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Corte Penal Internacional anuncia examen preliminar sobre abusos en Venezuela


Un grupo de personas socorre a un manifestante herido tras enfrentarse a la policía durante una marcha antigubernamental en Caracas.

El organismo anunció las pesquisas dada la compleja situación que se vive en ese país, bajo la administración de Nicolás Maduro.

La fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, anunció este jueves la apertura de investigaciones preliminares sobre denuncias de crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Venezuela y Filipinas.

La pesquisa preliminar en Venezuela analizará las acusaciones iniciadas en abril de 2017 acerca de que las fuerzas del gobierno “utilizan con frecuencia fuerza excesiva para dispersar y sofocar manifestaciones” y habrían cometido “graves abusos” a detenidos, señaló la Fiscal, Fatou Bensouda, en un comunicado.

La investigación preliminar a Filipinas se refiere a crímenes cometidos desde julio de 2016 durante la campaña “guerra contra las drogas”, lanzada por su presidente, Rodrigo Duterte.

Según el comunicado de la Fiscal, en el caso venezolano se investigará la “fuerza excesiva” utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de “miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”.

Después que el Tribunal Supremo controlado por el gobierno dejara sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora se desencadenaron en Venezuela grandes manifestaciones y protestas.

La Fiscal de la Corte de La Haya reconoce que, en esas protestas, “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, lo que provocó “lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.

También recordó que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un “proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados.

La Fiscalía apuntó que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de “los hechos y circunstancias de cada situación” y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.

Qué se ha enviado a La Haya

En noviembre pasado la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, destituida por la ilegal Asamblea Constituyente, a la cual se opuso, solicitó a la Corte Penal Internacional aprehender y juzgar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de su régimen por crímenes de lesa humanidad, basándose en asesinatos cometidos por policías y militares bajo su control.

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Ortega dijo que la queja que presentó ante el tribunal de La Haya se fundamenta en las muertes de 8,290 personas entre 2015 y 2017 a manos de funcionarios que recibieron instrucciones del gobierno.

"[Ocurrieron] bajo las órdenes del poder ejecutivo, como parte de un plan de limpieza social llevado a cabo por el gobierno", dijo entonces a los periodistas en La Haya.

La acusación se refiere a incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios. Algunos de ellos tuvieron lugar durante una ofensiva contra las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y julio del año pasado y dejaron al menos 125 muertos.

El gobierno de Maduro acusó a Ortega de hacer la vista gorda ante la violencia de los partidarios de la oposición, y también le acusó de corrupción.

El pedido de Ortega también hacía referencia a homicidios que tuvieron lugar durante las redadas policiales conocidas como "Operaciones para liberar al pueblo", que fueron duramente criticadas por grupos de derechos humanos desde que comenzaron en 2015.

"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto", dijo la ex Fiscal.

La denuncia también acusaba a altos funcionarios como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo Enrique González López, de estar involucrados en los presuntos abusos.

Días más tarde un Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la oposición venezolana anunció desde Miami que presentó ante la Fiscalía del tribunal de La Haya una denuncia acompañada por pruebas que acusan a cerca de 60 funcionarios del régimen de Maduro de participar en crímenes de lesa humanidad.

Entre los altos jerarcas acusados en la denuncia se encontraban Maduro, Padrino López y González López; el ministro del Interior, Nestor Reverol; el ex comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres; el vicepresidente, Tareck El Aissami; y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

También, el director de la Policía Nacional Bolivariana, General de Brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda; y el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.

(Con información de EFE, Reuters, AP y El Nuevo Herald)

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