Un informe de Miranda Center for Democracy revela que en Cuba y Venezuela, las fuerzas armadas no son solo instrumentos de coerción sino actores económicos que poseen, operan y obtienen beneficios de sectores sustanciales de la economía nacional, para garantizar la supervivencia política.
El reporte resalta que tanto en Venezuela como en Cuba, el control económico no es un subproducto de la corrupción sino un mecanismo deliberado para mantener los regímenes chavista y castrista.
La investigación destaca las similitud del funcionamiento de las empresas militares en ambos países para permitir el control de los mercados, el desvío de la riqueza hacia estructuras opacas, incluyendo compañías offshore en Panamá, España, Luxemburgo y otros destinos, y, al mismo tiempo, dar a las fuerzas armadas la capacidad material de influir en los resultados políticos sin necesidad de un golpe de Estado tradicional.
El Miranda Center concluye que desmantelar estas estructuras militares y económicas no es un paso posterior a una eventual transición democrática, sino una condición previa.
“Cuando las fuerzas armadas poseen el balance general, el control económico se convierte en la moneda que compra la supervivencia política”, afirma el informe.
David Smolansky, presidente y fundador de Miranda Center for Democracy dijo a Martí Noticias que para que exista un verdadero cambio a la democracia en los dos países "es necesario reducir la presencia de las fuerzas armadas en los espacios civiles".
Smolansky recordó a Martí Noticias que el intercambio por el aparato represivo cubano fue de 63.800 millones de dólares. Según el informe de su organización publicado en marzo de 2026, las más de dos décadas de subsidios petroleros al régimen comunista de Cuba se reciprocaron con servicios clave para el aparato represivo de terror del chavismo, información de inteligencia y apoyo militar al régimen chavista por parte de los cubanos.
GAESA, “Estado dentro del Estado”
En Cuba, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) controla entre el 40 % y el 50 % de la economía, otras estimaciones aseguran que llegan a dominar hasta el 70 %.
Según Miranda Center for Democracy, Venezuela reproduce la misma lógica política con una arquitectura institucional diferente.
En lugar de un único holding, existen 44 entidades vinculadas al aparato militar, 24 empresas y 20 fundaciones, que operan bajo el Ministerio de Defensa.
Al menos 103 oficiales militares ocupan asientos en juntas directivas de empresas estatales, y no se publican reportes de rendición de cuentas financieras.
Según el informe, en el caso cubano, el conglomerado militar que controla turismo, comercio exterior, banca, remesas, logística y una parte significativa de la infraestructura petrolera, también se caracteriza por su total opacidad y una extrema concentración del poder, bajo el control de, al menos, 15 personas ligadas a la familia Castro.
GAESA no publica estados financieros, no figura en el presupuesto nacional y no puede ser auditado por la Contraloría General ni por la Asamblea Nacional de Cuba
Documentos filtrados citados por el Miami Herald indicaban que en 2024 manejaba al menos 17.900 millones de dólares en activos, incluyendo más de 14.400 millones en cuentas bancarias (cifras superiores a las reservas internacionales de varios países de la región).
El conglomerado funciona como un “Estado dentro del Estado”, con empresas como CIMEX, Fincimex y el Banco Financiero Internacional (BFI) que canalizan divisas y operaciones offshore.
La investigación subraya que esta estructura no es un accidente: fue diseñada para concentrar recursos en un círculo reducido cercano a la familia Castro y evitar que el ejército en su conjunto tuviera acceso directo a grandes sumas de dinero.
Venezuela, arquitectura diferente pero mismo objetivo
El informe describe tres capas principales en el caso de las empresas militares venezolanas.
Finanzas: BANFANB (Banco de las Fuerzas Armadas, 99 % de propiedad militar), Seguros Horizonte (segunda aseguradora del país) y otras entidades que crean un circuito monetario cerrado.
Extracción: CAMIMPEG opera en petróleo, gas y minería (incluyendo licencias en el Arco Minero del Orinoco). Participa en la rehabilitación de pozos de PDVSA y en zonas vinculadas a grupos armados ilegales.
Mercados de consumo: Complejo Industrial Tiuna (textiles, electrodomésticos), AGROFANB (agricultura a gran escala), EMILTRA (carga), EMSOVEN (ensamblaje de vehículos) e incluso una red de televisión digital que vende espacios publicitarios. El IPSFA (Instituto de Pensiones de las Fuerzas Armadas) se transformó en un conglomerado de construcción, banca y venta de vehículos.
Un mecanismo recurrente es el de las empresas mixtas 51/49: el componente militar aporta el peso institucional, las licencias y el acceso estatal (51 %), mientras un socio privado aporta capital y expertise (49 %) a cambio de acceso preferencial a divisas oficiales. Ejemplos citados incluyen un acuerdo de 400 millones de dólares entre CAMIMPEG y Southern Procurement Services, y una joint venture de CAVIM con Grupo Atahualpa.
Actualmente, aseveró Smolansky, "Venezuela y Cuba atraviesan momentos políticos distintos".
"En el caso venezolano, podría ocurrir un desmantelamiento progresivo del sistema actual, a pesar de que figuras clave del régimen, como Diosdado Cabello, sigan reteniendo posiciones de poder", opinó.
La investigación completa, que incluye mapas de entidades, diagramas de flujos financieros y el análisis comparativo detallado, está disponible en el sitio del Miranda Center for Democracy.
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