La semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas y siete empresas que operan en el sector minero de la economía nicaragüense que “ayudan a la dictadura de Murillo-Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua”.
Entre los sancionados por la OFAC se encuentran Maurice Facundo Ortega Murillo, delegado presidencial para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, titular del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ambos hijos Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio que gobierna Nicaragua desde 2007.
“La dictadura ha transformado el Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce más poder ahora, sino también sus hijos adultos” señaló el Departamento de Tesoro liderado por Scott Bessent.
Las nuevas sanciones de la OFAC en vísperas del octavo aniversario del 18 de abril, fecha que estallaron las protestas ciudadanas contra el régimen sandinista en 2018, fueron complementadas por otra sanción anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, contra viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, “por su papel en violaciones de derechos humanos”.
Ante esta nueva tanda de sanciones, el exilio nicaragüense ha mostrado satisfacción, por el mensaje de la Administración estadounidense de exigir rendición de cuentas al régimen sandinista, pero al mismo tiempo muestra cautela ante la posibilidad de que las personas y empresas bajo la sanción evadan las medidas impuestas por Washington y no cambien nada en Nicaragua.
Para Luis Fley, ex líder de la Resistencia Nicaragüense que combatió al sandinismo en los años ochenta, “estas sanciones llevan un mensaje claro: presionar a la dictadura Ortega Murillo para que indemnice a una empresa norteamericana y también hacerles ver que no pueden seguir cediendo el territorio nicaragüense a los chinos en lo referente a las minas y al comercio”.
Por otro lado, Fley recordó a Martí Noticias que “el Ministerio de Interior tiene bajo su responsabilidad la inmigración y extranjería de Nicaragua y es desde donde se ha promovido la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Nicaragua ha sido utilizada como trampolín por miles de ciudadanos no solamente de América Latina sino de Asia, África para venir a los Estados Unidos y socavar al país”.
Expectativas con las sanciones
El líder opositor, que actualmente dirige la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), espera que “la Administración Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, no se detengan en presionar a la dictadura hasta lograr elecciones limpias, libres y transparentes en Nicaragua”.
Un empresario nicaragüense, a quien le retiraron la nacionalidad y por temor a más represalias habló a Martí Noticias en condición de anonimato, señaló que "tras años de evidencia de crímenes de lesa humanidad, las sanciones han llegado a su límite".
"Bajo la doctrina de la Responsabilidad de Proteger, Estados Unidos tiene la obligación estratégica y moral de actuar con claridad: o el régimen inicia una transición democrática inmediata, o enfrentará un aislamiento total y medidas decisivas. La ambigüedad ya no es prudencia, es complicidad", sentenció.
Precisamente, en este sentido se expresó el economista y político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien apuntó que las sanciones “tienen un importante significado político y debería hacer ver a quienes aún están al lado de los dictadores que la cosa se viene a peor ya que estas sanciones vienen a sumarse a una serie de acciones, expresiones y declaraciones de los Estados Unidos que se han venido recrudeciendo, en particular relacionadas al negocio del oro”.
Para Chamorro, “la inclusión de Daniel Edmundo y Maurice, que no tienen vinculación directa con el oro, es una clara señal de que Estados Unidos no va a dejar de poner presión sobre el régimen y que Nicaragua sigue en la agenda política de los norteamericanos”.
Riesgo de evasión de las sanciones
Menos optimista, otra fuente nicaragüense radicada en el extranjero dijo a Martí Noticias que “las sanciones contra funcionarios del gobierno y la familia Ortega no cambian la situación de fondo en el país, porque para Washington la posibilidad de cambio ocurrirá cuando fallezca Ortega. Mientras tanto actualmente el ejército de Nicaragua no está dispuesto a impulsar un cambio de régimen, menos la policía”.
La fuente, que por razones de seguridad pidió no ser identificada, agregó que “tomando en cuenta el modelo venezolano el gobierno Trump prefiere la estabilidad y un proceso controlado que la desestabilización que afectaría al país y la región centroamericana. En este contexto las sanciones contra familiares de Ortega tienen un valor simbólico, pero no van a afectar por el momento las relaciones de poder”.
Chamorro, por su parte, admitió que “la dictadura Ortega Murillo tiene años de estar lidiando con sanciones institucionales e individuales y se han vuelto expertos en esquivarlas” y agregó “que muy probablemente algunas de estas empresas sancionadas, hace dos semanas, se movieron a la cancelación de estas empresas y el traslado de estas concesiones a otros empresarios, algunos de ellos incluso norteamericanos, como una forma estratégica de esquivarlas. Ellos se han movido de antemano porque obviamente sabían que esto iba a ocurrir y se habían preparado”.
El economista y político recuerda también que “esta no es la primera vez que se sanciona al oro y que hubo una en el año 2022 y muchas de estas empresas [actualmente sancionadas] surgieron a raíz de aquellas sanciones. Entonces se está dando como una suerte de seguimiento del gato y el ratón”.
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