La crisis que asfixia hoy a Cuba no se debe a sanciones ni a un embargo petrolero, sino a un modelo económico agotado, sostenido durante décadas por la imposición política y el derroche de un sistema totalitario, afirmaron el jueves representantes de la sociedad civil cubana en un evento en Canadá.
Mientras el gobierno canadiense prepara un paquete de ayuda para paliar la crisis de combustible en Cuba, los activistas cubanos expusieron sus argumentos ante la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional del Parlamento canadiense.
En la sesión comparecieron Kirenia Carbonell, en nombre de la Cuban-Canadian Coalition; la historiadora y activista cubana exiliada en Madrid, Carolina Barrero Ferrer, de la organización Ciudadanía y Libertad; el abogado Yaxys Cires, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos; y John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba.
Sus presentaciones respondieron directamente a los argumentos del embajador de Cuba en Canadá, Rodrigo Malmierca Díaz, quien en días pasados atribuyó la actual crisis al cerco sobre la importación de petróleo tras la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, el pasado 29 de enero.
El diplomático cubano, mientras pedía ayuda humanitaria para el régimen y negaba cualquier inestabilidad en el poder, afirmó que la Acción Presidencial de la Casa Blanca sería la causa de los apagones, escasez de alimentos y combustible, que también afecta la distribución de comida, salud y transporte.
En contraste, en esta ocasión el director ejecutivo del Center for a Free Cuba, John Suárez, fue categórico: “el gobierno cubano es un desastre excepto en dos campos en los que ha sido exitoso: la propaganda mostrándose como víctima y la represión”.
En qué consiste la ayuda canadiense a Cuba
El paquete de ayuda humanitaria canadiense para Cuba, de unos 8 millones de dólares canadienses (aproximadamente 6,7 millones de dólares estadounidenses), se destinará al envío de alimentos y apoyo nutricional para la población más vulnerable.
El gobierno de Ottawa justifica la medida como respuesta al agravamiento de la crisis energética y la escasez vinculada a la falta de combustible, y planea canalizar esos fondos a través de organismos internacionales, en particular agencias de Naciones Unidas, con la intención de que lleguen directamente al pueblo y no queden en manos del Estado cubano.
La respuesta de los activistas cubanos fue contundente. Insistieron en que la asistencia debe llegar directamente a la población y no pasar por el aparato estatal, y propusieron canalizar la ayuda a través de organizaciones independientes, como la Iglesia católica, Cáritas y otros grupos de la sociedad civil.
Advirtieron que incluso cuando los recursos se envían mediante agencias de la ONU, terminan siendo distribuidos usando estructuras del gobierno cubano, lo que en la práctica beneficia al régimen y no a la población en general.
Una crisis producto del sistema
Los activistas insistieron en que el colapso actual no es coyuntural, sino el resultado acumulado de una política económica centralizada que prioriza la supervivencia del régimen por encima del bienestar de la nación.
En la presentación ante el comité parlametario, coincidieron en que Cuba no llegó a la situación actual por falta de recursos: durante décadas recibió subsidios de la Unión Soviética y, más tarde, de Venezuela, además de importantes ingresos del turismo y de la exportación de servicios médicos a otros países.
Sin embargo, el deterioro estructural es visible en todos los sectores, con infraestructuras en ruinas y un país donde reinan la escasez y el desabastecimiento.
Mientras los cubanos soportan largos apagones y hacen colas para conseguir alimentos básicos, el gobierno concentra sus recursos en la construcción de hoteles que permanecen en gran parte vacíos.
Estos proyectos son administrados por conglomerados militares como GAESA, que manejan buena parte de la economía nacional, orientados al enriquecimiento de la cúpula y no a satisfacer las necesidades de la población.
El otro gran pilar económico del régimen es la exportación de médicos, que funciona bajo la misma lógica. Miles de profesionales cubanos trabajan en decenas de países, pero la mayor parte de sus pagos va directamente al Estado dictatorial, que puede retener hasta un 75% de los ingresos y someter a los trabajadores a un estricto control. Los testimonios de médicos exiliados describen un sistema de coerción, vigilancia y castigos para los que intenten abandonar la misión o denunciar dichos abusos.
“Es una esclavitud moderna, porque mientras los otros países pagan por esos empleados, el gobierno cubano les retiene sus pasaportes y solo les paga un porcentaje; es una forma de control de la población”, denunció Kirenia Carbonell durante su intervención.
Caso cubano pone a prueba ayuda humanitaria de Canadá
Tras el paso del huracán Melissa, Estados Unidos estableció un precedente al canalizar su ayuda humanitaria directamente hacia la sociedad civil cubana, evitando que los fondos fueran administrados por el régimen.
Parte de esa asistencia se distribuyó a través de la Iglesia católica y Cáritas, con el objetivo de llegar a los damnificados sin pasar por los mecanismos de control estatales.
Carbonell preguntó entonces: “¿por qué Canadá no puede hacer lo mismo? Hay turistas que han encontrado productos donados que se están vendiendo. ¿Por qué Canadá está sosteniendo con sus ayudas una corporación como GAESA que tiene más de 18 mil millones de dólares?”.
Para los activistas, la disyuntiva es evidente: o se respalda a la población o se subsidia al Estado que la explota.
Suárez expresó que es necesario condicionar cualquier acercamiento o ayuda estatal a avances verificables en derechos humanos (amnistía a presos políticos, fin de la represión, levantamiento de restricciones al flujo directo de ayuda a la población).
Si el objetivo real es aliviar una crisis humanitaria, la coherencia exige que la ayuda no termine alimentando el mismo sistema que la provocó. Cuba no está en crisis por falta de petróleo, sino por el exceso de control de un sistema totalitario obsoleto. Mientras sea este sistema el que defina la economía, cualquier ayuda que pase por las manos del régimen será, inevitablemente, parte del problema y no de la solución, coincidieron los participantes en el evento.
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