Sumario
- La CIDH había concedido medidas cautelares en enero de 2026 al considerar que el preso enfrentaba riesgos graves para su vida, salud e integridad personal.
- La familia considera que la actuación de la CIDH mantiene la presión internacional sobre Cuba, aunque duda que las autoridades respondan o cumplan las medidas solicitadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trasladó al Estado cubano nuevas comunicaciones relacionadas con el preso político Yosvany Rosell García Caso y le concedió un plazo de 30 días para presentar sus observaciones.
García Caso fue condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Holguín. La gestión consta en una carta de la CIDH fechada el 1 de septiembre de 2026 y entregada a Martí Noticias por Mailín Rodríguez Sánchez, esposa del preso político.
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Nuevo requerimiento de la CIDH a Cuba por el caso de Yosvany Rosell
En el documento, la Comisión confirma que recibió la información presentada por los representantes de Rosell García Caso, cuyo expediente está identificado con la referencia MC-1242-25.
“Estas han sido trasladadas al Estado a fin de que aporte sus observaciones en un plazo de 30 días, contados a partir del día de transmisión de esta comunicación”, señala la carta.
Carta de la CIDH entregada a Martí Noticias por Mailín Rodríguez Sánchez, esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso.
Rodríguez Sánchez dijo a Martí Noticias que esta es la tercera ocasión en la que el organismo interamericano solicita respuestas a las autoridades cubanas sobre la situación de su esposo.
“El Gobierno cubano tiene 30 días para darnos respuestas y todavía nada”, declaró. Aunque el plazo otorgado por la CIDH continúa vigente, la familia asegura que hasta el momento no ha recibido información de las autoridades de la isla.
“Esta es la tercera vez que la OEA exige respuestas al Gobierno cubano. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Yosvany Rosell García Caso y libertad para el pueblo cubano”, reclamó Rodríguez Sánchez.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de García Caso el 21 de enero de 2026, mediante la Resolución 7/2026, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
De acuerdo con esa resolución, el preso político no estaría recibiendo atención médica adecuada ni tendría acceso regular a medicamentos o a su documentación clínica, pese a las gestiones realizadas por sus familiares ante las autoridades penitenciarias.
La comunicación más reciente no constituye una nueva medida cautelar, sino que confirma el traslado al Estado cubano de información adicional presentada por los representantes de Rosell García Caso como parte del seguimiento de su situación.
Rodríguez Sánchez considera que la actuación de la CIDH mantiene la presión internacional sobre las autoridades cubanas, aunque la familia tiene pocas expectativas de que el régimen responda o cumpla las medidas solicitadas para proteger al prisionero.