Derechos Humanos
Amnistía Internacional advierte ante ONU: Cuba fortaleció su "sofisticada maquinaria de control" sobre libertades básicas
Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que vive Cuba en la presentación de un informe a la 44 Sesión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU), al cual será sometido el régimen de la isla el 5 de noviembre de 2023 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
El EPU es obligatorio para los países miembros de la ONU y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país.
El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior EPU, principalmente en lo que concierne a las libertades de expresión y reunión.
Por ejemplo, Amnistía advierte que desde el EPU de mayo del 2018 hasta el presente, Cuba "ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de Expresión y Reunión a un nivel no visto en casi dos décadas".
También lamenta que sigue habiendo malos tratos en las prisiones de Cuba, aunque el régimen aceptó en 2018 "garantizar que los presos sean tratados con dignidad y humanidad".
Otro problema que cita Amnistía es que muchas de las recomendaciones que no contaron con el apoyo de Cuba se relacionaron, en términos generales, con fomentar un mayor respeto por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Amnistía también aborda en su informe al Grupo de Trabajo el marco legal de los derechos humanos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos.
Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos, pedir la ratificación del Convenio de la ONU contra la Tortura y cesar su política de interrumpir el acceso de internet a los disidentes.
De implementarse, las recomendaciones "contribuirían a mejorar la situación de los derechos humanos" en Cuba, subrayó la organización.
Con respecto a la situación de los derechos humanos sobre el terreno, Amnistía expresa su preocupación "por el encarcelamiento masivo en curso de personas tras las protestas de julio de 2021, la situación de los presos de conciencia y las restricciones de Internet".
Las recomendaciones de Amnistía Internacional:
La organización insta al gobierno de Cuba a:
- Ratificar, sin demora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Otorgar acceso de inmediato a organizaciones independientes de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, para monitorear y observar los juicios de los defensores de los derechos humanos y los detenidos durante las protestas.
- Extender invitaciones a los Relatores Especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre los defensores de los derechos humanos y facilitar sus visitas para fines de 2024.
- Inicie de inmediato un diálogo genuino con los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y otros actores, incluidos aquellos que critican a las autoridades.
- Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por el ejercicio de su libertad de expresión y reunión pacífica.
- Modificar disposiciones del nuevo Código Penal que históricamente han sido utilizadas para criminalizar a defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas, artistas u otras personas críticas con las autoridades, tales como "desacato", "desorden público" y "resistencia", y que ahora conllevan penas mínimas más severas.
- Modificar o derogar disposiciones del nuevo Código Penal que limiten aún más la libertad de expresión, como el artículo 143, que prohíbe la recepción de fondos que se consideren para "financiar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional", y el artículo 120.1 que permite reprimir a quien “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y del gobierno cubano” con prisión de cuatro a 10 años.
- Dejar de someter a activistas de derechos humanos y periodistas independientes a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluido el arresto domiciliario de facto.
- Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que hayan sido encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica.
- Desistir de utilizar interrupciones de Internet que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos para reprimir la libertad de expresión y reunión.
- Asegurar que se cumplan los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y atender su necesidad de mayor acceso a alimentos y medicinas.
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Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
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