Panamá dijo hoy que citó a la representante diplomática venezolana después de que no se autorizara el despegue desde el aeropuerto internacional de la capital panameña de un avión con varios ex presidentes latinoamericanos rumbo a Venezuela para observar las elecciones del domingo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó más temprano en la red social X que la ex presidenta Mireya Moscoso y otros ex mandatarios que iban a partir hacia Venezuela no pudieron hacerlo debido al "bloqueo del espacio aéreo venezolano".

La Cancillería panameña dijo que ha citado al Palacio Bolívar a la representante de la Misión Diplomática de Venezuela en Panamá.

El presidente Nicolás Maduro se juega la reelección por un tercer mandato y tiene como principal rival al bloque opositor, liderado por María Corina Machado con la candidatura de Edmundo González.

Maduro llamó el jueves a los venezolanos a salir a votar el domingo y aseguró que en la votación se decidirá “el futuro de Venezuela" para los próximos años.

“Sólo nosotros garantizamos la paz y la estabilidad de este país”, dijo.

Estados Unidos afirmó este viernes que está preparado para calibrar su política de sanciones contra Venezuela dependiendo de lo que suceda en las elecciones presidenciales del domingo.

Altos funcionarios estadounidenses dijeron a los periodistas que
Washington observará el período de transición posterior alas elecciones y ajustará respuesta según lo que ocurra.

En la boleta de las elecciones del 28 de julio figura un pastor evangélico, pero Javier Bertucci tiene pocas posibilidades de dar la batalla al presidente Nicolás Maduro, quien busca un tercer mandato consecutivo.

La religión no ha jugado un papel clave en esta carrera electoral. Sin embargo, sí se ha entrelazado con la política, en especial durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien llegó a convertirse en una figura de culto para decenas de venezolanos y se distanció de la Iglesia católica abrazando la religiosidad popular.

Aquí una mirada al contexto religioso de Venezuela.

¿Qué dice la ley?

La Constitución garantiza la libertad de religión y culto. También dicta que toda persona tiene derecho a profesar su fe y manifestar sus creencias siempre que no se oponga a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Además, establece la independencia de las iglesias y cada familia es libre de elegir si sus hijos reciben educación religiosa o no.

De acuerdo con un reporte que el gobierno estadounidense publicó en 2023 sobre libertad religiosa en Venezuela, las comunidades de fe profesan sus creencias libremente siempre que se abstengan de criticar al gobierno. Representantes católicos y evangélicos han dicho que partidarios de Maduro acosan verbalmente a miembros de sus instituciones si llaman la atención sobre la crisis humanitaria del país.

¿Con qué religión se identifican los venezolanos?

Sin números oficiales a mano, todas las estimaciones coinciden en que la población es mayoritariamente católica.

Según el reporte del gobierno estadounidense de 2023, el 96% de la población sería católica y el resto englobaría otras confesiones.

Desde Venezuela, una de las investigaciones más recientes fue encabezada por la Universidad Católica Andrés Bello y data de 2016.

Enrique Alí González, sociólogo que comparó las cifras con su experiencia en campo, estima que el paisaje religioso actual podría ser el siguiente: católicos 82%-84%, evangélicos (sin distinguir denominación) 10%-12%, adeptos de la santería 1,5%-2% y ateos 1%. Los testigos de Jehová, musulmanes, Baha’i y otras minorías integrarían el porcentaje restante.

Según el experto, la mayor concentración de evangélicos está en el estado de Apure —fronterizo con Colombia—, mientras que la santería está más presente en Caracas. Además, algunos venezolanos participan de dos religiones: muchos devotos del espiritismo —cuya máxima representante es María Lionza, deidad femenina que se venera en la Montaña del Sorte— también son católicos.

¿La religión impacta en la política actual?

Las creencias religiosas no se perciben como un factor definitorio en las elecciones del 28 de julio.

Según el sociólogo Hugo Pérez Hernáiz, más allá de que el pastor evangélico Bertucci aparezca en una boleta, la adscripción religiosa difícilmente determinará lo que arrojen las urnas. “Una persona no te dirá que su creencia en Dios es la que la está llevando a votar”.

La manera en la que sí influye, explica Alí González, es en el acompañamiento social y espiritual.

En un país en el que la pobreza alcanza a más del 90% de la población, la organización religiosa Cáritas ofrece ollas comunes y suplementos alimenticios para niños y niñas.

“Y, por supuesto, también está el acompañamiento pastoral”, agrega. “Porque, ¿qué te queda cuando vives una situación tan miserable?”.

“La fe, y cuando la fe es sólida, se transforma en esperanza”.

¿Cómo ha sido la relación entre el gobierno y las iglesias?

Allá por 2013, cuando apenas buscaba el poder, Nicolás Maduro dijo que, mientras oraba en una capilla, el fallecido Hugo Chávez se le apareció en forma de pajarito y lo bendijo.

El video produjo todo tipo de reacciones pero no fue sorpresivo. Afirmando que los obispos eran “demonios” y favoreciendo el culto a María Lionza, era usual que el mismo Chávez se mostrara más cercano al espiritismo que a la Iglesia católica.

Según Alí González, en la historia venezolana se han dado varios roces entre gobernantes y líderes católicos.

El primero ocurrió en el S.XIX, cuando el presidente Antonio Guzmán (1870-1887) trató de suplantar a la Iglesia con una visión que incorporara la masonería y el protestantismo. Tras su muerte, el anticatolicismo declinó, las congregaciones europeas volvieron a Venezuela y varios gobiernos subsecuentes se mantuvieron al margen siempre que la Iglesia no interviniera en política.

A mediados de los años 40, hubo una segunda ruptura cuando un sector político apegado al socialismo emprendió nuevas acciones anticlericales. Los ánimos se enfriaron con el retorno a la democracia en los años 50 y no fue sino hasta la llegada de Chávez al poder, a finales de los 90, que la grieta se reabrió.

Según Alí González, Chávez fomentó una suerte de divinización o “culto humano” que algunos expertos llaman “religión atea” en consonancia con el “guevarismo” o “fidelismo”, derivados del fervor que aún despiertan líderes como Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro.

En paralelo, Chávez se propuso reducir el culto a la Iglesia católica aliándose con sectores evangélicos. Por ejemplo, sacó a las capellanías de las cárceles y cedió ese terreno a los evangélicos.

¿Qué ha sido de la religión en el chavismo?

Algunos sacerdotes apoyaron a Chávez y a Maduro. Otros los enfrentaron. Y, en uno de los puntos más álgidos de las protestas que estallaron en 2017, el papa Francisco llamó al diálogo y la paz.

Religiosamente hablando, Maduro se dice un hombre espiritual que públicamente ha hecho guiños a prácticas tanto católicas como evangélicas. Y como presidente, en su relación con la Iglesia, suele seguir los pasos de su antecesor. Aunque ha viajado al Vaticano para encontrarse con el papa y celebra al beato venezolano José Gregorio Hernández, también ha criticado a líderes católicos y estos a él.

Más recientemente, su acercamiento con las iglesias evangélicas aumentó. En 2023, lanzó el programa “Mi iglesia bien equipada” para mejorar y restaurar templos cristianos y su hijo preside una oficina estatal de Asuntos Religiosos para “ fortalecer el acompañamiento a los sectores cristianos ”.

¿La religiosidad ha cambiado por la crisis?

Aunque algunos reportes señalan que la espiritualidad de los venezolanos ha ganado fuerza debido a la crisis económica y política, Pérez Hernáiz explica que esa afirmación no cuenta con datos que la respalden.

“Siempre ha habido un sustrato de religiosidad popular muy fuerte en Venezuela”, dice. “Y lo que comúnmente se llama ‘santería’ es un abanico de espiritualidades populares que se mezclan con expresiones religiosas más formales, como el catolicismo”.

Según añade, tras revisar las cifras de afiliaciones de diversas comunidades religiosas, los académicos coinciden en que ha incrementado el número de pentecostales, pero sin datos oficiales es imposible precisar cuánto. Este incremento es consistente con el que expertos de la región y Estados Unidos han reportado en América Latina en los últimos cinco años.

Se trata del mayor percance mortal registrado en los cruces por esa peligrosa ruta en lo que va del año y en momentos en que el país centroamericano busca frenar ese incesante flujo cuyo destino es Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Fronteras indicó en un comunicado que los extranjeros fallecieron arrastrados por una gran corriente en un río. Según la información recabada, los cuerpos fueron vistos en una zona cercana a la comunidad indígena de Carreto, Darién, agregó la nota.

Una funcionaria de seguridad de Panamá al tanto de la situación que no estaba autorizada a dar su nombre dijo a The Associated Press que, según reportes en las redes sociales de migrantes, el percance se registró el 16 de julio en una área de difícil acceso y tras lo cual comenzaron a hacerse las averiguaciones.

Más de medio millón de migrantes cruzaron el Darién el año pasado y en lo que va de 2024 lo han hecho más de 212.000, en su mayoría venezolanos, según las cifras de la policía fronteriza.

En lo que va del año y sin contar los diez muertos recientes, al menos 29 migrantes han fallecido en su intento por cruzar la selva por diversas causas, de acuerdo con la policía fronteriza. El año pasado se reportaron 84 decesos.

Las autoridades no ofrecieron más detalles del suceso ni precisaron las nacionalidades de los fallecidos de inmediato. Los decesos fueron comunicados al Ministerio Público para su investigación, añadieron.

Aunque antes se ha informado de ahogamientos de migrantes al intentar cruzar ríos caudalosos de la jungla darienita, especialmente en la época lluviosa, es uno de los mayores incidentes mortales ocurrido dentro de esa zona selvática del que se tiene conocimiento, según las autoridades.

Es además la tragedia más reciente que se registra en la peligrosa ruta migratoria entre Sudamérica y Estados Unidos y tiene lugar cuando Panamá — con ayuda financiera y logística del gobierno estadounidense — ultima los detalles para poner en vigor un programa de repatriación de los migrantes que crucen por esa vía.

En febrero, el naufragio de una embarcación dejó al menos cinco muertos y un desaparecido, todos afganos, al intentar llegar a una zona costera del Caribe panameño tras zarpar del lado colombiano.

Como parte de la promesa del nuevo gobierno del presidente José Raúl Mulino de frenar la migración por el Darién, la policía fronteriza cerró con alambre varios puntos en la zona fronteriza con el fin de canalizar los cruces a través de un corredor controlado.

A pesar de esa medida, agrega el comunicado, "la delincuencia organizada transnacional a través de colaboradores locales de estas comunidades costeras del Caribe insisten en utilizar pasos no autorizados poniendo en grave riesgo la vida de estas personas".

De acuerdo con el comunicado, la policía fronteriza informó de las muertes al Ministerio Público ante la posibilidad de que los cuerpos se hayan sepultado con el fin de "encubrir" un delito de presunto tráfico de migrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes una visita de cinco días a Guatemala en la que constatará el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país”, luego de su visita en 2017, la última vez que recibió autorización del gobierno para enviar una delegación.

En una breve declaración a la prensa, Andrea Pochak, relatora para Guatemala de la CIDH, dijo que la visita estará encabezada por la presidenta de la comisión, Roberta Clarke, y que incluye también al relator de derechos económicos, Javier Palummo, y al de libertad de expresión, Pedro Vaca.

En 2023, la CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV B de su informe sobre la situación de Derechos Humanos en el hemisferio al considerar que en el país existía una violación sistemática de derechos humanos y un grave deterioro de la institucionalidad democrática. Colocó a Guatemala junto a Cuba, Venezula y Nicaragua.

Pochak explicó que la Comisión estará centrada especialmente en conocer la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, el sistema de administración de justicia y la corrupción. También agradeció al gobierno del presidente Bernardo Arévalo por mostrarse anuente a la visita “después de muchos años en los que no había autorización”. dijo.

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La última visita de la CIDH a Guatemala fue en 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020). Se realizó antes de la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de Naciones Unidas que investigaba cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.

En 2019, Morales no renovó el mandato de CICIG en el país luego de acusaciones en su contra y contra dos de sus familiares por hechos de corrupción.

Tras la salida de CICIG, comenzó la criminalización y exilio de operadores de justicia quienes denunciaron que era por haber investigado hechos de corrupción o crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) no autorizó visitas oficiales de la CIDH al país. Durante su mandato, unos 100 operadores de justicia, abogados, opositores y periodistas buscaron el exilio ante lo que denunciaron como criminalización.

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El gobierno de Bernardo Arévalo, que autorizó la llegada de la comisión, dijo a través de su secretario de comunicación, Santiago Palomo, que la visita era un hito para el gobierno y una muestra de su apertura al sistema interamericano.

La agenda de la visita de la CIDH incluye reuniones con grupos en situación vulnerable como pueblos indígenas y afrodescendientes, defensores de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, personas privadas de libertad y migrantes.

También busca conocer los avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación de crímenes del conflicto armado, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la seguridad ciudadana.

La comisión se reunirá con el gobierno, el Congreso, las cortes de justicia, el Ministerio Público y otros sectores. Se realizarán visitas a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, al norte y occidente del país, según la agenda prevista.

Se espera que al final de la visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus resultados en una conferencia de prensa.

Las lágrimas se deslizan por el rostro de Tanyia Colmenares cuando recuerda su sueño truncado de ser abogada, que terminó tras dos semestres en la facultad de derecho cuando tuvo que dejar los estudios para sobrevivir en la compleja crisis venezolana.

Aunque nunca llegó a defender a un cliente ante la corte, ha aceptado intentar defender algo mucho más grande a final de mes: la democracia venezolana.

Colmenares es una de las miles de partidarias de la oposición venezolana, normalmente fracturada, que han aceptado organizarse, movilizarse y asistir a los votantes en las esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

La principal coalición opositora cuenta con sus esfuerzos, algunos liderados por partidos y otros formados de forma espontánea, para llevar gente a las urnas a votar y disuadir a representantes del gobierno de intimidar o coaccionar a los votantes.

La falta de una autoridad electoral realmente independiente hace esa labor crucial para la capacidad de la alianza de verificar o disputar el resultado. La coalición Plataforma Unitaria confía en que la mera presencia de muchos votantes atentos ante los centros de votación neutralice algunas de las estrategias del partido en el gobierno que en el pasado les impidieron tener representantes dentro de los colegios electorales, alejados de los conteos y sin voz en caso de irregularidades.

La ciudad occidental de Sabaneta es la cuna del chavismo, el movimiento autodenominado como socialista fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez que ha dominado Venezuela desde el cambio de siglo. También es donde Colmenares ha hecho equipo con otros nueve vecinos para fomentar la participación y garantizar que los partidarios de la oposición llegan a su lugar de votación. Están preparados para organizar transporte, proporcionar apoyo si encuentran controles del partido en el gobierno y repartir agua o comida si se forman largas filas.

“Como se le haga más fácil, ya sea por las redes, que llamadas, mensajes, personalmente, lo importante es hacer el trabajo y hablar con la comunidad”, dijo este mes Colmenares, ama de casa con tres hijos, tras una reunión de un grupo vecinal.

Las elecciones de este mes son diferentes a cualquiera que haya enfrentado el partido en el gobierno desde que Chávez fue elegido presidente en 1998 y emprendió una transición en Venezuela hacia lo que describió como socialismo del siglo XXI.

Ahora liderado por el heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela es más impopular que nunca entre muchos votantes. Los bajos precios del crudo, la corrupción y la mala gestión económica del gobierno sumieron al país en una crisis que dura más de 11 años. Los jóvenes han tenido que renunciar a aspiraciones universitarias, los niños pasan hambre y millones de personas han emigrado.

Las sanciones económicas impuestas en la última década no derrocaron a Maduro, como esperaban Estados Unidos y otros gobiernos, pero contribuyeron al declive de Venezuela.

Durante años, los políticos opositores boicotearon elecciones que consideraban amañadas, pero esta vez superaron sus profundas diferencias para unirse tras un solo candidato. También mantuvieron ese hueco en las boletas pese a una represión constante del gobierno, que vetó a María Corina Machado, la aspirante que planteaba un desafío mayor para la campaña de Maduro a un tercer mandato.

Machado, que ganó por abrumadora mayoría las primarias de la coalición en octubre, apoya ahora al candidato de reemplazo de la coalición, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Las encuestadoras estiman que hasta 13 millones de personas votarán el 28 de julio.

La oposición calcula que más de medio millón de personas se han registrado en una estructura informal de grupos vecinales apodados “comanditos”.

Los miembros del grupo, que a estas alturas ya están familiarizados con los esfuerzos del PSUV por inclinar la balanza a su favor en las jornadas electorales, cuentan con que las gasolineras no abran, los feudos de la oposición sufran apagones, la policía y personas leales a Maduro corten carreteras y que el ejército limite el acceso a los centros de votación.

Algunos grupos celebran rifas y venden hallacas, similares a tamales, para reunir fondos para imprimir material promocional para sus barrios y preparar comida para los partidarios de la oposición. Otros almacenan gasolina en casa y ofrecen sus autos o motocicletas para llevar a los votantes.

Todos han recibido instrucciones de la coalición de mantenerse ante los centros electorales después de votar para reducir el temor de los ciudadanos y de sus representantes en los colegios, que tienen entre sus deberes el de conseguir una copia de los registros de voto impresa por las máquinas de voto electrónico tras el cierre de urnas. Se sabe que grupos leales al gobierno, incluidas pandillas armadas, han intimidado a representantes en los centros de votación, conocidos como testigos, para que se queden en casa o abandonen sus tareas antes de que concluya la jornada electoral.

Las leyes electorales permiten a los partidos tener un testigo por cada puesto de voto instalado en cada centro electoral.

“Hemos acordado nosotros como comandito que después del voto, nosotros vamos a vigilar y a ser garante de los votos el 28 de julio”, explicó el organizador local Fidel Ortega durante una reunión grupal. “Primeramente Dios, vamos a defender el derecho al voto de nosotros como venezolanos. El 28 votamos, el 29 celebramos y de ahí en adelante todos ganamos”.

Ortega estima que los partidarios de la oposición han formado al menos 40 grupos vecinales en el municipio que incluye a Sabaneta, en una amplia llanura tropical de pastos.

El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, decidió habilitar 36.000 máquinas de voto. Muchos centros de votación están muy repartidos, lo que hace más difícil para la oposición vigilarlos todos. En torno a un tercio de los votantes en estos comicios están asignados a centros con apenas una o dos máquinas de voto.

En el pasado, el PSUV ha obtenido la mayor parte de sus votos en esos centros de votación más pequeños, y para estas elecciones el consejo electoral añadió 1.700 centros de una máquina. Los reportes sobre esfuerzos del gobierno por coaccionar y controlar el voto en consultas previas se han relacionado en su mayoría con esos colegios electorales de una o dos máquinas.

Aunque miles de personas se han inscrito en grupos vecinales, el temor a las represalias si se filtran los datos ha evitado que algunos partidarios de la oposición se sumen oficialmente al esfuerzo de movilización. Pero de todos modos participan en grupos de amigos, familiares y colegas con los que tienen previsto coordinarse el 28 de julio.

“Nosotros tenemos que ir con la gente para que pierdan el miedo", dijo Edgar Cuevas, profesor de secundaria y que estará en las urnas el día de las elecciones. "Antes sí nos opacaban con sus colectivos y sus cosas, pero ahora que llegan 10 colectivos, bueno nosotros somos 20”.