A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos:
Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo los tribunales temporales y otros mecanismos multilaterales creados para procesar a señores de la guerra y a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
También cuenta con su propio sistema de justicia independiente y sólido, que actúa como contrapeso frente a los otros dos poderes del Estado en cuestiones como los derechos humanos.
Sin embargo, en diciembre de 2000, antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) entrara en vigor, el entonces presidente Bill Clinton señaló "fallos significativos" en el Estatuto de Roma y aconsejó a su sucesor que se abstuviera de someter el tratado al Senado de los EE. UU. para su ratificación.
"En particular", escribió: "Nos preocupa que, cuando la Corte comience a funcionar, no solo ejerza autoridad sobre el personal de los Estados que han ratificado el tratado, sino que también reclame jurisdicción sobre el personal de los Estados que no lo han hecho".
El presidente Clinton señaló que Estados Unidos debía tener la oportunidad de "observar y evaluar el funcionamiento de la Corte a lo largo del tiempo"; desde su mandato, presidentes de ambos partidos se han abstenido de adherirse a la CPI, citando preocupaciones fundamentales sobre la vulneración de la soberanía.
Estas preocupaciones se han intensificado en los últimos años, según señaló el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un artículo reciente en Substack:
"Al principio, se presentó como un mecanismo de último recurso de alcance limitado para procesar los crímenes más graves. Ahora, la CPI y sus aliados buscan establecer un tribunal mundial permanente con un alcance casi ilimitado, facultado para anular los tribunales y las constituciones de EE. UU. y de otros Estados soberanos, así como para procesar y detener a nuestros ciudadanos".
En los últimos años, la CPI ha reclamado el derecho a procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos, a pesar de que este país no es signatario del tratado. Ha iniciado investigaciones contra militares y agentes de inteligencia estadounidenses que se ha negado a cerrar. El secretario Rubio también citó un caso de represalia:
«Cuando 12 senadores estadounidenses escribieron al fiscal de la CPI expresando sus preocupaciones, la oficina del fiscal los acusó de cometer delitos... La interferencia de la CPI en las operaciones militares y de las fuerzas del orden de Estados Unidos no solo constituye una grave extralimitación de sus supuestas competencias. Supondría la muerte de Estados Unidos como nación soberana e independiente», escribió el secretario Rubio.
Por este motivo, Estados Unidos está emprendiendo un esfuerzo conjunto de todo el gobierno y una campaña diplomática para sancionar y desmantelar la CPI.
«Quienes se benefician de la seguridad que ofrece Estados Unidos no deben permanecer impasibles mientras se ataca a quienes proporcionan dicha seguridad.
Ninguna opción diplomática quedará descartada en la campaña para eliminar la amenaza que la CPI representa para los estadounidenses», escribió el secretario Rubio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre protegerá a los miembros de las fuerzas armadas y a los ciudadanos estadounidenses frente a amenazas de agresión internacional.
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