El tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, continúan arrestados en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) en Sancti Spíritus, tras la protesta protagonizada por el artista el pasado 10 de octubre.
La Fiscalía ya impuso la prisión provisional mientras transcurre la fase de investigación y preparación del proceso penal bajo el cargo de desacato, según informó a la familia el instructor del caso.
"Según me informa mi sobrina Aitana Echevarría, siguen en el Vivac. Les piden prisión preventiva a ambos y que cuando termine la visita, que será el lunes, serán trasladados a Nieve Morejón y allí esperarán juicio”, precisó a Martí Noticias, Lidia Echavarría, residente en Estados Unidos.
“Dijeron que hay que ponerles abogado, cosa que yo le expliqué a mi sobrina que no hay que ponerles abogado, que en Cuba no hay derechos humanos, por tanto, qué abogado va a defender, que eso es un abogado fantasma para aparentar lo que esa dictadura no tiene, democracia. El lunes cuando ya vayan a la visita, entonces les informaré con más precisión qué dice mi hermano y qué dice su esposa".
La afirmación de la hermana del tatuador pone de relieve las complejidades del sistema judicial en contextos de represión política, cuestionando la efectividad y el alcance real de la asistencia jurídica en el país, a la vez que señala las limitaciones estructurales a las que se enfrentan los ciudadanos procesados por motivos políticos o de ejercicio de derechos fundamentales bajo el actual régimen.
El artista visual se encaramó en la azotea de su casa para gritar consignas contestatarias como "Abajo la dictadura", "Abajo Raúl Castro" y "Abajo el comunismo". Durante la protesta, su sobrina, Aitana Echevarría, lo secundó públicamente coreando frases de rechazo al sistema.
La manifestación, que fue interrumpida por un operativo de la Seguridad del Estado en el que resultaron detenidos él y su esposa, se suma a la cifra más alta documentada por la organización Prisoners Defenders, de 1,372 presos políticos hasta el 1 de octubre de 2026.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) exigió la liberación inmediata de Echevarría Rubio, destacando que el arresto ocurrió únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
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