Derechos Humanos
Periodistas cubanos en alerta por la entrada en vigor del Artículo 143
El artículo 143 del nuevo Código Penal cubano, que fuera aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional del Popular y publicado en la Gaceta Oficial de la República el 1º de septiembre con entrada en vigor en 90 días, es un instrumento especialmente diseñado contra de la prensa independiente, advirtieron a Radio Televisión Martí comunicadores desde la isla.
"Cada vez somos menos los que quedamos informando desde Cuba y sufriendo todo tipo de persecución", opinó Camila Acosta.
El Artículo 143, incluido en el Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado", establece:
"Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".
“Ahora ya tienen un delito específico en contra de nosotros y es ese artículo 143, referido al financiamiento que provenga del exterior y que se incluye este tipo de financiamiento, supuestamente, para actividades subversivas, una simple recarga que podamos recibir en nuestros teléfonos móviles desde el exterior”, señaló la periodista que labora en el portal CubaNet.
Entre las reformas al código penal, en el delito de espionaje, se incrementa la pena a hasta 30 años de cárcel por el mero intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero. También se tipifica como delito la colaboración con “organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica y se tipifican otros delitos como "sedición" para sancionar a personas que se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; el de difusión de noticias falsas que pongan en peligro "el prestigio del Estado Cubano".
Alberto Corzo, director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) dentro de Cuba, destacó que, a pesar de las presiones, ellos tienen el propósito de continuar haciendo periodismo.
“Hay dos formar de ver esto, una es poder encausar legalmente a las personas que ejercemos esta actividad dentro de Cuba, y la otra, es la presión de "te vas del país o te metemos preso”", dijo desde Matanzas el comunicador.
Emilio Almaguer, que hace periodismo en Baracoa, Guantánamo, aseguró que hay una radicalización de la represión en contra de ellos.
“Vamos a tener que sufrir lo que venga, porque es preocupante que un gobierno no deje que exista una opinión diversa”, comentó Almaguer.
"Ya la presión de la policía política ha provocado un importante éxodo de periodistas independientes. Hay una buena cantidad de periodistas independientes que han renunciado y han salido del país", dijo el también periodista independiente Adriano Castañeda.
"Hace una semana fui detenido aquí en Sancti Spíritus y una de las cosas con las que me amenazaron los oficiales de la Seguridad del Estado, fue con esta nueva ley que está en el Código Penal”, recordó.
A pesar de todo el acoso y hostigamiento, están comprometidos para seguir adelante con su labor, como confirmó por su parte el periodista Enrique Díaz.
“Es evidente que vamos a sentir en carne propia lo que han venido maquinando y manipulando con este artículo 143 del Código Penal”, recordó el comunicador.
Vladimir Turró, que fuera detenido en tres oportunidades durante el mes de agosto, habló de su propio caso.
“Además de las cartas de advertencia que me han hecho, ya en otros interrogatorios ya me lo habían dicho, que apenas se implementara el nuevo Código Penal, en mi caso ya sería procesado por este artículo 143”, enfatizó Turró.
El artículo 143 del Código Penal, “Otros delitos contra la Seguridad del Estado”, establece que quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, "con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".
Vea todas las noticias de hoy
Informe mundial señala a Cuba como país con espacio cívico cerrado
La ONG CIVICUS Monitor, que trabaja en coordinación con más de 20 organizaciones internacionales, mantuvo a Cuba entre los países con un espacio cívico cerrado, tras evaluar las políticas públicas, la práctica de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, entre otros requisitos.
En el informe anual "El poder ciudadano bajo ataque 2023", la entidad define el estado del espacio cívico de cada país como abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado, a partir de datos recopilados a lo largo del año por activistas de la sociedad civil, equipos de investigación regionales, índices internacionales de derechos humanos y sus propios expertos.
Ahora mismo hay 28 países o territorios con un espacio cívico cerrado, 50 con un espacio cívico represivo y 40 con un espacio cívico obstruido, lo que significa que 118 de 198 países y territorios analizados en el reporte están experimentando graves restricciones a las libertades fundamentales. En comparación, 43 países tienen un espacio cívico estrecho y sólo 37 tienen una calificación abierta.
En el caso de Cuba, la ONG concluye que además de presionar constantemente a la sociedad civil independiente, las autoridades cubanas usaron tácticas de acoso y vigilancia para repimir a los opositores.
Civicus Monitor citó como ejemplo que hubo 134 acciones represivas en septiembre, durante la cumbre en Cuba del G77 más China.
Hasta el año 2021, en el informe de Civicus Monitor, sólo Cuba estaba en la categoría de país cerrado en el continente americano.
En el análisis del 2023, la ONG incluye a Venezuela y Nicaragua entre las naciones donde hay consecuencias severas cuando la sociedad civil expresa su disenso, y prevalece la impunidad ante el acoso a los activistas.
"Actualmente, casi un tercio de la población mundial vive en países con espacios cívicos cerrados. Este es el porcentaje más alto desde 2018, cuando CIVICUS comenzó a investigar sistemáticamente las condiciones del espacio cívico en todo el mundo. Así, el porcentaje de la población que vivía en países cerrados aumentó del 26% en 2018 a 30,6% en 2023. Estos datos señalan una crisis en el espacio cívico, subrayando la imperante necesidad de unir esfuerzos inmediatos a nivel global para revertirla", indicó el reporte.
Trasladan de cárcel a preso político que convocó a huelga de hambre
Las autoridades penitenciarias trasladaron a la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, al preso político guantanamero Eider Frómeta Allen como medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendían realizar un grupo de reos el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos.
El cambio ocurrió tras ser incautadas por oficiales del Combinado de Guantánamo unas cartas en las que los presos convocaban a los reclusos de otras cárceles a llevar a cabo una huelga de hambre el 10 de diciembre, explicó a Martí Noticias, la madre del preso político, Griselia Allen, residente en la ciudad de Guantánamo.
“Ellos iban a hacer una huelga general por el día 10. Mandaban a decir algo sobre eso, algunas instrucciones y al muchacho (con el que iban a sacar al exterior las cartas) se las cogieron. Eso fue el 29 de noviembre, dice que se formó tremendo ‘revolcón’ allá dentro. Empezaron a mover presos de piso y a sacar para otros lugares”, afirmó la señora.
“Eider me llamó el viernes y me dijo que lo habían ‘deportado’ para Santiago de Cuba, como un castigo. Le dijeron que como medida de seguridad”, denunció.
Miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Frómeta Allen extingue una sanción de ocho años y medio de privación de libertad, de los que ya ha cumplido un poco más de la mitad, pero el Tribunal de Ejecución negó el cambio a un régimen de menor rigor al opositor encarcelado, una decisión que, en la práctica, es determinada, por las autoridades del establecimiento penitenciario y el Ministerio del Interior, según han advertido abogados independientes.
La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que había hecho. Tiene que readaptarse a las condiciones del nuevo centro, pero para su familia es un castigo indirecto: Frómeta Allen fue trasladado a una prisión situada a más de 80 kilómetros de su hogar.
“Ahora es más difícil porque me queda a dos horas de viaje y el transporte está pésimo. Tendría que coger un carro particular que, el que menos, me cuesta 500 o 600 pesos. Tengo que ver cómo yo puedo llegar hasta allá”, lamentó la mujer.
La recepción de “la jaba”, en la que los familiares llevan a sus presos alimentos y productos de aseo, es de vital importancia en Cuba ya que el Estado no provee los necesarios suministros para satisfacer las necesidades básicas de los recluidos.
“No tengo a nadie allá, no tengo donde preparar el almuerzo que le llevo. Tengo que prepararlo desde aquí desde mi casa”, agregó la madre del preso político.
“Con las medicinas, sobre todo de la presión, una las compraba en el mercado negro y se las llevaba a la cárcel, pero ahora no sé cuántas veces podré viajar allá”, afirmó.
Esta semana la supervisora del Centro de Derechos Humanos en Cuba, Martha Beatriz Roque Cabello, habló a Martí Noticias sobre la situación de Frómeta Allen, preso desde el 2019 y sus múltiples cambios de prisión.
La opositora dijo que al residente de Guantánamo lo tenían encarcelado en el penal de Kilo 8, en Camagüey; recientemente fue trasladado para el Combinado de Guantánamo, pero hace seis días lo sacaron de allí y fue enviado para el penal de Boniato, en Santiago de Cuba.
Robles ya lleva tres años preso por levantar un cartel exigiendo libertad y el fin de la represión en Cuba (VIDEO)
El pasado 4 de diciembre marcó el tercer aniversario del encarcelamiento de Luis Robles Elizastigui, preso político por expresar sus opiniones de manera pacífica en La Habana.
Caminó solo, portando un cartel que exigía la libertad de Denis Solís, un rapero del Movimiento San Isidro que estaba encarcelado por esos días, "No + represión" y "LIBERTAD". El video del joven caminando por el bulevar de San Rafael se hizo viral porque al momento de su detención fue defendido por una gran cantidad de personas que intentaron evitar que se lo llevaran detenido.
La madre de Robles, Yindra Elizastigui, en una conversación con Martí Noticias, recordó un hecho ocurrido poco después de su arresto pero también el impacto que su ausencia ha representado para la familia.
Las declaraciones de un oficial de la Seguridad del Estado, insinuando que Robles estaba en el “lugar y momento equivocado”, reflejan la posición de las autoridades sobre su detención.
Yindra Elizastigui afirmó que esas palabras insinuaban un castigo ejemplarizante y no una justificación legítima para la encarcelación de su hijo durante tres años.
Condenado en 2022 a cinco años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, Luis Robles ha enfrentado hostigamiento por parte de las autoridades en el Combinado del Este, la prisión de alta seguridad en La Habana. Esta situación ha afectado a su familia, especialmente a su hijo de tan solo cuatro años.
La madre de Luis Robles explicó que ha experimentado problemas de salud a raíz de la situación de su hijo, desarrollando diabetes, hipertensión y complicaciones cardíacas.
El preso político, de 31 años de edad, mantenía que su protesta no estaba vinculada a ninguna organización opositora, sino que fue una expresión independiente de su frustración ante la injusticia y la represión en su país.
La familia de Luis Robles Elizastigui sigue abogando por su liberación y por el respeto a sus derechos fundamentales.
Yindra Elizastigui enfatiza que no descansará hasta que su hijo recupere la libertad que le fue arrebatada.
Casi un centenar de reos enfermos en Melena del Sur y sin atención médica, denuncia madre de preso político
Casi un centenar de reos se ha enfermado en una prisión de Melena del Sur, Mayabeque, tras beber agua contaminada, denunció a Martí Noticias, Zenaida Licea, madre del preso político Manuel Velázquez Licea.
“Mi hijo está enfermo en prisión, con muchos dolores de cabeza, fiebre y dolores en las articulaciones. Lo que pasa es en el agua”, apuntó Licea quien explicó que en el penal Melena II, donde se encuentra su hijo, “hay más de 90 presos con esa enfermedad”.
“Toda el agua está contaminada; no tienen agua ni para bañarse. El agua se la buscan de una cisterna, el agua que le baja a ellos es un agua ‘zurrapienta’, ‘blancusia’, y así mismo tienen que tomársela, porque no hay agua limpia ahí”, detalló la madre del integrante del movimiento "Opositores por una Nueva República".
“Siempre ese problema ha estado en la prisión de Melena II (…) que se la llevan en pipas, en una cisterna, pero contaminada. Entonces, he tenido que llevarle agua hasta que le alcance”, dijo.
Manuel Velázquez recibió la visita de un médico especialista “por el problema de la fiebre y el dolor en las articulaciones y le mandaron el ‘Rocephin’ (antibiótico) porque aquí no hay y eso es a nivel de hospital y así, lleva más de dos semanas enfermo. Ahí hay más de 90 presos así mismo”, reiteró Licea.
La señora asegura que el especialista le dijo que, si lograban conseguir el antibiótico “por otra vía", su hijo sería ingresado en el hospital para recibir el medicamento.
En su denuncia, reiteró que el opositor es víctima de persecución: "¿Usted sabe lo que es ese niño enfermo y que a la una de la mañana, lo estén llamando para darle requisa, para estarlo registrando, le alumbran la cara con una linterna para despertarlo, a ver qué es lo que está haciendo?”.
“Están todos flacos, flacos e imagínate, aquello es una tos, una tos y no tienen medicamentos. Allí la alimentación, pésima, a esos niños lo que les dan de almuerzo es una ‘agüita’ de arroz y ya, allí no hay alimentación ninguna”, concluyó Zenaida Licea.
El pasado mes de mayo, Vázquez Licea, junto a otros 13 prisioneros políticos cubanos en distintas prisiones del país, decidieron plantarse demandando respeto a todos los presos, comunes y políticos, libertad religiosa, derecho a la asistencia médica, mejoras en la alimentación y libertad para todos los presos políticos
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Muerte de preso político 11J entre cientos de violaciones cometidas en el contexto del examen de derechos humanos a Cuba
Mientras el régimen cubano era sometido al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registraba al menos 300 acciones represivas cometidas en la isla.
De acuerdo con dicho reporte, las autoridades represivas cubanas ejecutaron más de 85 detenciones arbitrarias y cometieron 83 incidentes de abuso contra presos políticos. También, “predominaron los sitios de viviendas de activistas y opositores, amenazas, citaciones policiales, juicios y multas”.
Desde Madrid, España, donde tiene su sede el OCDH, Yaxis Cires, director de Estrategia de la ONG, dijo a Martí Noticias que es significativo "que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en el que el régimen cubano fue analizado por Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos”.
Cires hizo énfasis en que durante esta “revisión”, el régimen de La Habana recibió “una fuerte crítica de la comunidad internacional por las grandes violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla y, también, en el mes en que visitó (Cuba) el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor (Eamon) Gilmore”.
OCDH destaca en el informe la muerte del prisionero político Luis Barrios Díaz, quien falleciera a causa de negligencias por parte de las autoridades del penal 1580, ubicado en la localidad capitalina de San Miguel del Padrón, donde cumplía una condena de nueve años por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Arroyo Naranjo.
“Estamos denunciando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrios, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento en que tenían que hacerlo. Desde agosto, la familia estaba denunciando la situación que presentaba (Barrios) desde el punto de vista respiratorio y lo llevaron al hospital para ser tratado, ya cuando poco podían hacer los médicos”, puntualizó Cires.
“Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen”, concluyó.
(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)
Foro