Un tribunal federal de Miami falló este lunes a favor de la agencia de viajes Expedia Group en una demanda presentada por cubanoamericanos, por las reservas de la agencia en propiedades confiscadas por el régimen cubano.
El jurado determinó que los demandantes no lograron acreditar su derecho de propiedad sobre las instalaciones turísticas en disputa: cuatro hoteles de Cayo Coco y en el Hotel San Carlos, en Cienfuegos, según informó The New York Times.
Los demandantes sostenían que la agencia de viajes había incurrido en “tráfico” de bienes confiscados al promocionar y gestionar reservaciones en hoteles construidos sobre terrenos que pertenecieron a sus familias antes de ser expropiados por el régimen cubano.
Entre los reclamantes figura Mario Echevarría, cuya familia asegura haber sido propietaria de Cayo Coco, y Maricela Mata, quien reclama derechos sucesorios sobre el Hotel San Carlos, una propiedad que, de acuerdo con documentos judiciales, perteneció a su abuelo. Los demandantes alegaron que Expedia promocionó y vendió reservaciones en esos establecimientos sin su autorización y sin ofrecerles compensación.
Expedia rechazó las acusaciones y dijo que no había participado de forma consciente o intencional en el uso de propiedades confiscadas, pues desconocía los antecedentes de titularidad de los terrenos. Veronica Cassano, exdirectiva de Expedia, declaró a The New York Times que nunca recibió instrucciones de sus superiores sobre la Ley Helms-Burton ni discutió con ellos la propiedad histórica de Cayo Coco.
Santosh Aravind, abogado de Expedia, sostuvo que las reuniones de representantes de la compañía con funcionarios cubanos formaban parte del proceso autorizado para establecer operaciones en la isla y se realizaron con conocimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Expedia comenzó a ofrecer reservas en hoteles cubanos en 2017, después del acercamiento diplomático impulsado durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama.
Jorge Mestre, abogado de los demandantes, acusó a Expedia de actuar con laxitud frente a las normas estadounidenses, que habilitan los viajes a Cuba únicamente bajo 12 categorías específicas, y el turismo de playa no figura entre ellas. “Es diversión bajo el sol, son bares y playa”, dijo Mestre ante el jurado.
Los demandantes estimaban en unos 82 millones de dólares el valor de mercado de las propiedades incluidas en sus reclamaciones, según The New York Times. El proceso se originó en una demanda presentada en 2019 por varias familias cubanoamericanas que reclaman derechos sobre propiedades confiscadas por el régimen cubano entre 1959 y 1962.
Un litigio anterior contra Expedia
El fallo se produce después de otro juicio bajo la Ley Helms-Burton en el que un jurado federal otorgó en abril de 2025 una indemnización de 29,85 millones de dólares a Mario Echevarría.
En aquel caso, Echevarría alegó que Expedia, Hotels.com y Orbitz habían obtenido ingresos a través de reservas en los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, construidos en terrenos confiscados a su familia.
Sin embargo, el juez federal Federico A. Moreno dejó sin efecto el veredicto y dictó sentencia a favor de la compañía. Moreno determinó que Expedia y sus empresas relacionadas habían cesado las reservas en las propiedades dentro del plazo de 30 días previsto por la ley, tras recibir la notificación de los reclamantes. El caso se encuentra actualmente en fase de apelación.
El Título III de la Ley Helms-Burton
El Título III de la Ley Helms-Burton permite a determinados ciudadanos estadounidenses demandar a personas o empresas que se beneficien del uso de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959.
La disposición fue aprobada en 1996, pero su aplicación permaneció suspendida durante más de dos décadas, hasta que en mayo de 2019, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump permitió su entrada en vigor.
Desde entonces, antiguos propietarios y sus herederos han presentado decenas de demandas ante tribunales estadounidenses contra compañías hoteleras, navieras, aerolíneas y otras empresas acusadas de beneficiarse de bienes confiscados en Cuba.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que examinara dos casos relevantes: la demanda de Exxon Mobil contra las empresas estatales cubanas CIMEX y CUPET, y la reclamación de Havana Docks contra cuatro grandes compañías de cruceros.
En los documentos presentados ante el alto tribunal, el gobierno estadounidense sostuvo que el país tiene importantes intereses de política exterior en garantizar que los ciudadanos cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen cubano puedan recibir compensación.
El fallo favorable a Expedia muestra, sin embargo, que la activación del Título III no garantiza automáticamente una indemnización. Los demandantes deben demostrar que cumplen los requisitos establecidos por la ley, incluida la existencia de un derecho sobre la propiedad y que el demandado sabía o tenía motivos para saber que se beneficiaba de un bien confiscado.
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