Ocho tuneros enfrentan penas de entre seis y nueve años de prisión por presuntos vínculos con Cuba Primero, una organización asentada en Miami, que el régimen califica como terrorista y acusa de promover acciones contra el Estado cubano.
Se trata de Javier Reyes Peña, al que el órgano acusador pide nueve años de privación de libertad, a Maikel Hill Ramírez, seis años; a Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso, ocho años; a Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante y Pedro Carlos Camacho Ochoa, siete años.
De acuerdo a las Conclusiones provisionales presentadas por la Fiscalía ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, los imputados interactuaron con Cuba Primero, que busca “lograr un accionar efectivo desde el escenario virtual para derrocar el sistema político en Cuba”.
Al respecto, Alaín Espinosa, experto del centro de asesoramiento legal Cubalex indicó, en conversación con Martí Noticias, que "los acusados lo único que hicieron fue grabar un video donde asumen su pertenencia a Cuba Primero".
Asimismo, la Fiscalía describe como incriminatorios hechos como publicaciones en Facebook e intercambio de mensajes con otros usuarios, que cataloga de intentos para"estimular opiniones adversas" y crear matrices de opinión contrarias al sistema".
En los últimos dos años, alrededor de 25 cubanos han sido sancionados a altas penas o están sometidos a proceso penal por vínculos con la organización Cuba Primero.
"Una de las cuestiones que más llama la atención de estas Conclusiones provisionales es que hacen alusión directa y expresa a que uno de los medios utilizados para lograr este fin de derrocar el sistema político es la creación o la aportación de folletos relacionados con la Declaración Universal de Derechos Humanos”, enfatizó el abogado.
“Esto evidencia, de manera fehaciente, el desapego que tiene el Estado cubano o la intención de distanciarse del respeto y de la garantía por los derechos humanos para todos los ciudadanos. La Fiscalía, lo que está calificando como delito en este caso, se corresponde al ejercicio efectivo del derecho de asociación. También el derecho a la libertad de expresión”.
En este sentido, el jurista destacó que “el ejercicio de la libertad de expresión comprende básicamente el buscar, recibir, difundir informaciones de toda índole y por aquellos medios que uno considere necesario, siempre que no sea un mensaje de odio que incite a la violencia o que de alguna manera pueda violentar alguna legislación que esté vigente”.
Los tuneros, en prisión provisional desde marzo y abril de 2024, están imputados por Propaganda contra el orden constitucional, un delito para el cual la Fiscalía no aporta la “carga probatoria necesaria para demostrar su comisión y que pueda destruir la presunción de inocencia de los acusados en los términos establecidos en el Artículo 6 de la ley del proceso penal vigente”, señaló Espinosa.
“Estas conclusiones provisionales llegan luego de un proceso extremadamente dilatado, caracterizado por la violación extrema del término para concluir la fase preparatoria, lo que demuestra que desde el principio la finalidad de este procedimiento fue discriminar a estas personas por su opinión política, castigarlas de la manera más severa posible y enviar un mensaje al resto de la ciudadanía para que se inhiba de emitir cualquier comentario o de ejercer cualquier tipo de disenso contra el gobierno por la posible criminalización de lo que sería un ejercicio efectivo de derechos humanos”, puntualizó el especialista en leyes.
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