El Helicoide, un centro de detención de los servicios de inteligencia venezolanos, dejará de funcionar como centro de torturas y reclusión, según anunció el viernes la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Denunciado por décadas como el principal centro de detenciones arbitrarias, torturas y abusos contra presos políticos por organizaciones como Foro Penal, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU, el cierre de este centro ha sido visto por muchos como un símbolo del fin de la represión del régimen chavista, que gobierna con mano férrea el país petrolero por más de dos décadas
El anuncio realizado por Rodríguez durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indica que el centro de detención, principalmente sede del SEBIN -Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y otros organismos de seguridad, se transformará en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la "familia policial" (funcionarios de seguridad) y a las comunidades aledañas.
Para expresos políticos en Venezuela y sus familiares, es necesario tener cautela y estar vigilantes a los próximos pasos del régimen de ese país, como dijeron a Martí Noticias varios entrevistados.
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Venezolanos reciben con cautela anuncio de cierre del Helicoide
El anuncio de la vicepresidenta se dio junto con la propuesta de una Ley de Amnistía General (que enviará a la Asamblea Nacional), destinada a liberar presos políticos y borrar causas judiciales por delitos políticos desde 1999.
"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente", dijo la sustituta de Nicolás Maduro.
Según dijo la Ley servirá para "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo" y para "reimplantar la justicia en nuestro país y que sirva para rescatar la convivencia entre los venezolanos".
Rodríguez ordenó a la Comisión para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz presentar el proyecto "en las próximas horas, instalados en urgencia, ante la Asamblea Nacional".
La presidenta interina dijo que "quedarán exceptuados aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos".
El anteproyecto de Ley de Amnistía General propuesto por Foro Penal consiste en una norma integral para promover la reconciliación nacional en Venezuela, extinguiendo responsabilidades penales, administrativas y civiles por hechos de naturaleza política ocurridos desde el 1 de enero de 1999 hasta su entrada en vigencia, con el fin de restablecer derechos constitucionales como la libertad de expresión, el pluralismo político y la no criminalización de la disidencia.
La medida alcanzaría a todas las personas presas, perseguidas, investigadas, procesadas o sancionadas por motivaciones opositoras o disidentes —sin distinción partidista—, basándose en listas y certificaciones vinculantes de organismos internacionales (como la CIDH, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y ONG confiables), y garantiza efectos como la extinción inmediata de procesos, la restitución de libertades, bienes y derechos, con procedimientos judiciales rápidos, gratuitos y con doble instancia.
Excluye expresamente crímenes graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura u otros previstos en el artículo 29 de la Constitución, para evitar impunidad en violaciones graves de derechos humanos.