Las autoridades judiciales suspendieron este jueves, hasta nuevo aviso, el juicio oral contra ocho jóvenes acusados de "propaganda contra el orden constitucional" en Las Tunas.
Los imputados, quienes llevan más de dos años en prisión provisional, enfrentan peticiones fiscales de hasta nueve años de cárcel simplemente por expresar ideas disidentes y afiliarse a un grupo opositor.
El juicio iba a celebrarse en el interior del centro penitenciario conocido como "El Típico", una decisión que ha sido duramente criticada por el abogado del centro de asesoramiento legal Cubalex, Alaín Espinosa, al constituir un juicio cerrado de facto, violando el principio de publicidad procesal.
“Contrario a lo que establece tanto la normativa nacional como los estándares internacionales sobre el principio de publicidad del debate del juicio oral, que aporta la forma que tiene la ciudadanía de controlar el ejercicio correcto de los jueces de acuerdo a los principios que rigen la función judicial”.
El familiar de uno de los encausados que pidió no ser identificado relató que la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado, situada en Santiago de Cuba, delegó la realización de la vista en la sala provincial de Las Tunas por la escasez de petróleo.
El órgano acusador, representado por la fiscal Jany Fernández Jomarrón, solicitó a Javier Reyes Peña, nueve años de privación de libertad, a Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso, 8 años y a Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Alberto McDonald Ennis, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra y Enrique González Infante, 7 años. La petición fiscal para Maikel Hill Ramírez es de 6 años.
Según Espinosa, la actuación del gobierno cubano en este caso no responde a la comisión de un delito real, sino que busca "criminalizar el ejercicio efectivo del derecho a la asociación".
“La propia descripción de la fiscalía, los hechos que le imputan a ellos directamente, es haber realizado un video diciendo que eran miembros de la organización Cuba Primero sin más ningún otro tipo de conducta y a partir de esto, la fiscalía describe que se crearon matrices de opinión que afectaron a la revolución”.
De acuerdo a las Conclusiones Provisionales, a las que Martí Noticias tuvo acceso, Cuba Primero es una organización criminal que financia y promueve un cambio de sistema político en Cuba.
Al menos 20 personas han sido sancionadas a altas penas o están siendo procesadas por vínculos con la organización Cuba Primero, a la que el régimen incluyó, en 2025, en una lista de entidades terroristas.
Para el letrado de Cubalex, pertenecer a una organización, sea cual sea su naturaleza, no tipifica como delito, y recordó que para sancionar por "propaganda contra el orden constitucional" es obligatorio probar una incitación puntual contra el Estado o la distribución de materiales subversivos.
De igual modo, el jurista reveló múltiples irregularidades que vulneran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la propia legislación cubana: como la dilación excesiva de la fase preparatoria que se ha prolongado por más de dos años sin justificaciones transparentes de prórroga, “con lo cual hay una violación del derecho al debido proceso y el derecho que asiste a una persona a ser juzgado dentro de un tiempo razonable”.
El intento de realizar la vista oral dentro de una prisión es considerado por Cubalex y otras organizaciones de derechos humanos como una violación flagrante del derecho a la publicidad del debate judicial, mecanismo necesario para garantizar la transparencia y el control ciudadano.
Previo a la fecha inicial del juicio, algunos de los imputados, como Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho, habían sido confinados arbitrariamente a celdas de castigo bajo el argumento de "medidas de seguridad", lo que ha encendido las alarmas de observatorios internacionales sobre las condiciones y tratos que sufren los prisioneros políticos en la isla.
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