América Latina
¿Cuba-Venezuela-FARC, Maduro y Odebrecht? todo lo que pudiera contar exfiscal Ortega
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, partió este martes hacia Brasil desde Colombia, adonde había llegado el pasado viernes tras denunciar una "persecución política" del gobierno de Nicolás Maduro, según la oficina de migración en Bogotá.
"El día de hoy salió rumbo a Brasil, la señora Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien hizo su correspondiente trámite de emigración ante las autoridades colombianas", señaló el organismo en un comunicado.
Ortega participará el miércoles en una cumbre de procuradores del Mercosur en Brasilia, horas después de que Caracas anunciara que pedirá su captura internacional.
"Venezuela va a solicitar ante la Interpol un código rojo a estas personas involucradas en delitos graves", dijo Maduro a corresponsales extranjeros, aludiendo a Ortega y su esposo.
El evento "contará con la presencia de la Procuradora General destituida de Venezuela, Luisa Ortega Díaz", señaló la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La institución dijo que no informaría detalles sobre su llegada, estadía ni el esquema de seguridad previsto para su paso por la ciudad.
"Todo lo que podemos decir es que ella estará en la PGR mañana a las 9 de la mañana (12H00 GMT)", se remitió a decir una asesora de la institución.
Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, huyeron de Venezuela rumbo a Bogotá. El lunes el gobierno de Juan Manuel Santos le ofreció protección y asilo, lo que desató las críticas de la cancillería venezolana.
Migración Colombia no confirmó de inmediato si la exfuncionaria salió en compañía de su pareja.
Ortega, una chavista de 59 años que rompió con el gobierno de Maduro, burló la prohibición de salir de Venezuela que le impuso el máximo tribunal dentro de una investigación que le sigue por supuestamente mentir en el ejercicio de sus funciones. Su esposo también está bajo investigación por presuntos delitos de corrupción.
El gobierno colombiano no ofreció otros detalles del viaje de Ortega a Brasil.
El lunes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que su país otorgará asilo a Ortega si lo solicita.
La decisión del mandatario colombiano fue calificada por Caracas como una medida "cínica" que amenaza con deteriorar aún más las tensas relaciones entre las naciones vecinas, en medio de la crisis política, económica y social en Venezuela.
"La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", escribió Santos en su cuenta de Twitter.
El expresidente colombiano, Andrés Pastrana (1998-2002) considera que otorgar asilo político a la exfiscal venezolana puede ser importante para Colombia si suministra información sobre "la injerencia de Venezuela y de Cuba en todo lo que fue el proceso de paz en el país".
"Su salida de Venezuela es importante para Colombia porque nos puede permitir contar, por primera vez, con alguien que va a revelar la verdad de las complicidades entre las FARC y el cártel de los soles (formado por generales venezolanos). Porque lo que hay en la actualidad en Venezuela es una narco-dictadura y la que tiene las pruebas es la ex Fiscal. Ojalá las entregue. Es a lo que le tiene miedo Maduro, porque no pudieron destruir las pruebas. Y para Santos también es una papa (patata) caliente. Va tener el temor de dejarla en Colombia y tiene razones para preocuparse porque ella sabe qué tipo de injerencia hubo de Cuba y Venezuela en el proceso de paz de las FARC", dijo Pastrana al periódico El Mundo.
A juicio de Pastrana, Ortega puede ser importante además para Colombia si suministra información sobre una eventual relación entre la guerrilla comunista de las FARC y el denominado "Cartel de los Soles".
"Lo que es claro, lo que hemos conocido y lo que se conoce, es que las FARC es el mayor proveedor de drogas del "Cartel de los Soles", apuntó Pastrana a EFE.
La situación de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, quien llegó a Bogotá junto a su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, es manejada por Colombia bajo estricto hermetismo, al tiempo que crecen las conjeturas sobre su futuro.
La fiscal vinculada antes al chavismo y que en los últimos meses marcó distancia del Gobierno de Nicolás Maduro aterrizó en Bogotá el pasado viernes, en el aeropuerto El Dorado, desde Aruba tras una travesía digna de Hollywood, que, según versiones de prensa, inició en Caracas, prosiguió en las costas de la Península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña.
Por su parte, el diario español El Mundo expresa que la fuga de la ex Fiscal Luisa Ortega tiene temblando a más de uno.
"Si decide contar lo que sabe, será la garganta profunda que siempre han buscado tanto los opositores al despótico régimen venezolano como los críticos de Juan Manuel Santos. Su profundo conocimiento del Gobierno chavista y su cercanía a Diosdado Cabello pueden resultar claves para destapar las conexiones entre dirigentes políticos, militares, guerrilleros de las FARC y narcotraficantes", apunta el diario.
La exfiscal ahora exiliada de Venezuela reiteró el viernes pasado que Nicolás Maduro está involucrado en el escándalo regional de sobornos que tiene por centro a la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, y dijo tener evidencias del caso.
Ortega atribuyó la "persecución sistemática" del Gobierno de Maduro hacia ella y el personal del Ministerio Público a su investigación de los sobornos de la multinacional brasileña a funcionarios del área.
"Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personajes que se enriquecieron, y que esta investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", afirmó la jurista.
[Redactado por Armando de Armas con información de la Agencia EFE y El Mundo]
Vea todas las noticias de hoy
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito
Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".
Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.
La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.
Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.
También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.
En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.
La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.
En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.
Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.
Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.
Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.
“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.
El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.
Foro