El conglomerado del ejército cubano Gaesa, que controla gran parte de la economía de la isla, empezó a desprenderse de algunas de sus empresas para evitar que compañías extranjeras con las que colabora sean blanco de sanciones de Estados Unidos, informaron el viernes a la AFP varias fuentes.
La agencia de noticias francesa cita un comunicado fechado el 16 de junio en el que se anuncia a los clientes que la empresa Terminal de Contenedores Mariel S.A. ha vendido sus activos a la empresa comercial Coral Marítima S.A.
La Terminal de Contenedores Mariel S.A., operada por GAESA y a cargo del mayor puerto comercial de Cuba, vendió sus activos a Coral Marítima, que forma parte de un grupo empresarial portuario estatal del Ministerio de Transporte.
Dos de las mayores navieras del mundo —la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd— suspendieron a mediados de mayo sus entregas de carga, incluidas las de ayuda a Cuba por temor a verse salpicadas por sus vínculos con GAESA.
De acuerdo con AFP, el conglomerado militar también se ha retirado de la empresa mixta que administra el Centro de Negocios Miramar en La Habana, donde tienen su sede varias compañías extranjeras.
El fondo CEIBA Investments Ltd, con sede en Guernsey, que gestionaba conjuntamente el centro de negocios con GAESA, indicó en su sitio web que ahora tiene una "participación del 100%" en la instalación.
Otra de las empresas controladas por GAESA, el Grupo Palco, que ofrece servicios para eventos, gestiona bienes raíces y proporciona mantenimiento a embajadas extranjeras, ha sido beneficiada por el Gobierno de Pedro Sánchez, según publica hoy el diario español ABC.
En los últimos años ha adjudicado contratos por un total de 1.602.217 euros a la empresa Grupo Palco, sociedad subordinada al Consejo de Ministros cubano y vinculada al conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
El periódico indica que estos acuerdos incluyen la contratación de personal para el consulado español en La Habana y el arrendamiento de una oficina, con el fin de apoyar principalmente los trámites de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘ley de nietos’.
Los dos contratos más importantes, adjudicados en diciembre de 2024 y en vigor hasta diciembre de 2028, suman más de 1,37 millones de euros y contemplan la incorporación de 107 trabajadores cubanos (auxiliares de oficina, recepcionistas, chóferes, jardineros y personal doméstico). Aunque el Ejecutivo puede proponer candidatos, es Grupo Palco quien decide en última instancia las contrataciones.
El objetivo es aliviar el colapso del consulado, que ha recibido más de 73.270 solicitudes de cubanos para obtener la nacionalidad española.
A pesar del aumento de personal, asociaciones como la ADEM denuncian que los expedientes siguen sufriendo graves retrasos, con casos aprobados que acumulan más de un año de demora.
El 1 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, titulada “Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Esta orden amplía significativamente las sanciones contra el régimen cubano, con especial énfasis en el Grupo de Administración Empresarial S.A.
El 7 de mayo de 2026, el Departamento de Estado sancionó oficialmente a GAESA por operar en el sector de servicios financieros. También se sancionó a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a la empresa Moa Nickel S.A. (MNSA), dedicada a la minería y metalurgia.
En junio se extendieron las medidas a otras entidades vinculadas a GAESA como Almacenes Universales S.A. (AUSA), a cargo de la logística y control del Puerto de Mariel, a RAFIN S.A., encargada de la gestión financiera del conglomerado, al Banco Financiero Internacional (BFI), como la principal entidad para transacciones internacionales.
El diseño de las sanciones incuye el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones con empresas y personas estadounidenses y las sanciones secundarias a las empresas extranjeras que mantengan negocios con GAESA o sus filiales.
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