Activistas cubanos denuncian confiscaciones arbitrarias ante Naciones Unidas

Observatorio denuncia entrega

Entre los casos de violación de derechos humanos ocurridas en Cuba han proliferado las confiscaciones arbitrarias de bienes personales y de trabajo a los opositores, que carecen de fundamento legal.

Activistas cubanos presentaron este lunes en Ginebra una denuncia formal ante Michael Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, ante las flagrantes violaciones del gobierno comunista contra los opositores, y pidieron el cese de las confiscaciones ilegales de bienes y propiedades a los activistas pacíficos cubanos.

Al encuentro asistieron miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y su presidenta, Elena Larrinaga, una representación de la Asociación Jurídica Cubana y el escritor y periodista independiente Jorge Olivera.

Olivera dijo a Martí Noticias que pudieron exponer los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en la isla, y enfatizó que en los últimos meses han proliferado mucho más las confiscaciones arbitrarias, que carecen de fundamento legal.

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Declaraciones del periodista independiente Jorge Olivera

El informe da cuenta de las acciones más recientes contra las Damas de Blanco, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el equipo de redacción de la revista Convivencia, los integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial y la Consultoría Jurídica Independiente Cubalex.

La denuncia también incluye las confiscaciones de bienes y propiedades como computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, alimentos, juguetes de niños, prendas de vestir y dinero, a distintas organizaciones de la sociedad civil cubana.

En su página digital, el OCDH manifiestó que detrás de esas actuaciones por parte del régimen hay una motivación política, y que de manera gradual y concomitante pareciera que se introduce cierto oportunismo económico y de rapiña por parte de las autoridades cubanas.

En la mayoría de los casos, las autoridades no entregan actas de decomiso, lo cual deja en un estado de indefensión de la víctima, concluye la organización.

(Con la colaboración de Ivette Pacheco)