La Asamblea Nacional de Venezuela recibió este miércoles la renuncia del fiscal general de ese país, Tarek William Saab, una de las figuras más cuestionadas del sistema judicial del régimen venezolano.
En sesión del parlamento de Venezuela, el presidente del poder legislativo, Jorge Rodríguez, informó sobre las renuncias de Tareck William Saab y también de Alfredo Ruiz Angulo, quien ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo.
"He recibido sendas cartas dirigidas a mí, presidente de la Asamblea Nacional, mediante las cuales el ciudadano Tarek William Saab, Fiscal General de la República, y el ciudadano Alfredo Ruiz Angulo, Defensor del Pueblo, expresan su decisión voluntaria de renunciar a sus cargos. Aquí están las misivas", declaró Rodríguez mientras exhibía las cartas ante los diputados.
"De conformidad con el procedimiento constitucional, se requiere la designación de un Comité de Postulaciones para seleccionar a los nuevos titulares del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, por mayoría, se incluye en el orden del día la designación de autoridades encargadas para ambos cargos de manera interina, mientras se instala y ejecuta dicho comité", declaró el hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Saab asumió el control del Ministerio Público en 2017, tras la destitución de la anterior fiscal Luisa Ortega Díaz.
Desde entonces, la Fiscalía venezolana fue acusada por organizaciones de derechos humanos de actuar como brazo político del régimen, promoviendo procesos judiciales contra dirigentes opositores, activistas, militares disidentes y periodistas críticos.
Una misión independiente de determinación de hechos de la Organización de las Naciones Unidas concluyó en sus informes que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, señalando patrones de persecución, detenciones arbitrarias y torturas, y cuestionando la falta de independencia del Ministerio Público.
Estados Unidos impuso sanciones a Tarek William Saab en julio de 2017, cuando ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo (Ombudsman) y Presidente del Consejo Moral Republicano.
El Tesoro lo designó como Individuo Especialmente Designado (SDN) por su rol en acciones que, según EE.UU., socavaban la democracia y los derechos humanos en Venezuela, particularmente en el contexto de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 impulsada por Nicolás Maduro.