Tras la publicación oficial de la lista de los 2.010 reclusos indultados por el régimen cubano, organizaciones de derechos humanos y activistas señalaron que la medida excluyó de manera generalizada a los prisioneros políticos.
El listado, difundido en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial, detalla los nombres, apellidos y causas judiciales de los internos liberados en abril bajo el Decreto Presidencial 1212 de 2026, una acción que las autoridades describieron inicialmente como un "gesto humanitario y soberano" por la Semana Santa.
La publicación oficial detalla que entre los excarcelados se encuentran aproximadamente 100 personas sancionadas por delitos contra la Seguridad del Estado. Sin embargo, la divulgación del texto generó reacciones inmediatas de la oposición independiente.
Desde Madrid, España, Javier Larrondo, abogado y presidente de Prisoners Defenders, detalló las conclusiones del análisis comparativo realizado por su equipo técnico tras la aparición del documento oficial y explicó que el único ciudadano identificado en los registros de su organización que coincide con el listado estatal representa una excepción dentro de la medida gubernamental.
En La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa vinculó la publicación del documento, efectuada casi dos meses después de la rúbrica del decreto, con las demandas de transparencia orientadas hacia las instituciones penales cubanas.
"La presión ha obligado al gobierno cubano a adelantar y hacer mucho antes de lo que suele hacer, sobre todo casos que van a favorecer de algún modo a la ciudadanía, a publicar la gaceta con el listado de las personas que han sido liberadas", expresó.
Cuesta Morúa contrastó la cifra oficial de internos con el reporte de Prisoners Defenders, indicando que la organización independiente solo valida a un recluso de conciencia entre los beneficiados.
El dirigente opositor y exprisionero político José Daniel Ferrer analizó desde Europa la situación legal de las personas comunes incluidas en el documento y las condiciones del sistema carcelario de la isla.
"La mayoría de esos presos comunes que salieron de las cárceles al régimen ya estaban a punto de cumplir sus sanciones o ya habían pasado la fecha en que le correspondía la libertad condicional. Los estuvieron reteniendo para presentarlo después como un gesto de buena voluntad al Vaticano. El régimen ahora saca la lista y resulta que uno solo es preso político", indicó el líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Ferrer afirmó que la permanencia de la mayoría de los convictos por motivos políticos en los centros penitenciarios responde a una política estatal orientada a desincentivar las protestas públicas de la población ante la situación económica y la escasez de recursos.
Ante la difusión de la lista extraordinaria, Manuel Cuesta Morúa sostuvo desde la capital de la isla que los objetivos de las agrupaciones civiles de derechos humanos deben centrarse en la demanda de una amnistía total y general para todos los presos de conciencia y en el esclarecimiento de los expedientes judiciales penales.
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