Tres mujeres activistas del partido opositor Arco Progresista, en Santiago de Cuba, fueron víctimas de la violencia policial el 8 de septiembre, cuando se dirigían a la misa por la Virgen de la Caridad.
Doraisa Correoso, una de las mujeres, dijo a Martí Noticias que María Mercedes Benítez, Vismaika Amelo y ella fueron detenidas arbitrariamente y golpeadas por agentes de la Seguridad del Estado cuando se dirigían al santuario del Cobre para participar en la misa a la Virgen de la Caridad que se celebraba ese día.
De izq. a der., María Mercedes Benítez, Vismaika Amelo y Doraiza Correoso.
"Nosotras tres y dos activistas hombres estábamos en el punto de control, en las afueras de Santiago de Cuba, para ir hacia El Cobre cuando llegaron los policías a detenernos y maltratarnos”, relató.
Eran más de veinte hombres y siete mujeres militares los que procedieron contra las activistas. "En presencia de los militares hombres nos obligaron a quitarnos la ropa para requisarnos".
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Declaraciones de Doraisa Correoso
Correoso dijo que al terminar el registro solo le devolvieron los pantalones, no así los pulóveres que llevaban puestos y que estaban identificados con el logo de la Campaña "Otro 18".
Las mujeres optaron por llamar al opositor Ernesto Vera por teléfono para que les alcanzara ropa con que cubrirse.
"Mientras esperábamos estuvimos en la calles expuestas a que nos pasara cualquier cosa” relató Correoso.
En su blog, el abogado opositor Ernesto Vera destacó que “uno de los métodos empleados por la policía política en Cuba es desnudar a los opositores en plena vía pública para humillarlos y avergonzarlos".
Vera destacó que luego de conocer lo ocurrido a las tres activistas se personó en las oficina del Partido Comunista y del gobierno, pero ninguna de las autoridades pudo argumentar o defender lo sucedido.
"Quienes roban, desnudan, golpean a otros que tienen el valor y la dignidad de representar a un pueblo oprimido, tienen que saber la gravedad y trascendencia de cada una de sus acciones", escribió.
El jurista instó a que los activistas denuncien ante las Instituciones gubernamentales cada violación que cometan los oficiales de la policía política con la complicidad de jueces y fiscales.
Advirtió que es muy importante conservar cada comprobante de las denuncias que formulen, y los certificados médicos de las lesiones causadas, porque cuando exista un verdadero estado de derecho los violadores de la ley tienen que responder a la justicia.