Estados Unidos anunció este martes sanciones a Tomoko Akane, una jueza japonesa que ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la Administración Trump está sancionando a la presidenta de la CPI y al fiscal principal Abdoulaye Seye, de Senegal, como parte de una "misión inquebrantable de proteger a los estadounidenses de esta farsa de tribunal".
"Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la Corte", argumentó Rubio.
"El mes pasado lancé una campaña diplomática para desmantelar la amenaza que representa la CPI para nuestra soberanía nacional", recordó el jefe de la diplomacia estadounidense.
"En honor a nuestra Declaración de Independencia, los estadounidenses nunca serán trasladados al extranjero para ser juzgados por supuestos delitos", aclaró el cubanoamericano, también al frente de la Seguridad Nacional de EEUU.
El tribunal de La Haya fue creado en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.
En virtud de la Orden Ejecutiva 14203, titulada "Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional", Washington impuso sanciones selectivas a varios funcionarios de la CPI, entre ellos fiscales y jueces, alegando las órdenes de detención dictadas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre los soldados estadounidenses en Afganistán.
La Administración Trump considera que la Corte Penal Internacional es un tribunal "supranacional corrupto y profundamente politizado, que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato".
"No toleraremos su ataque a la soberanía estatal. La CPI ha intentado reiteradamente ejercer autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han consentido su jurisdicción ni han ratificado el Estatuto de Roma. Esto sienta un precedente peligroso para todas las naciones", añade Rubio.
"Nuestra campaña gubernamental integral para desmantelar la amenaza que representa la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance, y esperamos que más países se unan a ella retirando su financiación y su participación en este tribunal politizado y exento de rendición de cuentas. Debe cesar la capacidad de la CPI para tomar como objetivo a ciudadanos estadounidenses y a nacionales de otros países que no son Estados parte. La Administración Trump está preparada para adoptar medidas adicionales, de ser necesario, a fin de desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense", concluye el Departamento de Estado.
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