, antes de militarizar las calles y llenar los calabozos de Contramaestre, el Estado cubano debería auditar las condiciones de seguridad de sus propios inmuebles públicos.
Alain Espinosa, abogado de la organización, analizó la situación penal de los implicados y el proceder de los órganos policiales, arrojando luz sobre un patrón de criminalización que suele repetirse en la isla ante incidentes en instituciones estatales.
“Es importantísimo decir que el pasado 14 de julio se venció el plazo límite que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU le había dado al gobierno cubano para que informara sobre el paradero de todos los detenidos por las protestas de Contramaestre, y no solamente por su paradero, sino por las condiciones en las que se encuentran, tanto físicas como mentales”.
La entidad de Naciones Unidas solicitó, además, a las autoridades cubanas que garantizara la comunicación directa con los familiares de los detenidos para poder corroborar cuál es la condición en la que se encuentran.
“Si bien algunos de los familiares han tenido unas visitas cortas y limitadas, hay que destacar que esas visitas no ponen a estas personas bajo legalidad ni evitan que continúen en desaparición forzada, porque uno de los elementos de la desaparición forzada es sustraer a la persona del actuar de la justicia”, precisó el especialista de Cubalex.
“El gobierno cubano no solamente está irrespetando todos los mecanismos de Naciones Unidas, sino que está violando su propia legislación”, señaló.
Tres de los jóvenes arrestados en relación con el incendio de un museo de la localidad, fueron liberados la semana pasada, Luis Alberto Leyva, de 20 años, Yordi Daniel Gómez Aguilar, de 21 años y Ángel Luis Leyva, de 18 cuya desvinculación de los hechos fue absoluta al demostrarse que esa noche cumplía con el Servicio Militar.
Continúan tras las rejas Ander Magdiel del Toro Suárez, de 15 años; José Ángel Borrero Zorrilla, de 17 y José Jorge Menéndez Vázquez de 17 años.
“Estos menores de edad en algún momento fueron coaccionados para autoinculparse e inculpar a un ciudadano de 29 años de nombre Vladimir Yanquis Pacheco, que también se encuentra detenido, con lo cual estamos observando una grave violación del derecho al debido proceso que está regulado tanto en la legislación interna como en los estándares internacionales”, apuntó el abogado.
A raíz de los arrestos en Contramaestre, Cubalex analizó que en ellos incidía la violación de la presunción de inocencia porque las detenciones se realizan bajo supuestos de culpabilidad previos a cualquier peritaje oficial que determine si el incendio fue accidental o provocado.
Del mismo modo, consideró que los familiares de los detenidos enfrentaron la habitual falta de información sobre los cargos, el lugar de reclusión de sus allegados durante las primeras horas de arresto y el uso del delito de 'Sabotaje' como herramienta política y permitir a la Fiscalía pedir condenas desmedidas, utilizándolas como un mecanismo de castigo ejemplarizante.
El Estado cubano ignoró la petición del Comité de la ONU: “Este incumplimiento del gobierno cubano demuestra su falta de voluntad política para someterse de manera voluntaria a la jurisdicción de los organismos internacionales y asumir sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, puntualizó Espinosa.
“Al desobedecer intencionalmente las comunicaciones y decisiones de estos órganos de la ONU y mantener bajo prisión provisional al menos a un menor de 15 años. Se está violando de manera flagrante lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y los estándares mínimos de derechos humanos”, recalcó.
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