Cubalex: Régimen mantiene control estatal sobre la iniciativa privada en Cuba

La organización jurídica Cubalex cuestionó el nuevo anteproyecto de ley para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el trabajo por cuenta propia (TCP), al considerar que, aunque reconoce formalmente la existencia de actores económicos privados, mantiene mecanismos que limitan su autonomía y los subordinan al Estado y al Partido Comunista de Cuba (PCC).

Según el análisis difundido por Cubalex en redes sociales, el emprendimiento privado ha estado históricamente bajo sospecha en Cuba. El abogado y asesor legal Alain Espinosa recordó en un video posteado en X que durante décadas los trabajadores por cuenta propia fueron señalados como "capitalistas" o "potenciales enemigos" del sistema, enfrentando confiscaciones, restricciones para acumular capital y limitaciones para expandir sus negocios.

"Las formas que ha utilizado el gobierno cubano para criminalizarlo siempre han sido el hostigamiento económico policial caracterizado por inspecciones abusivas, multas exorbitantes, el decomiso de mercancías, materias primas, herramientas de trabajo y en los casos más complicados, la aplicación de delitos comunes extremadamente amplios y falta de definición como puede ser la especulación, el acaparamiento o el enriquecimiento ilícito, que más que nada lo que buscaban era castigar la prosperidad de aquellos que se atrevían a invertir por su cuenta2, señaló el experto.

Ahora, en medio de una profunda crisis económica y del deterioro de la empresa estatal, el Gobierno ha impulsado reformas que reconocen la personalidad jurídica de las MIPYMES. Sin embargo, Cubalex sostiene que el nuevo marco legal no implica una verdadera independencia económica para los emprendedores.

"El nuevo anteproyecto del Código de Trabajo, lejos de erradicar este tipo de conducta o de enmendarlas, lo que hace es reforzarla en algún punto, estableciendo cuestiones como la revocación de las licencias supuestamente por causa justificada, pero que de ninguna manera se definen en el anteproyecto de Código de Trabajo y que generan inseguridad jurídica y exponen a los emprendedores privados a que se les revoque de manera arbitraria sus licencias, sobre todo por motivos políticos", apuntó Espinosa.

Entre las principales preocupaciones señaladas por Cubalex destacan que la supervivencia de los negocios privados seguiría condicionada a la "obediencia ideológica" al PCC; que organismos estatales conservarían amplias facultades para auditar, sancionar, intervenir o incluso disolver empresas bajo criterios vinculados a los intereses de la nación; y que el sector privado continuaría excluido de áreas consideradas estratégicas de la economía.

El asesor legal de Cubalex subraya que la expropiación salarial se mantiene en aquellos casos de trabajo en el exterior o inversión extranjera mediante la intermediación estatal obligatoria, al tiempo que se establece "un vacío legal calculado" al omitirse la regulación del trabajo en plataformas digitales y redes sociales.

También denuncia el "uso de la inspección como arma política", al establecerse que la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo opera como una dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, convirtiéndose en "un instrumento político que permite ser usado de manera selectiva contra el sector privado".

El análisis surge pocos días después de que las autoridades cubanas aprobaran un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, presentadas como una de las mayores reformas económicas de las últimas décadas.

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El plan abarca 23 ejes temáticos e incluye cambios relacionados con la empresa estatal, las MIPYMES, el sistema financiero, la inversión, la agricultura y el comercio exterior. Según la información oficial, muchas de las medidas aún requieren normas complementarias para su implementación.

Cubalex considera que, pese al discurso de apertura, el nuevo modelo mantiene la capacidad del Estado para controlar el desarrollo del sector privado.

"Antes te perseguían con la policía; hoy te controlan con leyes hechas a la medida del Partido. El objetivo sigue siendo el mismo: evitar a toda costa que el ciudadano cubano logre independencia económica y autonomía real frente al poder del Estado", concluye la organización.