Cuba comenzó el año 2026 con un récord histórico de 1.207 prisioneros políticos, tras la verificación de 18 nuevos casos en el mes de enero, según el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders.
Durante el último año, la lista sumó un total de 147 nuevos ingresos, lo que mantiene un promedio mensual superior a las 12 detenciones por motivos políticos.
El abogado Javier Larrondo, presidente de la organización, dijo a Martí Noticias que uno de los casos que fue baja del listado mencionando fue Lázaro García Ríos, quien falleció el 22 de enero bajo custodia mientras cumplía una condena de 20 años.
La familia del fallecido denunció falta de atención médica y anomalías en la información oficial tras su deceso. “Su muerte constituye un hecho de la máxima gravedad política y jurídica. La privación de libertad implica una obligación reforzada del Estado de garantizar la vida, la integridad y el acceso a atención médica”, dijo Larrondo.
De acuerdo con la clasificación técnica de la entidad, el total de prisioneros se divide en 727 convictos de conciencia, definidos como personas en privación de libertad por el ejercicio de sus derechos fundamentales; 445 condenados de conciencia, que sufren limitaciones de libertad como arresto domiciliario o trabajo forzado; y 35 personas dentro de la categoría de otros presos políticos con violaciones graves al debido proceso por motivos ideológicos.
El informe resalta, además, la permanencia en reclusión de 128 mujeres y de 32 menores de edad, detenidos cuando aún no habían cumplido los 18 años.
Sobre las condiciones de internamiento, la organización advierte que se han censado 463 prisioneros con patologías médicas graves debido a la falta de alimentación, maltratos y carencia de atención médica, mientras que 42 padecen trastornos graves de salud mental sin recibir el tratamiento adecuado.
Larrondo también denunció la falta de supervisión clínica y las dificultades en el acceso a fármacos por parte de los prisioneros. “La medicación y parte de los insumos básicos dependen únicamente del esfuerzo de los familiares que ven los insumos, además sustraídos por los carceleros, incluso en casos que requieren tratamiento continuo”, dijo.
El informe documenta además casos de tortura, incluyendo golpizas, aislamiento en celdas de castigo y, en el caso de Onaikel Infante Abreu, agresiones sexuales bajo mandato de las autoridades.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso Duannis Dabel León Taboada y su madre, tras denuncias de golpizas que le provocaron pérdida de visión y un cuadro de depresión severa.
Por otro lado, el informe pone el foco en el impacto de la vigilancia digital como herramienta estructural de represión penal. Un estudio de la organización indica que el 88% de los declarantes fueron citados o detenidos tras ser cuestionados por sus publicaciones en redes sociales, interviniéndose en casi la mitad de los casos las comunicaciones privadas sin tutela judicial.
El reporte destaca los arrestos de jóvenes como Ankeily de la Caridad Guerra Fis y Enrique Ramos Bosch por expresar descontento en Facebook.
“Publicaciones, comentarios y mensajes privados se incorporan a expedientes y se emplean como base para amenazas, detenciones y procesos penales”, precisó Larrondo.
De acuerdo con el informe, la tasa de encarcelamiento actual, solo teniendo en cuenta a los presos políticos, es de 923 detenidos por cada 100 mil habitantes, por lo que Prisoners Defenders califica al país como la mayor "isla cárcel" del mundo.
El informe concluye que “Cuba mantiene un sistema de represión generalizada y sostenida con impacto directo sobre libertades fundamentales y en casos extremos y bastante habituales, desgraciadamente, sobre la vida de quienes quedan bajo custodia”.
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