Helms-Burton: la parte de la ley que el régimen nunca explica (VIDEO)

Sanciones. Crueldad. Bloqueo. Con esas tres palabras el régimen cubano ha explicado la Ley Helms-Burton durante casi tres décadas. Es la versión que se repite en la prensa oficialista, en los discursos de la maltrecha diplomacia cubana y en cada votación anual en Naciones Unidas. Pero la ley que Bill Clinton firmó el 12 de marzo de 1996, cuyo nombre oficial es Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD), dice bastante más.

Uno de sus títulos detalla qué haría Estados Unidos si Cuba comenzara a cambiar: ayuda humanitaria, estabilización económica, financiación, comercio, reforma institucional e incluso una negociación sobre la Base Naval de Guantánamo. Ese es el capítulo que casi nunca se les cuenta a los cubanos.

Helms-Burton: la parte de la ley que el régimen cubano prefiere ocultar

¿Qué es la Ley Helms-Burton?

La Ley Helms-Burton es una ley federal de Estados Unidos que lleva el apellido de sus impulsores, el senador Jesse Helms y el congresista Dan Burton y se firmó semanas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, un hecho que la ley condena de forma expresa.

Tiene cuatro títulos. El primero refuerza las sanciones internacionales contra el régimen cubano y codifica el embargo como ley. El segundo, “Ayuda a una Cuba libre e independiente”, que el régimen casi nunca menciona, define qué se entiende por un gobierno de transición y por un gobierno democráticamente electo, y detalla la ayuda que Cuba podría recibir en cada caso. El tercero permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes se lucren con propiedades confiscadas en la isla, y el cuarto prevé negar visas a quienes trafiquen con esos bienes.

El Título II sólo entra en juego si el presidente de Estados Unidos determina que existe en Cuba un gobierno de transición. Además, al haber quedado el embargo codificado como ley, un presidente estadounidense en ejercicio no puede levantarlo por sí solo, sin que se cumplan las condiciones que la propia ley establece.

Su Título III además creó un derecho de demanda para quienes sufrieron la confiscación de propiedades en la isla y permite demandar a las empresas que se lucren con bienes nacionalizados por el castrismo. La ley autoriza al presidente a suspender esa disposición por periodos de hasta seis meses, y los mandatarios lo hicieron una y otra vez hasta que se activó definitivamente en 2019, durante el primer periodo en la Casa Blanca de Donald Trump (2017-2021).

La Helms Burton codifica como ley el embargo, tal como existía en 1996, y otorga al Congreso facultades para determinar su fin. El Capitolio de los Estados Unidos el 27 de octubre de 2026. REUTERS/Umit Bektas

Una ley nacida de la urgencia

Cuatro años antes de que se promulgara la Ley Helms Burton, el Congreso norteamericano aprobó en 1992 la Ley para la Democracia en Cuba, conocida como Ley Torricelli. Llegó cuando el comunismo se desmoronaba en Europa del Este y La Habana se negaba a abrirse, a diferencia de sus antiguos aliados.

Dicha ley, además de los intereses de seguridad de Estados Unidos, incorpora entre las justificaciones de su existencia, los abusos del régimen contra su propia población. Endureció el embargo en varios frentes. Restringió la ayuda a países que comerciaran con la isla, cerró los puertos estadounidenses durante 180 días a los barcos que hubieran tocado Cuba, prohibió el comercio de las filiales extranjeras de empresas norteamericanas y limitó los viajes y las remesas.

Pero también trazó un camino de salida. Prometía levantar las sanciones y apoyar el ingreso de Cuba en los organismos financieros internacionales si el país celebraba elecciones libres con participación de la oposición, respetaba los derechos humanos, adoptaba una economía de mercado y dejaba de apoyar a grupos que buscaran derrocar gobiernos por la fuerza.

Esa combinación de presión y condiciones es la que la Helms-Burton retomó en 1996 y desarrolló con mucho más detalle. Para entenderla hay que volver a 1990, advierte el economista Elías Amor. Cuba acababa de perder el respaldo de la Unión Soviética y del bloque del Este, y según su análisis el PIB cayó cerca de un 40% en pocos meses. Después siguieron años sin recuperación.

“Cuando cayó el imperio de la Unión Soviética y se vino abajo el telón de acero, se pensó que a Cuba le iba a pasar lo mismo”, recuerda Amor. Quienes redactaron la norma querían, por un lado, impulsar el cambio. Por otro lado, querían que los que se pusieran al frente de la transición supieran que “iban a tener allí una mano tendida”.

Amor compara el modelo con el de Europa del Este: “Todos los países comunistas de Europa del Este tuvieron en Alemania la ayuda necesaria para salir”. Cuba, dice, no tenía a nadie que la ayudara, y Estados Unidos dio ese paso.

Fue, además, un logro del exilio, sostiene Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

La ley lleva los apellidos de Jesse Helms y Dan Burton, pero nació también del trabajo del exilio cubano. Desde la Fundación Nacional Cubano Americana, Jorge Mas Canosa lideró el cabildeo que llevó las sanciones al Congreso, y cubanoamericanos como Lincoln Díaz-Balart, Bob Menénez e Ileana Ros-Lehtinen llevaron esa causa desde dentro del Capitolio. El propio Díaz-Balart afirmó que lo más importante que logró fue “codificar en el Congreso de EEUU las sanciones contra la dictadura cubana”.

Los legisladores Lincoln Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen el 12 de agosto de 2015, en Miami. Ros-Lehtinen dijo que la Helms-Burton debió llamarse 'Ley Lincoln Díaz-Balart' por su aporte la redacción y promoción. AP Photo/Wilfredo Lee

“El que la potencia más grande del mundo, que es nuestro vecino a 90 millas, esté comprometida por ley con nuestra libertad y nuestra democracia, es un logro de la política norteamericana hacia Cuba. Y eso no lo logró el régimen, eso lo logró el exilio cubano”, afirma Gutiérrez-Boronat, que destaca el duro y persistente trabajo del exilio ante el Congreso.

Para Amor, la ley es “un compendio legal bipartidista, porque tanto lo aprobaron los demócratas como los republicanos, y eso le da mucha fuerza y mucha solvencia”.

La ley también recogió un contexto inmediato cuando se redactó. Incluye una condena expresa al ataque cubano contra aeronaves estadounidenses, que se convirtió en un catalizador decisivo para que la norma fuera aprobada

La Sección 116 de la ley condena el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles desarmadas de Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro hombres, tres de ellos ciudadanos estadounidenses, y el Congreso lo calificó de acto de terrorismo y de asesinato a sangre fría. Treinta años después, el caso sigue abierto: en mayo de 2026 el Departamento de Justicia hizo pública una acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, y cinco coacusados, con cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro asesinatos.

A esa acusación federal contra Castro, se suma ahora una orden de arresto estatal sin fianza emitida en Florida por conspiración para cometer asesinato en el mismo caso.

Estados Unidos ante una transición en Cuba

La ley distingue dos etapas. Gutiérrez-Boronat insiste en que el centro de la ley es lo que tiene que ocurrir en Cuba para que Washington respalde el proceso. “Es una ley fundamental porque subordina la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba al logro de la democracia y la libertad en Cuba”, explica.

La primera etapa no exige que la transición haya terminado. Comienza cuando el presidente de Estados Unidos determina que existe un “gobierno de transición”. Con esa determinación, tras consultar al Congreso, queda autorizado a tomar medidas para suspender el embargo. Si más adelante determina que existe efectivamente un gobierno democráticamente electo, la ley dispone avanzar hacia la terminación definitiva del embargo, que sería la segunda parte.

“Estados Unidos irá quitando sanciones, aguantando otras, hasta que vea en el terreno de los hechos una verdadera devolución de la soberanía del pueblo de Cuba”, resume el activista.

El Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, Secretario General de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en conferencia de prensa en la sede de la organización, en Miami.

Para la primera etapa, la ley contempla asistencia para alimentos, medicamentos, suministros y equipos médicos. Incluye también ayuda para necesidades energéticas de emergencia, algo muy pertinente para la crisis actual que viven millones de cubanos, con apagones de hasta 90 horas. La asistencia queda sujeta a autorización y disponibilidad de fondos estadounidenses, y la ley prevé coordinar con otros países, instituciones financieras y organismos multilaterales.

“Esa ley no aísla al pueblo de Cuba. Esa ley facilita y autoriza asistencia al pueblo de Cuba ahora mismo”, afirma Gutiérrez-Boronat. Subraya que, en su visión, “el protagonista del cambio es el pueblo de Cuba”.

Para un gobierno democráticamente electo, la ley contempla financiación, garantías, apoyo a las inversiones y asistencia para estabilizar la moneda. Amor destaca un punto que considera clave: la apertura a los organismos económicos internacionales. “Hoy por hoy Cuba no tiene acceso al crédito internacional, o lo tiene muy limitado. Esa era una de las medidas de apoyo más importantes”, señala.

La ley habla también de preferencias comerciales y de la posibilidad de negociar la incorporación de Cuba al entonces TLCAN, hoy T-MEC. Para Amor, eso significaría volver a una relación natural entre dos países separados por 90 millas. “No se puede ir en contra de la razón histórica”, dice. En su opinión, un vínculo comercial con financiación sería “un estímulo económico absolutamente espectacular”.

El Título II prevé así mismo asistencia para preparar a las Fuerzas Armadas cubanas para un papel adecuado en una democracia. Gutiérrez-Boronat lo describe como convertirlas en una fuerza “al servicio de toda la nación y no de un partido ni de una familia”.

Sobre Guantánamo, Estados Unidos se declara dispuesto a negociar con un gobierno democrático la devolución de la base naval o la renegociación del acuerdo. “Cuando el pueblo cubano sea soberano una vez más, entonces Estados Unidos está dispuesto a hablar sobre esa base”, afirma.

Militares estadounidenses en la Base Naval de Guantánamo, durante la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth, en junio de 2026. EEUU contempla negociar con un gobierno democrático la devolución de la base o la renegociación del acuerdo.

Las condiciones que el régimen omite

Ninguna de las ayudas o aperturas es incondicional, y ahí está el núcleo de la ley. Para considerar que existe un gobierno de transición, la Helms-Burton exige, entre otros requisitos, legalizar toda la actividad política, liberar a los presos políticos y comprometerse a celebrar elecciones libres.

La ley añade una exclusión expresa: ni Fidel ni Raúl Castro pueden encabezar ese gobierno de cambio.

El listón sube para un “gobierno democráticamente electo”, definido en la Sección 206. En ese caso, la Ley exige elecciones supervisadas internacionalmente, un poder judicial independiente y una transición sustancial hacia una economía de mercado.

La liberación total e incondicial de los presos políticos, un reclamo histórico de la sociedad civil cubana recogido en la ley Helms-Burton. Foto: OCB-Martí Noticias

Gutiérrez-Boronat lo resume así: “Si no hay cambios jurídicos tampoco se sostiene una transición”.

Elías Amor lo ve igual. Destaca que los redactores plantearon hace más de 30 años que las reformas económicas y políticas debían ir “al mismo tiempo”, algo que hoy también se repite en el debate sobre Cuba. Añade una advertencia: ninguna ayuda externa sustituye el trabajo interno. “Desde fuera te pueden dar ayuda, estímulos, financiación, abrirte puertas, pero primero hay que trabajar dentro de la economía cubana. Eso no se consigue poniendo la mano para que te pongan ahí el dinero. Se tiene que conseguir haciendo los deberes.”

La Habana ha negado la explicación real de la ley casi en bloque, justo desde su promulgación. El economista lo explica así: “El régimen dice: ´esta ley quiere cambiarnos, y nosotros no queremos cambiar, por lo tanto esta ley no nos sirve´”.

El secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana opina que la ley incomoda porque señala la ilegitimidad del régimen: “La ley no pudiera existir si este régimen hubiera cumplido con sus promesas fundacionales”. Según él, el régimen ofreció elecciones libres y la restauración de la Constitución, y no cumplió. Su conclusión: “Es un conflicto entre un pueblo y una dictadura” que La Habana lo ha convertido en uno entre Cuba y Estados Unidos.

Un camino escrito, no una promesa

Gutiérrez-Boronat cree que la ley aumenta la probabilidad de una "transición exitosa", y recuerda que “las transiciones fallidas que conocemos no tuvieron una ley que las respaldara de esa manera”. Pero aclara que el resultado “depende de los cubanos”.

Amor es más cauteloso sobre lo económico. “No se puede hacer ciencia ficción con la economía”, dice. Pero considera evidente que Cuba necesita un impulso que el país no puede darse a sí mismo, y que eso exige reformas profundas, no cambios de fachada.

La Helms-Burton no solo se trata de sanciones, también describe un camino hacia la asistencia, la apertura económica y una eventual normalización con Estados Unidos. Ese camino pasa por libertades, pluralismo y elecciones libres, precisamente la parte de la ley de la que al régimen cubano no le conviene hablar.