Sumario
- Las 185 agresiones registradas muestran una estrategia estatal cada vez más dirigida contra ciudadanos comunes, ampliando el alcance de la vigilancia y el castigo más allá de activistas y periodistas.
- El ciudadano que graba una protesta con su móvil o el vecino que expresa su malestar en redes sociales son hoy objetivos prioritarios de los órganos de control.
El ejercicio de las libertades fundamentales en Cuba ha cruzado un umbral crítico. Según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), marzo se ha consolidado como uno de los meses más sombríos en este sentido, registrando un total de 185 agresiones.
La cifra un aumento del 44% respecto al mes anterior, evidencia una estrategia estatal sistémica, institucional y capilar.
Lo que más destaca del reporte no es solo el volumen de los ataques, sino quiénes son las víctimas: Más de la mitad de las agresiones fueron dirigidas contra ciudadanos comunes, lo que continúa un proceso de giro iniciado pocos meses atrás en el que la represión ya no busca únicamente silenciar a figuras visibles del activismo o el periodismo independiente sino que persigue cualquier atisbo de inconformidad en la población general.
El ciudadano que graba una protesta con su móvil o el vecino que expresa su malestar en redes sociales son hoy objetivos prioritarios de los órganos de control afirma la recopilación de la entidad con sede en Miami.
El Estado cubano parece haber diseñado una red de vigilancia que castiga no solo el disenso político, sino también el descontento social derivado de la crisis económica y la pérdida de legitimidad del régimen, apunta.
El informe del ICLEP revela una "metamorfosis" en los métodos represivos. Si bien las detenciones arbitrarias (50) y las amenazas (57) siguen siendo el brazo ejecutor inmediato, el crecimiento del "uso abusivo del poder estatal" (21.1%) apunta a una institucionalización del castigo.
Asimismo, evidencia que el sistema judicial y administrativo es una herramienta de criminalización, donde leyes ambiguas transforman opiniones en delitos.
Especialmente grave es la situación en los centros penitenciarios, descritos en el informe no solo como lugares de reclusión, sino como instrumentos de tortura psicológica e incomunicación. Durante marzo, se documentaron 14 hechos de violaciones directas a derechos penitenciarios, demostrando que el castigo por expresarse se extiende y se intensifica una vez que el ciudadano entra en el sistema penal.
Para la prensa independiente, el panorama es de asfixia. Aunque representan el 17.8% del total de agresiones, los ataques se concentraron en apenas 17 víctimas. Este hostigamiento reiterado y focalizado sugiere una intención clara de forzar el exilio de los pocos informadores que aún operan dentro del país.
La colaboración entre la Seguridad del Estado, la policía y la empresa estatal ETECSA —encargada de los cortes de internet y restricciones digitales— demuestra una acción coordinada para apagar cualquier foco de información no controlada por el Partido Comunista, concluye el informe.