Sumario
- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó al menos 356 acciones represivas en Cuba durante julio, un mes marcado por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
- La organización alertó sobre un incremento de la presencia policial y los abusos contra activistas, presos políticos, periodistas independientes y líderes religiosos, en medio del agravamiento de la crisis económica y social en la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 356 acciones represivas en Cuba durante julio, de las cuales 54 fueron detenciones arbitrarias y 302 correspondieron a otras violaciones de derechos fundamentales, según el informe mensual de la organización divulgado este miércoles.
Entre los principales abusos documentados figuran 109 cercos policiales a viviendas de activistas, 78 violaciones contra presos políticos y comunes, además de hostigamientos, amenazas, citaciones policiales e interrupciones de las comunicaciones.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey concentraron el mayor número de incidentes durante el mes en que se cumplió el quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio.
En declaraciones a Martí Noticias, Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, aseguró que el incremento de la represión ocurre en un contexto de profundo deterioro de las condiciones de vida en el país.
"El clima social es verdaderamente irrespirable. A la situación de pobreza, de apagones, de hambruna, de escasez de medicina, hay que sumar la alta presencia policial, la represión y la constante vigilancia contra la gente", afirmó Cires.
El directivo explicó que esa realidad quedó reflejada en los datos recopilados por la organización.
"Eso es lo que estamos notando en los datos que estamos publicando y que estamos denunciando hoy: un aumento de la situación represiva contra activistas, opositores, contra el pueblo, gente común, gente de a pie y contra líderes religiosos", añadió.
El informe señala que una parte importante de las detenciones estuvo relacionada con cacerolazos y manifestaciones provocadas por los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida. Otras ocurrieron durante operativos preventivos para impedir que miembros de la sociedad civil asistieran a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
El OCDH también denunció un recrudecimiento de los abusos contra los presos políticos, mediante el uso de celdas de castigo, aislamiento, traslados arbitrarios, negación de atención médica, suspensión de beneficios penitenciarios, agresiones físicas y hostigamiento psicológico.
Entre los casos destacados figuran los de Lizandra Góngora Espinosa, José Antonio Pompa López, Juan Enrique Pérez Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez García, Leonard Richard González Alfonso y Roilán Álvarez Rensoler.
La organización alertó además sobre las deficientes condiciones en los centros penitenciarios, donde persisten problemas de acceso al agua potable, alimentos, medicamentos e higiene, situación que ha llevado a varios reclusos a iniciar huelgas de hambre como mecanismo de protesta.
El informe también documenta un amplio despliegue de vigilancia y cercos domiciliarios contra activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y líderes religiosos para impedir su participación en actividades públicas y en las conmemoraciones del 11J.
Entre los afectados figuran Henry Constantin Ferreiro, Jorge Olivera, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Berta Soler, Ángel Moya, Dagoberto Valdés, Manuel Cuesta Morúa y el sacerdote Castor Álvarez Davesa, a quien las autoridades impidieron salir del país el pasado 10 de julio para asistir a una ordenación episcopal en Estados Unidos.
El Observatorio también denunció un incremento de la presencia de agentes de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y tropas especiales en las calles, especialmente en La Habana y otras capitales provinciales.
Para Cires, la combinación de crisis económica y mayor control estatal tiene un alto costo para la población.
"El clima social es irrespirable: por un lado, los apagones, el hambre y la falta de medicinas; por otro, la excesiva presencia policial para reprimir y controlar. Esta situación está pasando una factura humana gravísima y, en muchos casos, irreparable a toda la población, pero especialmente a los enfermos crónicos, a los adultos mayores y a los presos", concluyó.