El juicio contra Serguey Pozo Tagle y su hijo, Yamislán Pozo Águila, quedó concluso para sentencia el lunes en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Ambos están en prisión provisional desde febrero pasado en el establecimiento penitenciario conocido como el Pre de Santa Clara.
El joven de 24 años y su padre de 45 enfrentan cargos por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura utilizada de manera reiterada para silenciar cualquier expresión de inconformidad.
“El fiscal les tiró como si hubieran asesinado, o hubieran matado no sé a cuánta gente. Lo bueno es que el abogado hizo una defensa muy buena. Las pruebas que ellos presentaron, él las rebatió todas. Yo pensé que iban a salir libres”, relató a Martí Noticias, Margarita Márquez Blanco, esposa de Serguey y madrastra de Yamislán.
“Les dijo que, si eso era un tribunal digno y honrado, tomaba en cuenta todo lo que él estaba diciendo”.
El defensor, en su alegación se refirió al derecho de las personas a hacer manifestaciones públicas, según la Constitución, y calificó de excesivas las peticiones del fiscal.
La Fiscalía pidió condenas de seis años de privación de libertad para Pozo Águila, y siete años para Pozo Tagle, ambos por el delito de "propaganda contra el orden constitucional".
El órgano acusador los imputó por lanzar, en vías importantes de la ciudad de Santa Clara, octavillas en las que llamaban a los cubanos a unirse a un “día cero” bajo el lema Cuba Primero, que alude a la organización del mismo nombre radicada en Miami y encabezada por el empresario cubanoamericano Armando Labrador.
Los volantes también fueron esparcidos en la Escuela Especial Fructuoso Rodríguez, de la cabecera provincial.
De acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, los acusados fueron contactados por una ciudadana residente en Estados Unidos que “poseía vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias del exterior, de corte violento” y “concibieron la idea de generar una matriz de opinión desfavorable, mediante el descrédito del sistema político, social y económico”, incitando a la población a tomar las calles y poner fin al gobierno.
Según el texto, Pozo Tagle recibió remesas para asegurar la confección de la propaganda “contrarrevolucionaria”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe de octubre, denunció que la acusación contra ambos carece de tipicidad penal y constituye una criminalización del derecho a la libre expresión y a la libertad de pensamiento.
El OCDH dijo que los mensajes contenidos en las octavillas no llamaban a la violencia, ni incitaban al odio, ni promovían ataques a instituciones. Las frases apelaban a la posibilidad de un mañana libre y próspero y convocaban a la ciudadanía a organizarse.
Entre los mensajes reproducidos en la acusación figuran llamados a “juntarnos de una vez en el último esfuerzo” y a que “los cubanos tomaremos las calles para dar comienzo al primer día de una vida plena, digna y justa”.
El Código Penal cubano incluye sanciones de cuatro a diez años de prisión para quien reciba o posea fondos o recursos materiales con el propósito de sufragar actividades consideradas contra el Estado y su orden constitucional.
Al menos 15 personas han sido sancionadas a altas penas o están siendo procesadas por vínculos con la organización Cuba Primero, que se propone restaurar la Constitución de 1940, convocar una Asamblea Constituyente y establecer un Estado con respeto a las libertades civiles, económicas y políticas.
Se trata de Fernando Almenares Rivera, José Antonio Pompa López, Lázaro Mendoza García, Jorge Luis Boada Valdés, Carlos Terán Izquierdo, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Sulmira Martínez, Migdel Martínez del Toro y Yasmani González; de La Habana; de Mayabeque, Daniel Alfaro; Daniel Moreno; de Santiago de Cuba, Ana Ibis Tristá, Jarol Varona Agüero, Félix Daniel Pérez Ruiz, y Cristhian de Jesús Peña Aguilera; en Las Tunas; a José Manuel Barreiro de Cienfuegos.
El régimen comunista incluyó a Cuba Primero en una lista de entidades terroristas.
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