América Latina
Clamor internacional para que Maduro suspenda Constituyente
El llamado a suspender los comicios convocados para elegir la Asamblea Constituyente el próximo domingo 30 de julio, ha partido de instancias tan diversas como la OEA, Mercosur, Naciones Unidas, el Vaticano, la Unión Europea, personalidades políticas, deportistas y figuras del arte y la cultura.
La Asamblea Constituyente propuesta por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, como solución para resolver la crisis política que conmueve al país desde hace varios meses no solo ha polarizado el enfrentamiento con la oposición, sino que también ha despertado un coro internacional de voces opuestas al proyecto del mandatario venezolano.
El llamado a suspender los comicios para elegir la Asamblea Constituyente que tienen lugar este domingo 30 de julio, ha partido de instancias tan diversas como la OEA, Mercosur, Naciones Unidas, el Vaticano, la Unión Europea, personalidades políticas, deportistas y figuras del arte y la cultura.
El pasado 1 de mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría el poder de reorganizar los poderes del Estado e incluso podría redactar una nueva Constitución, que reemplace a la que rige al país desde 1999, con Hugo Chávez en el poder.
En la más reciente reacción internacional contra esa decisión un grupo de 13 países de la OEA suscribió este miércoles una declaración en la cual advierte que la instalación de ese organismo “implicaría eldesmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio".
La declaración está firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estado Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
El pasado viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, también conocida como Comisión de Venecia concluyó, después de un análisis jurídico exhaustivo“que solo el pueblo de Venezuela tiene el poder para convocar a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente mediante referendo. Es decir, el Poder Ejecutivo no tiene esta facultad”.
Almagro precisó que la Comisión de Venecia está integrada por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de España, República Checa, Finlandia, Perú y México.
La reacción internacional contra la convocatoria de Maduro, se acrecentó tras el “plebisicito ciudadano” organizado por la oposición el pasado 16 de julio, que acumuló 7.6 millones contra la propuesta del gobierno.
Un día después del plebiscito la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, exhortó a Maduro, “a suspender” el proceso y advirtió de que “todas las opciones, como las sanciones, están sobre la mesa.
“Obviamente siempre están todas las opciones sobre la mesa para su consideración política”, indicó Mogherini en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, al ser preguntada por la posibilidad de aplicar sanciones al régimen de Maduro.
La Cumbre del Mercosur, celebrada el pasado 21 de julio en Mendoza, Argentina, expresó “su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela”.
“Los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México, hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos”, afirmó la declaración.
Este miércoles, Estados Unidos anunció sanciones contra 13 funcionarios y ex funcionarios de Venezuela, aumentando la presión para que Maduro abandone sus planes de Constituyente.
"Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con ellos", señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin,
La medida siguió a una advertencia hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el plebiscito.
"Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas", afirmó entoncesTrump en un comunicado.
Luego de mediar en un diálogo entre la oposición y el gobierno que concluyó en fracaso, el Vaticano se ha pronunciado en correspondencia con la posición de la Conferencia de Obispos de Venezuela que ha hecho reiterados llamados a Maduro para que retire su propuesta de Constituyente y realice las elecciones pendientes.
En ese sentido el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, declaró el pasado 19 de mayo que la situación que atraviesa Venezuela está adquiriendo un nivel "dramático" y la solución verdadera es la celebración de elecciones.
"Yo ya lo he dicho y aquí lo repito, que en este punto la solución verdadera es la de las elecciones: dar al pueblo la posibilidad de expresarse según lo que quiera", declaró el cardenal a Radio Vaticana. El secretario de Estado dijo que ese recurso a las urnas significa volver a dar la soberanía al pueblo y permitirle determinar su presente y su futuro.
"Por lo tanto, no podemos más que expresar nuestra esperanza de que esto suceda, porque aquello está convirtiéndose en (algo) verdaderamente dramático y corre el riesgo de ser aún más dramático", dijo el cardenal.
Dos semanas después, el 8 de junio, un grupo de obispos de Venezuela se reunió con el papa Francisco para entregarle un informe sobre la crisis del país. Asimismo la Santa Sede había respondido una carta de un grupo de expresidentes de Latinoamérica preocupados por la crisis venezolana, resaltando la importancia de realizar elecciones “constitucionalmente previstas”, refiriéndose a las elecciones de gobernadores y alcaldes, retrasadas desde el 2016.
Naciones Unidas también se sumó a las voces críticas, desde la primera semana de mayo. Según la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU Ravina Shamdasani cualquier cambio en la Constitución de ese país “debe ser transparente e incluyente”.
“Cualquier proceso constitucional, cualquier reforma que sea propuesta por el presidente (Nicolás Maduro) o por otros sólo puede tener éxito y resultados duraderos si es transparente e incluyente, si tiene en cuenta todas las opiniones políticas y sociales y si adopta los elementos esenciales de la democracia y busca proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dijo Shamdasani durante en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).
Por su parte el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se sumó al clamor internacional al anunciar en su cuenta de Twitter que “para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente”.
Santos viajó a La Habana en busca de apoyo del gobernante Raúl Castro, para adelantar una negociación en Venezuela y uso un controvertido plural en su cuenta de Twitter desde La Habana, luego de su reunión con Castro, que algunos interpretaron como una decisión de amgos mandatarios.
Sin embargo este miércoles Cuba despejó cualquier duda sobre su posición ante la crisis venezolana.
"Hace pocos días un influyente diario estadounidense elucubraba sobre el presunto involucramiento de nuestro país en una eventual mediación internacional relacionada con la situación en Venezuela", dijo Machado Ventura.
"Cuba rechaza rotundamente tales insinuaciones", recalcó, aludiendo al diario británico Financial Times.
(Redactado por Pablo Alfonso, con información de agencias y redes sociales)
Vea todas las noticias de hoy
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Foro