Derechos Humanos
Preparan informes sobre violaciones sindicales y laborales en Cuba para el Examen Periódico Universal en la ONU
Organizaciones de la sociedad civil de Cuba y otros países denunciaron las violaciones de los derechos sindicales y laborales en la Isla, para que sean consideradas durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Cuba tendrá que presentarse en noviembre de 2023 para el EPU, o sea la evaluación sobre el cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos, al cual son sometidos los países miembros de la ONU.
Los informes fueron presentados por dos coaliciones de la sociedad civil: una que aborda los derechos laborales y está integrada por 29 organizaciones encabezadas por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con sede en Buenos Aires), y una que versa sobre derechos sindicales y está dirigida por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
“Hemos presentado desde CADAL, un informe sobre la situación de derechos laborales en Cuba, poniendo énfasis en determinadas áreas de la economía y el trabajo en Cuba”, indicó, en conversación con Radio Televisión Martí, el abogado Brian Schapira, ex subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de Argentina y principal redactor de los textos.
“Hemos abordado la problemática de los trabajadores por cuenta propia, del trabajo en el sector turístico, del derecho al trabajo de los periodistas, del derecho al trabajo de los profesores y académicos y profesionales independientes y de los artistas. En cada caso hemos puntualizado las graves violaciones que, tanto desde la legislación como desde la propia acción del Gobierno, se producen, cercenando estos derechos”, puntualizó el especialista.
En el EPU hecho a Cuba en el 2018 se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones, y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución.
Uno de los temas principales del documento preparado por las 29 organizaciones es "el caso de los trabajadores por cuenta propia y las grandes limitaciones que hay para poder desarrollar la actividad”, detalló Schapira.
“En el sector turístico, los abusos que se producen, sobre todo en las grandes cadenas hoteleras que contratan trabajadores a través de empresas estatales que se quedan con aproximadamente el 70% del sueldo de los trabajadores. Esas empresas estatales, además, generalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y respecto a los académicos, cómo se afecta el derecho al trabajo y los derechos laborales por vía de persecución política para los académicos que no están de acuerdo con el régimen”, agregó.
“En cuanto a los periodistas, todas las limitaciones legales que hay para abrir un medio y las persecuciones y las legislaciones penales que hay; y otro tipo de normas que impiden a los periodistas ejercer libremente su trabajo, similar con los artistas”.
Entretanto, el informe de derechos sindicales contiene las limitaciones, tanto jurídicas como fácticas, para que haya sindicatos libres en Cuba, donde solo es permitido un sindicato único, la CTC [Central de Trabajadores de Cuba].
“Que incluso tiene un rango constitucional, lo cual es increíble, y lo señalamos, y todas las persecuciones que sufren los sindicalistas independientes en Cuba”, precisó el experto.
El centro de asesoramiento legal Cubalex y el grupo Justicia 11J también entregaron para el EPU sus valoraciones sobre el comportamiento de los derechos humanos en la Isla.
“Las recomendaciones (planteadas durante los EPU) no son cumplidas en todo el sentido en que le son formuladas al Estado, pero al menos se asienta el precedente de dónde están y cuáles son las preocupaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos”, señaló, en entrevista con ADNCuba, Camila Rodríguez, de Justicia 11J, quien presentó un reporte acerca de los presos políticos.
El desarrollo del Examen Periódico Universal se extenderá por varios meses, y los Estados inspeccionados deberán rendir cuentas sobre los avances o retrocesos en el área de derechos humanos en un periodo de entre 4 y 5 años.
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Tras prolongada huelga de hambre periodista de Santa Clara es acusado de desobediencia
El periodista independiente y ex prisionero político del 11J Carlos Michael Morales fue juzgado por presunta "desobediencia" en Santa Clara, a pesar del delicado estado de salud en que se encuentra tras una huelga de hambre.
El periodista independiente Carlos Michael Morales fue juzgado el lunes en el Tribunal Provincial de Santa Clara e instruido de cargos por el presunto delito de “desobediencia”, según informó a Martí Noticias el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Según Del Sol, inicialmente la vista había sido señalada para el pasado viernes y fue suspendida porque el médico que atiende a Morales en la Sala de Penados del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro no autorizó la participación del prisionero político debido al precario estado de salud en que se encontraba tras haber realizado una huelga de hambre durante 27 días en reclamo de su libertad.
“El médico no permitió que lo trasladaran así al Tribunal; según la abogada me confirmó, el juicio es hoy, a las nueve de la mañana. El delito es ‘desobediencia’, un delito de menor cuantía; es un juicio ‘administrativo’ que, incluso, según explicaron, no es preciso que esté presente la Fiscalía ni el auto del juicio, solamente el juez (…) lo van a trasladar desde Caibarién hasta aquí, hasta la Sala Provincial de Santa Clara, que es donde se va a celebrar el juicio”, explicó el periodista y amigo personal del acusado.
De acuerdo con el comunicador, “podría ser (la sanción) una medida de la casa al trabajo, una multa o libertad inmediata. En el caso de Michael, que lleva tres meses y pico preso, pensamos que sea liberado inmediatamente, es lo que dice la abogada que debe acontecer. Dios mediante, hay que tener fe”.
Carlos Michael Morales había sido liberado el pasado mes de marzo tras cumplir una condena de dos años y diez meses por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara.
El activista fue detenido nuevamente el 4 de mayo por no acudir a dos citaciones policiales en el poblado de Caibarién.
Castigan a joven que escribió "Patria y Vida" con sangre en las paredes del Combinado del Este
Onaikel Infante Abreu fue detenido después que desplegara una sábana en la azotea de su casa con expresiones contra el régimen.
Las autoridades del Combinado del Este castigaron al preso político Onaikel Infante Abreu por escribir con su sangre en una de las paredes de la celda que comparte con otros reclusos frases pidiendo libertad.
“Desde el domingo me lo tienen con las ‘shakiras’ puestas porque escribió con la sangre del dedo - que se cortó el dedo- y escribió ‘Patria y Vida’, ‘libertad para los presos políticos’, ‘no más hambre para pueblo’", relató a Martí Noticias, la esposa Sujai Acosta Toscano.
‘Shakira’ se le llama en Cuba a una forma de tortura usada por las autoridades penitenciarias para restringir la movilidad de los reos que consiste en una cadena que se coloca alrededor de la cintura, a la cual se esposan las manos y se une con otra cadena a esposas colocadas en los tobillos.
“Él dice que ya no aguanta más, que está mirando que se están muriendo las personas de hambre. Allí, ahora mismo están tomando col hervida con sal. Cada día se mueren 3 o 4 de hambre ahí en la prisión”, señaló Acosta Toscano.
Encarcelado desde el 27 de octubre de 2023, Infante Abreu, de 35 años, está bajo un proceso de investigación penal presuntamente por los delitos de Alteración del orden público y Portación de armas.
Fue detenido por efectivos de las Tropas Especiales después que, encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa; desplegara una sábana con las expresiones "Patria y Vida", "Libertad", "Abajo Díaz-Canel", "Abajo los Castro" y "Comida para el pueblo".
Luego de ser interrogado por varios días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, Infante fue internado en prisión preventiva en el Combinado del Este de La Habana.
“No le dicen si tiene juicio, no le dan ningún papel, no aclaran bien de qué lo acusan. En Villa Marista le enseñaron las fotos de dos muchachas y un muchacho y le dijeron que ellos eran los que le estaban pagando para hacer lo que hizo”, lamentó la mujer.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) divulgó lo ocurrido al joven habanero y recordó que “el uso de carteles como forma de expresión de disenso es una de las libertades más perseguidas por el régimen cubano”.
"Seguiremos de pie, porque somos resistencia", prometen los presos del 11J en Placetas
Desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, los presos políticos Donaida Pérez, Loreto Hernández y Arianna López envían una carta al pueblo cubano en la que ratifican sus posiciones políticas como opositores que buscan "un futuro mejor para sus hijos y nietos"
Los presos políticos del 11J Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García subscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha por construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba.
Loreto Hernández y su esposa, Donaida Pérez, ambos integrantes de la asociación "Yorubas Libres de Cuba", fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Por el mismo motivo López Roque cumple ocho años de privación de libertad. Los tres cumplen su condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara.
Desde Miami, donde reside, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, hermano de Loreto Hernández, dio a conocer parte del contenido de la misiva.
“A nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento (...) Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna nuestra patria”, afirmó.
“En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir: que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes”, explica Antúnez.
“Ellos continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que les han hecho en varias oportunidades a cambio de que, si ellos desisten de su postura política, pueden ser liberados”, agregó el opositor exiliado en EEUU.
Exponen casos de violencia institucional en Cuba ante la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó numerosos testimonios de cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía
Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia este jueves en el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Camila Rodríguez, que dirige el grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, dijo que de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.
Añadió que “entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país”
“En esta audiencia expresamos nuestra preocupación por la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años”, expresó.
Muertes bajo custodia
Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex.
Morfi dijo que su organización ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que abarcan la muerte en custodia policial y las de los reclutas del Servicio Militar en Cuba, durante el periodo del 1ro de enero del 2022 al 31 de enero del 2024.
“Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye que personas detenidas por resolución judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en Servicio Militar y dos mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica”, explicó.
Entre los patrones de causa de muerte que pudieron identificar están la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios, entre otros.
“Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema”, expresó la experta.
Afrodescendientes en el sistema carcelario
Por su parte, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
Feminicidios
Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas.
La activista señaló que entre 2019 y 2023, según registros parciales de su organización, “208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en, al menos, 22 de estos casos”.
“Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género sólo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores”, dijo Nuñez Leiva.
La Dama de Blanco, Leticia Ramos, denunció la continua represión y la persecución por parte del gobierno cubano hacia los miembros de esa organización, que incluye detenciones arbitrarias y amenazas constantes contra ellas y sus familiares.
Ramos señaló además que cinco Damas de Blanco están en prisión injusta debido a su activismo y su defensa de los derechos humanos.
Por último, Yanitza Sánchez, del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellos, que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; que se clasifiquen las muertes de reclutas del Servicio Militar como muertes en custodia y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.
También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Además, instan al Estado cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género; promulgar una Ley Integral sobre la Violencia de Género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada.
Familiares de José Daniel Ferrer piden apoyo internacional por la libertad del líder opositor
La esposa de José Daniel Ferrer García pide ayuda a la comunidad internacional para exigir fe de vida del prisionero político, quien debió ser liberado el 1º de abril por cumplimiento de condena.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1º de abril.
El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.
Tras esta detención, al exprisionero de la Causa de los 75 le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Desde Santiago de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo explicó a Martí Noticias: "Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la organización de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hago un llamado a la comunidad internacional; a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones amantes de la libertad y la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo".
"Desde el 1º de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada (...) desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas; no le han dado derecho a, ni siquiera, poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial", denuncia la esposa del opositor.
"Todos sus derechos están siendo violados, por eso, no solamente fe de vida, sino (pedimos) la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos", afirmó la esposa de Ferrer.
"Agradecemos a todos los que quieran apoyar, no es necesario que salgan con un cartel. Si desean hacerlo, muy bien, aquellos que no puedan hacerlo con un cartel, hacerlo con un video de menos de un minuto. Exigir fe de vida. El 1º de abril era el cierre de la sanción de mi esposo; desde el 1º de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él", concluyó Ortega.
Ferrer ha sido reconocido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
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