Estados Unidos
Senadores EEUU promueven sanciones contra Venezuela en medio de protestas
Asesores senatoriales dijeron que el proyecto de ley busca reaccionar a la crisis trabajando con países de toda América y organizaciones internacionales, en lugar de actuar de forma unilateral.
Un grupo influyente de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentó el miércoles una legislación como reacción a la crisis en Venezuela, incluyendo sanciones a individuos responsables de socavar la democracia o estar involucrados en corrupción, dijeron asesores del Senado.
El proyecto de ley proporcionaría 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al atribulado país, exigirá al Departamento de Estado coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis y solicitará a la inteligencia estadounidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico, según una copia vista por Reuters.
Asimismo, el texto pide al presidente Donald Trump que tome todas las medidas necesarias para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense. Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país sudamericano busca dinero en efectivo.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó el año pasado el 49,9 por ciento de sus acciones en su filial estadounidense, Citgo, como garantía colateral para financiamiento por parte de Rosneft. En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares.
La iniciativa llega en un momento en que la comunidad internacional intenta dar respuesta a la profunda crisis económica y a las protestas callejeras que vive la nación, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Asesores senatoriales dijeron que el proyecto de ley busca reaccionar a la crisis trabajando con países de toda América y organizaciones internacionales, en lugar de actuar de forma unilateral, abordando algunas de las raíces del problema y respaldando el respecto a los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses llevan tiempo resistiéndose a expresar de forma pública sus críticas a Venezuela, cuyos líderes acusan a Washington de estar detrás de la oposición al gobierno izquierdista del país.
Los principales promotores de la legislación son el senador Ben Cardin, el demócrata más destacado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta; y el senador republicano Marco Rubio, quien preside la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del panel y es un abierto crítico del Gobierno venezolano.
Las posibilidades de ser aprobada por el Congreso son altas, ya que entre los copatrocinadores se encuentran los senadores John Cornyn -número dos republicano en la Cámara- y Dick Durbin -número dos demócrata-, además del republicano John McCain, el influyente presidente de la Comisión de Servicios Armados.
El proyecto de ley tiene 11 secciones, que buscan afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.
En lo relativo a la corrupción, se requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del Gobierno venezolano en casos de corrupción y narcotráfico.
En el pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.
Los funcionarios han negado los cargos y los han calificado como un pretexto incluido en un plan para derrocar al Gobierno de Maduro.
La nueva iniciativa buscará convertir en ley las sanciones impuestas por una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama contra individuos considerados responsables de "socavar el gobierno democrático" o implicados en corrupción.
Fuertes choques en protesta contra Constituyente
Agentes antimotines y manifestantes opositores sostuvieron fuertes choques en la principal autopista de Caracas, durante una protesta contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, según un equipo de la AFP en el lugar.
Las refriegas se desataron cuando una marcha de miles de personas, encabezada por diputados, intentaba llegar a la sede del Parlamento de mayoría opositora, en el centro de Caracas, y fueron contenidos con gases lacrimógenos.
Los manifestantes respondieron con piedras y cócteles molotov a los militares de la Guardia Nacional y policías que se encontraban en el lugar apoyados por carros blindados desde los cuales, además, lanzaron chorros de agua.
Varios manifestantes afectados por los gases debieron ser evacuados por sus compañeros, mientras el vicepresidente de la Asamblea legislativa, Freddy Guevara, denunció haber sido impactado en un pie por una bomba lacrimógena.
"¡Resistencia hacia adelante, no joda!", gritó una joven encapuchada. Sin embargo, los opositores fueron replegados paulatinamente con el avance de los carros, hasta casi dejar despejada la autopista Francisco Fajardo, en el este de la ciudad.
Muchos retrocedieron hacia el sector acomodado de Altamira, de donde partió la marcha, mientras un reducido grupo permaneció enfrentándose a los uniformados en el corredor vial.
Bombas lacrimógenas también fueron arrojadas desde la base militar La Carlota, en el mismo sector, donde el pasado lunes un grupo de manifestantes rompió parte de la valla de seguridad e ingresó a los predios para enfrentar a militares.
Reportan un muerto en protesta de este miércoles
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó del fallecimiento de un joven de 28 años, que fue arrollado este martes por un vehículo que esquivaba la manifestación opositora que se desarrollaba en una autopista del este de Caracas.
Ángel Enrique Moreira González, de 28 años, falleció luego de que un vehículo que estaba circulando en sentido contrario a la vía, por esquivar la manifestación que se desarrollaba en la autopista Prados del Este, impactara la motocicleta en la que venía a bordo el joven, explicó Reverol a través del canal estatal VTV.
La Fiscalía indicó mediante un comunicado que se encuentra investigando el suceso y confirmó que el hecho ocurrió cuando el vehículo "esquivaba una manifestación que se desarrollaba en la autopista Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda".
El vehículo involucrado en el suceso se dio a la fuga, según dijo Reverol, que además agregó que esto ocurrió "en virtud del trancazo convocado por esta derecha terrorista encabezada" por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges.
Asimismo, Reverol responsabilizó a Borges de los hechos violentos ocurridos el martes y, en específico, lo señaló por las heridas causadas a cuatro sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a un oficial de la Policía del municipio Sucre de Caracas, aunque la
Fiscalía ha señalado que fueron cinco los guardias heridos.
El responsable de la cartera de Interior reiteró que durante los escenarios de protestas también fallecieron otras tres personas en el céntrico estado Carabobo, donde ocurrieron saqueos y daños a unos "17 locales comerciales".
Las manifestaciones -que el mandatario denuncia como un "golpe de Estado fascista"- dejan al menos 31 muertos, de los cuales se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.
La oposición realiza marchas desde el pasado 1 de abril para exigir elecciones generales que anticipen la salida del poder de Maduro, elegido hasta enero de 2019, al culparlo de la crisis política y económica en que está hundido el país petrolero.
Maduro entregó este miércoles al Poder Electoral el decreto de convocatoria de la Asamblea. Al menos la mitad de sus integrantes serán elegidos por sectores en los que el chavismo tiene gran influencia.
(Reuters, EFE, AFP)
Vea todas las noticias de hoy
Senado desestima cargos de juicio político contra Mayorkas
El Senado desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la iniciativa de los republicanos en la Cámara de Representantes para destituir al funcionario por su manejo de la situación en la frontera con México y poniendo fin al proceso incluso antes de que comenzaran los argumentos.
Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político. Los demócratas argumentaron que los artículos eran inconstitucionales. El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo lo acusaba de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura. Ambas votaciones fueron 51-48 según líneas partidistas, con la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votando “presente”.
Previamente, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos acusatorios presentados por los republicanos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y esto podría sentar un precedente peligroso.
"Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al abrir la sesión del Senado.
En febrero, la Cámara de Representantes aprobó por estrecha mayoría someter a Mayorkas a un juicio político por su manejo de la situación en la frontera con México, argumentando en los dos artículos que el funcionario “intencional y sistemáticamente” se negó a implementar las leyes migratorias. Los responsables de la Cámara de Representantes presentaron los cargos ante el Senado el martes, de pie en la tribuna del Senado y leyéndolos en voz alta ante una audiencia cautiva de senadores.
Una desestimación total de la acusación, sin posibilidad de argumentar el caso, iba a ser una derrota embarazosa para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo de la destitución una prioridad. Y es probable que tenga resonancia política tanto para los republicanos como para los demócratas en un año de elecciones presidenciales en el que la seguridad fronteriza ha sido uno de los temas principales.
Los republicanos argumentan que el presidente Joe Biden ha sido débil en la frontera, ya que las detenciones por cruces ilegales se dispararon a más de 2 millones de personas durante los dos últimos años de su mandato, aunque han disminuido desde un récord de 250.000 en diciembre, debido a la intensificación de la aplicación de la ley en México. Los demócratas afirman que, en lugar de someter a un juicio político a Mayorkas, los republicanos deberían haber aceptado un compromiso bipartidista del Senado destinado a reducir el número de inmigrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos.
Cuando firmó los artículos de juicio político el lunes antes de enviarlos a través del Capitolio, Johnson dijo que Schumer debe convocar un juicio “para que quienes orquestaron esta crisis rindan cuentas”.
Schumer “es el único impedimento para que el pueblo estadounidense vea que hay una rendición de cuentas”, aseguró Johnson. “De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Cámara de Representantes exige un juicio”.
Audiencia clave en el caso Rocha ¿Quiénes fueron sus víctimas y cuánto merecen en restitución?
Una audiencia clave en el caso del exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de cárcel por trabajar clandestinamente para la inteligencia cubana, tendrá lugar el próximo 21 de julio.
De acuerdo a documentos de la corte y entrevistas realizadas por Martí Noticias el ex funcionario deberá comparecer en una audiencia judicial sobre la restitución de los daños causados a sus víctimas.
“Una sentencia federal tiene varios componentes. El primero es el tiempo a servir: en este caso es el tiempo máximo de 15 años a los dos cargos de los que él se declaró culpable: defraudar a los Estados Unidos y trabajar clandestinamente para un gobierno extranjero”, dijo Nelson Rodríguez Varela, abogado de Miami especializado en derecho penal y bienes raíces.
“La segunda parte de la sentencia es el tiempo en supervisión, que en su caso fueron tres años, y el tercer elemento es una multa de 500.000 dólares pagables al gobierno de Estados Unidos. Por último, la restitución en casos y cargos que ameriten restitución”, añadió.
En el momento de la sentencia a 15 años de prisión, impuesta por la jueza federal Beth Bloom, la fiscalía no tenía una lista de víctimas del trabajo de Rocha como agente del régimen cubano.
“La Corte no estuvo de acuerdo con que el único afectado fuera el gobierno federal y por eso ha puesto esta audiencia de restitución para identificar quiénes son las víctimas y a quiénes se le ordena la restitución”, explicó Rodríguez Varela.
Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, Rocha tiene que cooperar con el gobierno y aseguró que lo reparará como colaborador de las agencias de seguridad de EEUU.
"Asumo [plenamente] la responsabilidad por ello y acepto la sanción que debo pagar. Y lo que es más importante, estoy reparando, y seguiré reparando cuando sea necesario, el daño causado a través de mi colaboración incondicional con aquellos a quienes traicioné", dijo Rocha en la Corte, según reseña El Nuevo Herald.
Rodríguez Varela aseguró que la Corte buscará restituir el daño al gobierno de Estados Unidos con la devolución de todo el dinero devengado en las más de cuatro décadas de trabajo de Rocha para el régimen cubano.
“El gobierno le estuvo pagando como compensación por su trabajo mientras él violaba la confianza de Estados Unidos y cobró dinero sin estar trabajando a favor de los Estados Unidos. La Corte va a ordenar que todo ese dinero lo tenga que devolver”, dijo el abogado.
¿Además del gobierno quién más podría recibir compensación?
“La Corte va a querer saber quiénes fueron las otras víctimas en su trabajo como agente a lo largo de décadas: podrían ser, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los Hermanos al Rescate o la familia de Oswaldo Payá”, indicó Rodríguez Varela.
El 24 de febrero de 1996 el gobierno de Cuba derribó sobre aguas internacionales dos aviones civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción armada provocó la muerte de cuatro cubanoamericanos.
En el documento acusatorio contra Rocha aparece una declaración en la que el exdiplomático admite que "estaba a cargo" cuando ocurrió el derribo de las avionetas. Precisamente, entre 1995 y 1997 Rocha fue subdirector de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. "Ese fue un tiempo de mucha tensión", reconoció al agente encubierto.
El líder opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero, fallecieron en circunstancias no esclarecidas el 22 de julio de 2012, en una carretera de Bayamo, Granma, desde entonces su familia y reconocidas entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado al régimen cubano responsable de estas muertes. La familia Payá ha demandado a Rocha civilmente.
¿Puede indemnizar Rocha económicamente a las víctimas?
Registros de la oficina del Secretario del Tribunal y Contralor de Miami-Dade, con fecha del 8 de febrero, reflejan que el acusado transfirió a su esposa, Karla Wittkop Rocha, el título de propiedad de cuatro apartamentos de lujo, valorados en 4 millones de dólares, que están ubicados en el Brickell City Center. Durante la audiencia de culpabilidad de Rocha también se conoció que había transferido dos cuentas bancarias a su esposa.
La jueza se mostró insatisfecha en ese momento por el acuerdo alcanzado por la Fiscalía. Las transferencias han hecho pensar a muchos si Rocha tendría la capacidad de afrontar las restituciones que le imponga la Corte.
“La Corte puede ordenar la restitución tenga él los fondos o no los tenga. Tenga él el dinero o no lo tenga, las víctimas tienen derecho a una restitución”, dijo Rodríguez Varela.
Según Rodríguez Varela, las transferencias que hizo Rocha a su esposa podrían ser consideradas ilícitas “al estar en función de evitar afrontar las restituciones”.
“Si las familias logran demostrar que Rocha tuvo un impacto en lo que sucedió con sus seres queridos podrían proceder contra esas propiedades en un juicio civil que no tendría nada que ver con esta sentencia”, añadió.
“Lo más importante en el caso de las víctimas es lograr demostrar a la Corte que Rocha escondió información al gobierno de Estados Unidos a favor del régimen cubano y que como resultado de sus acciones hubo daños y perjuicios a estas personas”, dijo el abogado.
EEUU y Cuba abordaron cooperación policial y penal e intercambio de información en reunión bilateral
Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron este miércoles en Washington, D.C. una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio.
“La reunión del 17 de abril fue una discusión a nivel de trabajo. Funcionarios de los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento de Estado en un correo electrónico a Martí Noticias.
Añadió que “el objetivo principal de este intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba”.
“La cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes”, dijo el funcionario.
Señaló que “estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba” sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del Diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba.
Estados Unidos y Cuba celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero de 2024.
El funcionario subrayó que durante décadas, la Guardia Costera de los Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
“Participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de mantener conversaciones constructivas con Cuba, cuando corresponda, para promover los intereses de seguridad de Estados Unidos”, expresó.
Asimismo dijo que “establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales “no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos” y que “Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas las interacciones con el gobierno cubano”.
El martes, se llevó a cabo una reunión entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre la migración, que según informó el Departamento de Estado a Martí Noticias, cubrió tendencias migratorias, migración irregular, retornos y repatriaciones de ciudadanos, funciones de la Embajada y otros temas relacionados”.
En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó que son discusiones bilaterales sobre migración que se realizan dos veces al año y “reflejan el compromiso de Estados Unidos de revisar periódicamente la implementación de los Acuerdos de Migración a Cuba de Estados Unidos, que datan de 1984, garantizando un acceso seguro, ordenado, humano y regular”.
“La migración entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, consistente con nuestro interés en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba”, declaró Miller.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado el martes que en las conversaciones migratorias presididas por el viceministro Carlos Fernández de Cossío, la delegación cubana reafirmó "su disposición a cumplir y respetar, como hasta el presente, los compromisos establecidos y reiteró su preocupación por las políticas y medidas de estímulo a la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del gobierno estadounidense”.
Senado de EEUU pudiera poner fin rápidamente a juicio político contra Mayorkas
Los demócratas del Senado podrían poner fin al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este miércoles, incluso antes de que comiencen los argumentos.
La Cámara envió al Senado el martes dos artículos de juicio político contra Mayorkas, lo que lleva a un juicio bajo cargos de que se “rehusó a cumplir con las leyes federales de inmigración” en medio de una oleada histórica de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y que ha “quebrantado la confianza pública” con sus afirmaciones ante el Congreso de que la frontera es segura.
Si bien el Senado está obligado a celebrar un juicio según las reglas de juicio político, una vez que los cargos crucen el Capitolio, es posible que el proceso no dure mucho.
Se prevé que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, convoque a una votación para desestimar los dos artículos acusatorios contra Mayorkas, una vez que los senadores sean juramentados como jurados alrededor del mediodía.
La medida cancelaría el juicio y frustraría a los republicanos que han exigido que se les permita a los fiscales de la cámara baja presentar su caso. Los demócratas parecen estar unidos en su oposición al proceso.
El martes, los senadores se sentaron en silencio mientras el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el congresista republicano Mark Green, leía en voz alta los cargos contra Mayorkas.
"Alejandro N. Mayorkas merece un juicio politico, la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza y beneficio bajo los Estados Unidos", opinó Green.
Por su parte, Schumer dijo en el pleno del Senado que aunque quieren abordar esta cuestión lo más rápidamente possible, el juicio político “nunca debe utilizarse para resolver desacuerdos sobre política”.
“Esto sentaría un terrible precedente para el Congreso, que cada vez que haya un desacuerdo político en la Cámara, lo envíen al Senado para hacer un juicio político. Eso es absurdo. Eso es un abuso del proceso”, dijo el senador demócrata.
Por su parte, Mayorkas dijo el miércoles que está enfocado en su trabajo, administrando esa enorme agencia gubernamental.
“Mientras ellos se enfocan en un juicio político, yo trabajo en impulsar la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho durante todo este proceso”, declaró en el programa “CBS Mornings”, a donde acudió para hablar de la campaña del departamento por proteger a los niños cuando usan la Internet.
Mayorkas es apenas el segundo funcionario del gabinete presidencial que enfrenta su destitución mediante un juicio político. La última vez fue en 1876, cuando William Belknap, el secretario de guerra del entonces presidente Ulysses Grant, fue acusado de corrupción.
Muere Bob Graham, un político instrumental en el éxodo del Mariel (VIDEO)
Bob Graham, el ex gobernador de Florida y senador estadounidense que jugó un papel instrumental en el manejo del éxodo de cubanos por el Mariel, falleció el martes a los 87 años, anunció su hija Gwen Graham.
El político originario de Miami y graduado de Harvard tuvo que hacer frente como gobernador de Florida a la mayor avalancha de inmigrantes cubanos que se había producido hasta entonces, cuando Fidel Castro (1926-2016) dio luz verde para que embarcaciones fletadas por exiliados llegaran al puerto de Mariel a buscar a sus familiares.
Castro aprovechó la oportunidad para vaciar prisiones y manicomios y obligó a los barcos a cargar también con miles de convictos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Florida y de la administración de entonces, la del presidente Jimmy Carter.
El 21 de abril de 1980, el primer barco del puerto de Mariel llegó a Key West, Florida, transportando a 48 exiliados cubanos y, en cuatro días, casi 300 barcos llegaron a las costas floridanas. Esa primera semana, el entonces gobernador Graham se movilizó para que fuera declarado el estado de emergencia en los condados de Monroe y Dade en respuesta al arribo de los miles de inmigrantes bautizados como "marielitos".
La inmigración desde Cuba alcanzó su punto máximo en el mes de mayo de 1980 con 86.488 refugiados, pero se estima que en total fueron 125 mil los cubanos que arribaron a EEUU en aquel éxodo sólo superado por el actual, que ha traído más de medio millón de cubanos a territorio estadounidense.
El diario floridano The Miami Herald destaca en el obituario de Graham que en los años posteriores al Mariel, el representante demócrata se enfrentaría a las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan, argumentando que el gobierno federal había abdicado de su responsabilidad de abordar una crisis de inmigración federal que se desarrollaba en el estado de Florida".
Graham se inició en la política a los 29 años como representante estatal de la Florida y escaló a las más altas esferas, en las que mantuvo por tres términos un escaño en el Senado de los Estados Unidos, donde llegó a presidir el Comité de Inteligencia.
En 2003 se convirtió en candidato presidencial para las elecciones de 2004, en una campaña en las que ganó seguidores, entre otras condiciones, por su oposición a la guerra de Irak.
Años después viajaría a Cuba para explorar los riesgos de las perforaciones petroleras en la zona del Golfo, fue interlocutor del canciller Bruno Rodríguez y un escéptico de que se diera un cambio político en la isla con un miembro de la familia Castro en el poder, como expresó en entrevista concedida a Martí Noticias en 2014.
También apostó a la normalización de relaciones con Cuba impulsada por el presidente Barack Obama, considerando que "a largo plazo sería beneficiosa para estadounidenses y cubanos".
Foro