A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:
"La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato", declaró el Secretario de Estado Marco Rubio. "No toleraremos su ataque a la soberanía de los Estados".
Para abordar los abusos de poder de la CPI, el Secretario Rubio designó a dos funcionarios de dicho tribunal: su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, y el abogado principal de la fiscalía, el senegalés Abdoulaye Seye. Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la Corte.
La CPI ha intentado reiteradamente ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han consentido su jurisdicción ni han ratificado el Estatuto de Roma. Esto sienta un precedente peligroso para todas las naciones. Por ello, el Secretario Rubio anunció en julio una campaña integral para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense.
La campaña contempla una respuesta conjunta de todo el gobierno para anular sistemáticamente la capacidad de la CPI de operar, de tomar como objetivo a militares o funcionarios estadounidenses o de amenazar de cualquier otra forma la soberanía de Estados Unidos.
La CPI reivindica la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos.
"Los estadounidenses nunca aceptaron esto", afirmó el Secretario Rubio, "y todos los presidentes estadounidenses desde la ratificación de la CPI han sostenido que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre los estadounidenses. La CPI abrió anteriormente una investigación sobre militares y agentes de inteligencia de EE. UU. y, desde entonces, se ha negado a cerrar estos casos".
"La CPI busca ahora convertirse en un árbitro mundial sin rendición de cuentas, situándose por encima del Estado-nación como un brazo ejecutor supranacional de una burocracia globalista facultada para perseguir a discreción a militares y funcionarios estadounidenses. Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para desmantelar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses", declaró Rubio.
La campaña incluirá una amplia gama de medidas destinadas a garantizar que la Corte Penal Internacional sea incapaz de amenazar la soberanía de EE. UU. o de tomar como objetivo a ciudadanos estadounidenses.
"Nuestra campaña, que involucra a todo el gobierno, para desmantelar la amenaza que la CPI supone para la soberanía nacional será de gran alcance", afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
"Esperamos que más países se unan a nuestra iniciativa retirando su financiación y su participación en este tribunal politizado y exento de rendición de cuentas. Debe cesar la capacidad de la CPI para perseguir a ciudadanos estadounidenses y a nacionales de otros países que no son Estados parte", agregó el cubanoamericano.
La administración del presidente Donald Trump está preparada para adoptar medidas adicionales con el fin de desmantelar la CPI hasta que esta sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense.